El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando ha anunciado que el Ejecutivo regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de España de autorizar varios contratos de cesión de derechos entre las comunidades de regantes de Estremera y La Poveda, en la Comunidad de Madrid, y 22 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).
El portavoz ha detallado los cinco argumentos jurídicos que para el Gobierno regional avalan este recurso, entre ellos una improcedencia en la cesión de derechos ya que, según ha dicho, “resulta injustificable que por un lado se diga que es necesario invertir dinero público para que el riego sea eficaz y, a su vez, argumentar que no es necesario y que se puede ceder el agua que se iba a destinar a la zona”.
El Gobierno regional considera asimismo que dicha cesión vulnera el principio de la cuenca cedente, ya que ignora la Ley del Plan Hidrológico Nacional que indica que debe garantizarse en todo momento el carácter preferente de la cuenca del Tajo, además de vulnerar también el derecho de adquisición preferente del organismo de cuenca, ya que no consta que se haya dado traslado a la Consejería de Fomento de dicha solicitud de cesión, “cercenando así la posibilidad del Gobierno para solicitarlo y velar por los intereses de la región, produciéndose una situación manifiesta de indefensión”.
Hernando también ha asegurado que se produce una omisión de la solicitud de informe o dictamen preceptivo a esta administración, pudiendo dar lugar a la anulabilidad de las actuaciones dado su carácter no convalidante, como ha ocurrido en otras tres ocasiones con sentencias favorables a la posición del Gobierno regional en el Tribunal Supremo.
El portavoz ha añadido por último que se ha incurrido en un exceso de volumen autorizado. La Ley y el Reglamento determinan los criterios cuantitativos del volumen que podría ser susceptible de cesión, siendo el volumen máximo de un total de 3,692 hectómetros cúbicos, mientras que lo realmente cedido fue de 13,260 hectómetros; es decir, cuatro veces más, pudiendo así concluir que el volumen cedido autorizado es improcedente por exceso.
Nacho Hernando ha señalado que con esta decisión “el Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a estar al lado de los intereses de esta región en materia hídrica”, y ha confiado en que se ponga fin a una actuación que no se considera ajustada a la legislación vigente y que resulta lesiva para nuestra región y en particular para los regantes de la provincia de Albacete, los más perjudicados “por este mercadeo de derechos que solamente beneficia aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo y no a los profesionales y a los agricultores”.
