España es un país definido por el agua. Nuestra historia económica, agrícola, energética y territorial no se entiende sin el sistema de presas y embalses que, desde hace más de un siglo, ha permitido regular un recurso tan escaso como irregular. Hoy contamos con una de las redes de presas más extensas de Europa, pieza esencial para el abastecimiento urbano, el regadío, la producción hidroeléctrica y, cada vez con mayor relevancia, la laminación de avenidas en episodios extremos.
Sin embargo, tras esa fortaleza estructural se esconde una realidad preocupante: el progresivo deterioro de las condiciones en las que se desarrolla la explotación y conservación de estas infraestructuras estratégicas.
Las borrascas que han azotado la península en las últimas semanas han vuelto a demostrar la importancia crítica de las presas en la gestión de avenidas. Durante días, los equipos de Explotación han trabajado de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de las infraestructuras y minimizar los daños aguas abajo. Su labor —técnicamente compleja y socialmente decisiva— ha permitido amortiguar los efectos de precipitaciones extraordinarias en numerosos territorios.
Ese esfuerzo, sin embargo, contrasta con la precariedad estructural que padecen los servicios encargados de la explotación. Falta de reposición de efectivos, envejecimiento acusado de las plantillas, escasez de medios materiales y ausencia de un reconocimiento profesional acorde con la responsabilidad que asumen forman parte del día a día de quienes gestionan una infraestructura crítica para el país.
Hace ya veinte días que desde nuestra Asociación trasladamos formalmente al Ministerio competente la preocupación existente entre nuestros compañeros —funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado— ante la falta de mantenimiento estructural del sistema y la insuficiente dotación de personal en las áreas de explotación. A día de hoy, no se ha recibido respuesta.
El silencio institucional resulta difícil de comprender en un contexto de mayor irregularidad hidrológica y aumento de episodios extremos. España no puede permitirse el debilitamiento continuado de la gobernanza técnica de sus presas. La seguridad de estas infraestructuras no depende únicamente del hormigón o del acero; depende, sobre todo, del conocimiento acumulado, la experiencia operativa y la toma de decisiones cualificada en tiempo real. Sin una política decidida de atracción y retención de talento técnico en la Administración hidráulica, ese capital humano corre el riesgo de erosionarse de forma irreversible.
Conviene subrayarlo con claridad: los profesionales que hoy sostienen el sistema lo hacen con una abnegación, generosidad y un sentido del deber ejemplares. Han afrontado episodios meteorológicos adversos con jornadas prolongadas, elevada presión técnica y recursos limitados. Su compromiso con el interés general está fuera de toda duda.
Pero la vocación no puede sustituir indefinidamente a la planificación.
Reforzar la explotación de presas no es una cuestión corporativa, sino de seguridad pública, resiliencia territorial y responsabilidad intergeneracional. Invertir en mantenimiento, modernización y personal no es un gasto: es una garantía frente a riesgos que, lejos de disminuir, aumentarán en frecuencia e intensidad.
España dispone de un sistema de presas robusto. Lo que necesita ahora es una política igualmente sólida que asegure su correcta gestión en el largo plazo. La inacción no es una opción cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de ciudadanos.