Son muy pocos los gobiernos en el Perú que han asumido la gestión del agua como prioridad nacional. En el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García, en el 2008, se creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Un año después, se expide la Ley 29338 de Recursos Hídricos, marco normativo que tendrá un impacto positivo en la administración de las fuentes naturales hídricas.
En el 2011, el presidente Ollanta Humala muestra igualmente su interés por el agua y convoca al Acuerdo Nacional, aprobando la Política de Estado 33 de Recursos Hídricos, que establece el derecho humano al agua, la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, eficienciar la gobernabilidad hídrica respetando a los ecosistemas y sus servicios ambientales considerando el cambio climático, priorizar la gestión de controversias y conflictos por el agua, subrayando la importancia de la autonomía e independencia de la ANA para bien de los planes de desarrollo concertado nacional.
Es así, que la Ana, durante ese período impulsa su labor, fortaleciendo su autonomía, descentralizando su servicio, posicionando la institución, mejorando la situación de los servidores, captando mayores recursos con una nueva escala de retribución económica y capaz de construir gobernanza hídrica.
En el 2016, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, promete mejorar la gestión del agua, cuidar el recurso, no desperdiciarlo en el mar y preservar los bosques. Existe expectativa de que la ANA pase al Minam, que la jefatura y sus políticas tengan una estabilidad de cinco años, como sucede con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Se espera un mayor interés de la inversión privada, pero las buenas intenciones sucumben ante la pronta vacancia del jefe de Estado.
Hoy, 14 años después de promulgarse la Ley de Recursos Hídricos, es necesario que el actual gobierno del presidente Pedro Castillo, en el marco de la segunda revolución agraria, conducida por el Ministro de Desarrollo y Riego, Víctor Mayta, modernice las normas del sector y proceda a reorientar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, así como iniciar una reingeniería en la ANA y demás organismos del sector, acorde a los nuevos desafíos del siglo XXI y poder así cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030.
Es imprescindible que la ANA sea fortalecida económica y financieramente, contar con una organización dinámica, moderna, ambientalista, con servicio público eficiente, digitalizado, desburocratizado y descentralizado; cero informalidad de los usuarios; oportuna prevención de los conflictos sociales; promoción de la inversión privada, especialmente en infraestructura natural; investigación y rescate del conocimiento ancestral; delimitación de las fajas marginales; intangibilidad de las cabeceras de cuenca más importantes; alto a la contaminación minera formal e informal; resiliencia ante los efectos del cambio climático, en fin, ¡hay tanto que hacer!
