A pesar de que el foco principal de la sequía en España se concentre en Cataluña y Andalucía, la crisis hídrica en Canarias también ha alcanzado proporciones alarmantes que han llevado a impulsar una serie de acciones coordinadas entre el gobierno regional y las autoridades locales para paliar esta emergencia en el archipiélago y, especialmente, su impacto en la agricultura.
En Tenerife, la Junta General del Consejo Insular de Aguas declaró la emergencia hídrica el pasado 1 de marzo, una decisión que permite agilizar obras fundamentales para aliviar esta situación, como la instalación de desaladoras portátiles en Fonsalía (Guía de Isora), Mesa del Mar (Tacoronte), Valle de Güímar, Valle de La Orotava y Granadilla, zonas estratégicas para apoyar al sector primario de la isla. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, declaró que “estamos ante uno de los inviernos más secos de la historia reciente y asegurar el agua para el abastecimiento ciudadano y para el campo tinerfeño es un asunto capital que no tiene color político”, haciendo un llamamiento a la unidad entre administraciones.
Además, 34 actuaciones fueron aprobadas por la vía de emergencia, en una moción que también incluyó el acuerdo para la creación de la Mesa Insular de la Sequía, conformada por representantes de todos los partidos políticos que tienen representación en la corporación insular. Las actuaciones aprobadas en este marco están orientadas a garantizar el abastecimiento para la sostenibilidad de la producción agrícola y la preservación de los usos domésticos y sanitarios.
Mientras tanto, en la isla de Gran Canaria, la situación hídrica está controlada y se dispone de recursos para toda la temporada de riego, según el presidente del Cabildo, Antonio Morales. No obstante, aunque algunos embalses muestran un ligero repunte en sus niveles, otros apenas alcanzan un 5% de almacenamiento y Gran Canaria avanza en un 80% hacia la desertización, un creciente escenario de escasez que se viene gestando desde hace una década.
En este sentido, Morales ha puesto de relieve dos importantes proyectos: la ampliación de la planta desaladora de Arucas Moya, con una inversión de 20 millones de euros, y las obras de incremento de la capacidad del terciario de Barranco Seco, con un coste de 15 millones de euros, entre otras actuaciones.
Unidad y coordinación institucional para hacer frente a la sequía en todo el archipiélago
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la urgente necesidad de involucrar al Estado en la resolución de esta crisis, proponiendo incluso la flexibilización de la regla de gasto para canalizar inversiones hacia soluciones críticas antes del verano. La sequía, según Clavijo, representa una amenaza inminente tanto para la población como para el sector agrícola, subrayando la importancia de negociar un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado para financiar proyectos vitales relacionados con la desalación y la mejora de redes.
Por su parte, Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, presentó propuestas concretas durante una sesión parlamentaria, en la que llegó a plantear la necesidad de modificar la Ley de Aguas de Canarias para adaptarla a la realidad del recurso hídrico en la región. El consejero declaró que todas estas medidas serán discutidas en la Mesa de la Sequía, que cuenta con la participación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los Cabildos, las principales organizaciones agrarias y los representantes de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara.
Además de las acciones legislativas, se ha anunciado una inversión conjunta entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central de más de 70 millones de euros destinados al sector agrícola hasta 2027, una actuación que busca fortalecer la capacidad de adaptación del sector agrícola ante la escasez de agua y promover prácticas sostenibles de gestión del recurso hídrico.
