El agua en España se encarece: el reto de la recuperación de costes
El aumento de tarifas del agua en España en 2024 refleja la necesidad de adaptarse a la inflación, combatir la sequía y compensar el déficit de inversión. Estas actualizaciones buscan la recuperación de costes, destacando la importancia de garantizar la sostenibilidad del servicio y cumplir con los principios europeos.
Que el agua tenga la consideración de bien público no hace que esté exenta de gastos, tanto para quienes la gestionan como para quienes la disfrutan. La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), que garantiza el suministro en cantidad y calidad suficiente a la población, conlleva una serie de costes asociados a los procesos de captación, almacenamiento, tratamiento, distribución, vigilancia, seguimiento y control que no siempre se perciben y que, en parte, repercuten en el usuario a través de la tarifa. Esto hace que abrir un grifo y recibir agua potable sea, en sí mismo, un simple acto lleno de complejidad que conecta al usuario con una red de infraestructuras cuidadosamente gestionadas por los operadores de agua.
El carácter transversal del agua la convierte en un aspecto principal para el progreso económico, el desarrollo social y la conservación del medioambiente. En el tejido normativo de España, el agua ocupa un lugar relevante al ser reconocida implícitamente como un bien de dominio público por la Constitución Española de 1978. Si bien el texto no lo consigna explícitamente como un derecho fundamental, su vinculación con valores esenciales como la salud, el medioambiente y una vivienda digna resalta su trascendental importancia en el contexto constitucional.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece «la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución». O lo que es lo mismo, su titularidad es ejercida siempre por la Administración Pública y el acceso al agua está regulado por una Ley que determina qué usos son de libre acceso y cuáles deben obtener algún tipo de autorización o licencia. Sin embargo, a pesar de esta titularidad estatal, la gestión del agua ha experimentado en España una tendencia hacia la descentralización, confiando las decisiones sobre su uso a las comunidades autónomas y a las confederaciones hidrográficas. Esto se manifiesta de manera concreta en la esfera urbana, donde los ayuntamientos tienen la competencia para gestionar el recurso hídrico, optando por modelos de gestión pública, privada o mixta.
Que el agua tenga la consideración de bien público no hace que esté exenta de costes, tanto para quienes la gestionan como para quienes la disfrutan
En el ámbito de la gestión del agua urbana, incluyendo la formulación de políticas tarifarias, la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, establece que esta es una competencia de las entidades locales. Según Enrique Hernández Moreno, director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA): «El agua urbana es una competencia municipal, lo que significa que cada municipio, independientemente de su modelo de gestión, tiene la autonomía para fijar los precios que considere más apropiados. Naturalmente, esta situación genera una notable disparidad en las tarifas», añade Hernández Moreno.
La estructura tarifaria en España
La gestión y administración del agua en España se rige por principios establecidos en la legislación europea y española, siendo la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua (DMA) la guía principal. En su artículo 9, la DMA destaca el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, que abarcan inversiones, amortizaciones, aspectos medioambientales, mantenimiento, explotación y gestión; y, además, tiene en cuenta el principio de ‘quien contamina paga’.
En otras palabras, los estados miembros deben asegurar la implementación de una política de precios del agua que incentive su uso eficiente y garantice una contribución suficiente para cubrir completamente los costes —operativos, comerciales y financieros— de los servicios relacionados con el agua. En Europa, aunque la estructura tarifaria difiere de un país a otro, la modalidad más común es la tarifa binómica —también en España—, que consta de un componente fijo y otro variable según el consumo, en la que suele aplicarse un sistema de bloques. También suelen existir descuentos para grupos vulnerables, como familias de bajos ingresos, jubilados y otros colectivos.
El carácter transversal del agua la hace esencial para el progreso económico, el desarrollo social y la conservación del medioambiente
Si bien las tarifas del agua contribuyen a recuperar los costes en casi toda Europa, según EurEau, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua, en algunos países aún es necesario financiar parte de los costes mediante una combinación de tarifas, transferencias e impuestos. España, en comparación con otros países europeos, presenta tarifas de agua urbana significativamente bajas, situándose un 45% por debajo de la media europea, lo que plantea dudas sobre si se está cumpliendo adecuadamente el principio de 'quien contamina paga', según Pascual Fernández, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
La gestión y administración del agua en España se rige por principios establecidos en la legislación europea y española
El Estudio de Tarifas 2022 (AEAS-AGA) revela que las tarifas en España no cubren de manera adecuada los costes de los servicios, como lo establece la Directiva Marco del Agua (DMA). El director general de AGA, Enrique Hernández Moreno, señala que esto no justifica que haya que subir las tarifas para homologarnos al resto de países, sino que hay que explicar que en España las tarifas no recuperan todos los costes. El precio medio del agua para uso doméstico en España es de 1,97 €/m³ (sin IVA), distribuido en 1,09 €/m³ (55%) para el servicio de abastecimiento y 0,88 €/m³ (45%) para el servicio de saneamiento. Según Pascual Fernández, esta tarifa solo cubre, en ocasiones, los gastos operativos, pero no aborda los costes asociados a infraestructuras, como amortización, renovación y mejoras para garantizar la calidad del agua y del servicio.
Ambas entidades destacan que superar el importante déficit de inversión y abordar el envejecimiento de las infraestructuras son los principales desafíos del sector del agua urbana en España. «Una tarifa eficiente tiene que cubrir adecuadamente todos los costes de gestión y provisión del recurso, incluidos de manera específica las amortizaciones de las infraestructuras, y debe cumplir la normativa europea y española, en especial los principios de ‘recuperación de costes’, de ‘quien contamina paga’ y de ‘adecuada contribución del usuario», subraya el presidente de AEAS.
En España, se evidencia una notoria disparidad en los costes del agua entre distintas ciudades. Un ejemplo revelador es el último análisis de precios llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde se destacan notables diferencias tanto en el componente fijo como en el variable, este último estipulado para un consumo medio de 175 m3, típico de un hogar con tres o cuatro personas. Los contrastes son significativos: mientras que los residentes de Guadalajara abonan 164 € por este consumo, en Barcelona la factura asciende a 520 €, más del triple. Asimismo, en ciudades como Murcia, Alicante, Palma, Huelva, Lérida, Tarragona y Cádiz, las facturas superan los 400 € anuales.
En Europa, la modalidad más común es la tarifa binómica, que consta de un componente fijo y otro variable según el consumo
Estas disparidades subrayan la marcada variabilidad en los costes del agua a nivel local, planteando interrogantes sobre las razones detrás de ello. Si bien existen razones legítimas, como las diferencias naturales en la fuente y calidad del agua, las economías de escala en áreas metropolitanas, la densidad poblacional, y las características geográficas y topográficas, estas no justifican completamente las variaciones en los precios pagados por los ciudadanos. La razón principal radica en la falta de una regla estructurada para los costes, lo que resulta en una falta de transparencia en la revelación de los mismos —principalmente debido a déficits de inversión—, que permite que las decisiones políticas ejerzan una influencia significativa en la determinación de los precios.
El precio del agua en España sube en 2024
«El precio del agua, su coste de suministro y su valor no son sinónimos; el precio es simplemente una herramienta para alinear el uso del agua con sus valores», dice el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021, el Valor del Agua. En este sentido, la tarifa es algo más que un instrumento para cubrir los costes; se trata de un elemento esencial en la política de inversiones para mantener el servicio o, mejor aún, modernizarlo para que sea más eficiente y sostenible.
Según el estudio de AEAS-AGA, a pesar de que España enfrenta una escasez significativa de recursos hídricos en comparación con otros países europeos, la carga económica de la factura del agua para las familias es, en promedio, inferior al 0,7%. Esto está muy por debajo del 3% establecido por la ONU como el límite para garantizar la asequibilidad del Derecho Humano al Agua en términos de abastecimiento. Nuestro esfuerzo, expresado como la relación entre lo que se paga y los ingresos familiares, se encuentra un 29% por debajo de la media europea para el agua. En contraste, para la electricidad y la telefonía, estamos un 23% y un 25% por encima de la media europea, respectivamente.
España, en comparación con otros países europeos, presenta tarifas de agua urbana significativamente bajas; un 45% por debajo de la media
La falta de recuperación de costes en España impacta negativamente en la sostenibilidad de los servicios, y si deseamos preservar un servicio esencial, todos debemos arrimar el hombro. Desde la perspectiva del ciudadano, esto se traduce en un aumento en las tarifas que no resulta agradable. En líneas generales, entre 2010 y 2019, pocos sistemas experimentaron incrementos en las tarifas del agua urbana, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un aumento moderado —12% acumulado en diez años—. Sin embargo, en los últimos tres años, se ha observado un aumento del 13%, explica Pascual Fernández, que el sector del agua ha asumido sin que repercutiera en la factura hasta ahora. El incremento en los costes es evidente, y su reflejo en las tarifas va a ser más pronunciado en aquellos lugares donde el déficit acumulado en estos años sea más significativo. «Es importante tener en cuenta que estos aumentos deben ser contextualizados por las circunstancias particulares de cada sistema. Algunos pueden haberse visto más afectados por costes energéticos, como el uso masivo de bombeos, o por condiciones climáticas adversas, como la sequía, que podría haber requerido la construcción de infraestructuras alternativas para garantizar el abastecimiento».
La situación va a cambiar a partir del 1 de enero de 2024. Durante el último trimestre de 2023, varios ayuntamientos españoles anunciaron aumentos en las tarifas del agua. Este ajuste no solo responde a la necesidad de adaptar los precios al aumento de la inflación, sino también a la urgencia de hacer frente a la persistente sequía y compensar el déficit de inversión en infraestructuras. Es importante señalar que, en todos los casos, también se anunció que la actualización tarifaria permitirá aprobar el aumento de bonificaciones para familias vulnerables.
En el mes octubre, el Consejo de Administración del Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) aprobó una revisión tarifaria para un incremento del 33%, tras su congelación en 2017, que afectará de forma diferente a los distintos municipios. Este aumento responde al incremento de «costes clave» para el ciclo del agua, como es el caso de la energía y la sequía, ante lo que la Generalitat ha argumentado que la ATL necesita poder garantizar el servicio de abastecimiento de agua y los costes derivados. Es relevante destacar, además, que Cataluña enfrenta actualmente una situación de «preemergencia por sequía».
El Estudio de Tarifas 2022 (AEAS-AGA) revela que las tarifas en España no cubren de manera adecuada los costos de los servicios
En Santa Cruz de Bezana, Cantabria, se anticipa un aumento del 5,9% en la tarifa del agua debido a la falta de actualización conforme al comportamiento del IPC desde 2014. La alcaldesa, Carmen Pérez Tejedor, explicó que esta subida está vinculada a un contrato firmado por el equipo de gobierno anterior.
En Zaragoza, se proyecta un incremento del 8,5% en el recibo del agua para 2024 debido al encarecimiento del coste de la energía. Esto obligará al Ayuntamiento a asumir un gasto adicional de 2,3 M€, según la concejala de Hacienda, Blanca Solans. Esta variación afectará principalmente a la cuota variable del recibo, con el objetivo de fomentar el uso eficiente y el ahorro del agua.
En el sur, Emasesa aprobó un aumento «modulado» del agua en los doce municipios de Sevilla, que varía entre un 15% y un 18% según si el consumo doméstico es eficiente o normal. Este ajuste se repartirá en 2024 y 2025 y resultará en incrementos mensuales de 1,15 € y 1,85 € para consumidores eficientes y normales, respectivamente. «La situación es crítica por la sequía y complicada por el déficit de Emasesa. No son medidas sencillas pero sí necesarias», expuso Juan De la Rosa, delegado de Urbanismo con competencias en Emasesa.
En Málaga, después de ocho años con tarifas congeladas, el incremento medio en la factura será del 32,8% para 2024, justificada para hacer frente a la subida de los costes y la integración de un canon específico para financiar las inversiones en infraestructuras. Esto supone un incremento de 4,79 € al mes. La subida no se quedará ahí, sino que en el segundo año de aplicación (mediados de 2025) se subiría unos 0,36 € más al mes; otros 0,36 en 2026; 0,48 adicionales en 2027 y otros 0,48 en 2028.
Superar el déficit de inversión y el envejecimiento d e las infraestructuras son los principales desafíos del sector del agua urbana en España
Dos casos particulares son los de Valencia y Toledo, que responden a polémicas administrativas y judiciales. Por un lado, el Ayuntamiento de Valencia comunicó en septiembre un aumento en la factura del agua debido al pago del canon de saneamiento autonómico, que fue aplazado desde agosto de 2022 hasta julio de 2023 por el Gobierno anterior de Ximo Puig. Como consecuencia de este aplazamiento, los usuarios deberán abonar ahora tanto la cantidad aplazada como la devolución de los importes no pagados durante el último año hasta el 31 de enero de 2025. Según elEconomista, la cantidad aplazada supondrá un aumento de casi 20 euros al mes en las facturas del agua.
En Toledo, el Ayuntamiento anunció un aumento del recibo de agua en cumplimiento de una sentencia judicial relacionada con la falta de actualización de tarifas por el equipo de Gobierno anterior. Para el consumidor tipo, representativo del 80% de la población, se espera un aumento de 8,8 euros al bimestre en el total de la factura, pasando de 28,23 euros a 37,02 euros (IVA incluido), es decir, un incremento del 31,4%.
Las tarifas son mecanismos cruciales para asignar la adecuada contribución de los usuarios a la recuperación de los costes del servicio. La ciudadanía a menudo no es consciente de la complejidad y tecnificación necesarias para llevar el agua al grifo y devolver el agua usada al cauce público con la calidad natural. Además, el sector del agua, ya al límite, destaca la necesidad de actualizar las tarifas para garantizar una gestión sostenible del recurso. Desde AEAS, se reclama la implementación de «una estructura de costes y tarifaria clara y transparente que refleje el valor real del agua y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las inversiones necesarias». El sector del agua trabaja incansablemente con un compromiso social y ambiental para garantizar que, con un giro de muñeca, la pureza y la seguridad que representa el agua lleguen directamente a nuestros hogares a través del grifo.