La estructura económica de los servicios públicos tiene algunas singularidades destacables. Los costes fijos, como los de personal y amortizaciones, o la parte alícuota de otros costes como electricidad o conservación, suelen ser superiores a los variables. Y, sin embargo, los ingresos suelen ser mayoritariamente variables. Ello conduce a una cierta inestabilidad presupuestaria, debido a que parte de los gastos fijos se financian con ingresos variables.
Ese es el caso del abastecimiento de agua, y de ahí se derivan algunas situaciones paradójicas, como la que se da cuando se produce un ahorro en el consumo de agua: puesto que las tarifas suponen un ingreso mayoritariamente variable, si no se dan los supuestos de consumo previstos en les estudios correspondientes, se produce un desequilibrio en las cuentas pues falla una parte del ingreso variable que debe financiar los gastos fijos.[1]
En el abastecimiento de agua, los riesgos de desequilibrio son más que proporcionales, es decir, un descenso del consumo de un 1% acarrea desequilibrios económicos en general superiores al 1% de la parte variable. Ello se explica porque la estructura tarifaria por bloques fija los mayores precios en los tramos superiores de consumo, a los que se aplica un precio superior al precio medio del agua con el fin de incentivar su ahorro y uso eficiente.
El desequilibrio real depende de la mayor o menor proporción del ingreso variable y también del patrón de consumos entre los distintos sectores, ya sean domésticos residentes, no residentes, industrial, comercial o servicios públicos.
Durante la epidemia de la Covid-19 que vivimos, en la etapa de confinamiento total se ha observado un aumento comprensible de los consumos domésticos y una notable disminución de los demás segmentos, en especial los relacionados con la industria y el comercio. El consumo estacional asociado al turismo de verano, con la excepción del turismo de montaña, no se ha recuperado. La recuperación de los consumos industriales está siendo lenta, al ritmo que señala la propia actividad. La primavera lluviosa y la contención del consumo han mejorado las reservas de agua, pero el problema económico está ahí.
Si bien la facturación global se ha visto reducida, no es menos cierto que la facturación al sector doméstico ha aumentado como era de esperar, dado el mayor consumo. En algunas ciudades, durante la etapa de confinamiento se ha realizado la facturación por lectura estimada en base a los datos históricos de cada abonado. Cuando se ha recuperado la lectura real de los contadores y se han detectado los sobreconsumos, se ha podido producir el efecto contrario al que antes se ha relatado: puesto que la facturación se efectúa por tramos de consumo de precio creciente, al incluir el sobreconsumo agrupado en una sola factura, se han facturado a un precio superior consumos que normalmente corresponderían a tramos inferiores. Es decir, a la correcta sobrefacturación del exceso de consumo se ha añadido un sobrecoste por el salto de tramo.
No se han divulgado datos sobre el alcance de ese efecto, aunque algunas estimaciones sitúan el sobreconsumo doméstico entre un 10 y un 20% respecto al habitual y la sobrefacturación en un 13-15%, de manera que las cantidades cobradas de más estarían en el orden del 3 al 5%. Otra cuestión es que en las comunidades en las que hay impuestos autonómicos sobre el agua, ese efecto ha podido venir reduplicado por la tributación del agua. En Cataluña el canon autonómico es de importes muy superiores a la tarifa del agua, en especial en los tramos superiores, pero al cobrarlo con el recibo del agua, la percepción del ciudadano no distingue entre la tarifa y el impuesto.
El efecto producido ha sido involuntario, puesto que antes de la pandemia no había experiencia sobre las consecuencias de un confinamiento en el consumo de los diferentes sectores. Cuando se ha detectado, algunas ciudades han puesto en marcha mecanismos informativos y de compensación de los excesos que se han podido facturar. En otras ciudades, se han dado situaciones tensas debidas a que el gestor no ha aceptado el reconocimiento del problema.
Pero el consumo general ha disminuido, y la consecuencia más frecuente del descenso de consumo acaba siendo, a la corta o a la larga, una revisión al alza de las tarifas. O en otros supuestos, la descapitalización del servicio, pues se resienten las partidas a las que se atribuye menos apariencia de necesidad, como las amortizaciones.
Por otra parte, y como problema añadido, se ha observado un incremento de la morosidad. En este capítulo debe distinguirse entre quien no puede pagar, pues ha sido golpeado por la crisis económica y quien, pudiendo, simplemente no paga. En el primer caso, urge adoptar medidas protectoras para garantizar mecanismos económicos alternativos que garanticen el ejercicio del derecho al agua sin poner en riesgo el equilibrio económico del servicio. En el segundo, hay que extremar las medidas de vigilancia para evitar abusos. Tampoco hay que pensar que la viabilidad de un negocio depende del recibo del agua y convertir el agua en piedra de toque de la justicia social.
El efecto global de la pandemia sobre las cuentas del agua va a ser, probablemente, un replanteo del sistema de costes, incentivos y tarifas. En efecto, más allá del recurso al aumento de tarifas, hay mucho trabajo que hacer en el sistema de costes. Por ejemplo: ¿qué sentido tiene vincular el beneficio industrial a un porcentaje de los costes de explotación? Obviamente, eso es un incentivo al gasto. ¿Qué sentido tiene que las obras las efectúe el mismo concesionario sin licitación previa o sin un sistema de precios unitarios de referencia? En los largos períodos de una concesión, eso favorece el monopolio privado y dificulta la transparencia de la gestión.
El replanteo, en definitiva, exige centrar la atención en el control del gasto, en especial en los servicios poco controlados o aquellos que se muestran más opacos. Y sólo después, proponer, si es necesaria, la revisión de las tarifas.
[1] Las paradojas del agua. Joan Gaya. iAgua, 18/7/2016
