Por: Fernando López Vera, Presidente de la Fundación Española del Agua Subterránea
Haciendo de la necesidad virtud, España ha sabido dotarse en cada momento de las instituciones y de los medios necesarios para resolver sus problemas –a veces graves- de disponibilidad de agua. Por ello creemos que, debido a los profundos cambios de todo tipo que nuestra sociedad ha tenido en las últimas décadas, es necesario revisar nuestra política de aguas, y hacerlo sobre la base de un gran acuerdo político y social.
Razones para ello no faltan, entre ellas, y destacadamente, las siguientes. Se deben de acomodar adecuadamente nuestras administraciones hidráulicas al Estado de las Autonomías, de forma que se garantice el principio imprescindible de la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y, al mismo tiempo, se armonice la compleja distribución de competencias entre las administraciones estatal y autonómicas. Es necesario dar respuesta, en consonancia con la Directiva Marco del Agua y otras directivas comunitarias, a los requerimientos más estratégicos que actualmente plantea la gestión del agua, como son acabar con la sobreexplotación y contaminación y proteger los ecosistemas hídricos sin por ello poner en riesgo la seguridad del abastecimiento en cantidad y calidad o las demandas hídricas de la agricultura, la industria, el turismo o la energía. Menos todavía hemos logrado la sostenibilidad económica en la gestión del agua.
Se hace imperativo la aprobación de una adaptación de la Ley de Aguas que satisfaga las necesidades actuales de nuestra sociedad, de acuerdo con el estado actual del conocimiento científico y técnico.
En definitiva, nuestra legislación, nuestras administraciones y nuestras políticas de agua han quedado obsoletas a lo largo de los años y requieren una profunda renovación, sólo posible gracias a un gran acuerdo político que aporte cooperación y sostenibilidad. Esta situación lastra la recuperación económica del país y la generación de empleo.
En las últimas décadas cada cambio de gobierno ha supuesto un cambio de rumbo, de estrategia y prioridades en la política del agua, con altos costos económicos y sociales. La insostenibilidad de esta situación está en la conciencia de toda la sociedad así como la necesidad de un acuerdo lo más amplio posible que asegure la estabilidad en las políticas básicas de aguas. Acuerdo que esta desde hace tiempo en el ideario y aún en los programas políticos de todos los partidos sin que se llegue a concretar en un pacto de estado, que no será viable sin la participación de todos, partidos políticos y organizaciones sociales.
Este Pacto de Estado, en el que todos parecen estar de acuerdo no puede llevarse a efecto por la inercia partidista, la única solución para romper esta inercia y el circulo vicioso en el que nos encontramos es una decidida actuación de la Sociedad Civil, asociaciones profesiones, empresariales, ONG´s y fundaciones del sector que demanden a los poderes políticos, sin más demora la firma de este acuerdo.
