En el mundo real, muchos de los problemas económicos, sociales y políticos se asemejan a los juegos, donde los resultados dependen de las decisiones que toman determinados agentes concretos (jugadores) actuando conforme a estrategias que tienen en cuenta la influencia conjunta de las decisiones propias y ajenas.
El ejemplo que sigue, inspirado en el formulado por K. Madani (2010), reproduce el Dilema del Prisionero (A. W. Tucker, 1950), un juego que sirve de modelo para muchos de los conflictos del agua y de los recursos naturales (Carraro et al, 2005).
Ell interés privado no conduce necesariamente al interés general
Un sistema de riego abastece a dos regantes (1 y 2) que cultivan la misma cantidad de tierra en dos fincas vecinas de idénticas características. Cada uno de ellos puede elegir entre dos niveles de dotación de agua (Alta o Baja). El sistema sólo garantiza la plena satisfacción de la demanda en el caso de que los dos regantes elijan la dotación “Baja”; en tal caso la expectativa de beneficio es la misma para ambos (350 €/ha). Si uno elige dotación “Alta” y el otro “Baja”, el sistema no garantiza que pueda satisfacer toda la demanda de agua pero quien cuente con la dotación “Alta” podrá obtener 450 €/ha de beneficio mientras que el que cuente con la “Baja” verá reducido el suyo a 150 €/ha. Si ambos elijen la dotación “Alta”, los dos se quedan sin regar y sin beneficio. La tabla que se acompaña resume las distintas opciones posibles con el beneficio económico individual y conjunto.
Los regantes no se hablan entre sí y tampoco hay no hay modo de que puedan influirse mutuamente. El sistema tampoco permite conocer lo que decide cada uno antes de una determinada fecha tope en la que la elección resulta definitiva y no hay modo de cambiarla. Antes de dicha fecha cualquiera de los dos regantes puede cambiar su opción sin penalización alguna.
El regante 1 razonará que si su elección es “Alta” se arriesga a no ganar nada por lo que considera la posibilidad de optar por la “Baja” y ganar 350 €/ha. Pero piensa, con razón, que su oponente hará la misma reflexión. Entonces, ¿por qué no arriesgarse a elegir la opción “Alta” y ganar 450 €/ha? Sin embargo, se teme, otra vez con razón, que su oponente llegue a la misma conclusión y ambos se queden sin beneficio. ¿Cuál es entonces la solución? Cabe que los dos piensen que lo mejor sería elegir la opción “Baja” y asegurar los 350 €/ha. Sin embargo, ambos sienten la tentación de arriesgarse y lograr 450 €/ha.
Desde el punto de vista de la economía convencional, cualquier solución, salvo la de no regar ninguno de los dos, es eficiente en el sentido de W. Pareto (1848-1923) ya que ninguno puede mejorar sin perjudicar al otro. Ahí radica el dilema. Un dilema sin solución atendiendo a la maximización del beneficio exclusivamente individual (450 €/ha) pero que se resuelve con claridad si se atiende al interés conjunto. Basta fijar la preferencia en maximizar la suma del beneficio de los dos regantes (700 €/ha) para ver que sólo hay una forma de lograrlo: cuando los dos regantes elijen la opción “Baja”.
Pero que ambos regantes no se hablen y sean vecinos no impide que se espíen ni que vigilen mutuamente las acciones que llevan a cabo, que en la realidad son difíciles de ocultar completamente. Obviamente, en este proceso cada uno tratará de engañar al otro. Pero al pretender cada uno dar a entender al otro lo contrario de lo que pretende hacer el dilema se agrava todavía más. Ante dicho agravamiento y con tal de no resultar perdedor uno (150 €/ha) frente al otro (450 €/ha), cabe la posibilidad de que ambos opten por seguir finalmente la misma estrategia de “todo o nada” (450 €/ha ó 0 €/ha) asumiendo ambos el riesgo de no regar que, como se ha dicho, es la única solución ineficiente.
La asignación eficiente del agua exige instituciones más complejas, avanzadas y descentralizadas que las que rigen el libre y simple juego de la oferta y la demanda
Permitir que hablen y negocien entre sí los dos regantes no soluciona necesariamente el dilema puesto que cualquiera de los dos podría negarse a hacerlo. No bastará tampoco con animarles a dialogar sino que se necesitarán incentivos adicionales. Por un lado para que valoren como tal el óptimo conjunto. Por otro, para asegurar que el acuerdo deseable, en caso de que lo alcancen, se respete. Porque podría ocurrir que alcanzado el acuerdo deseable del máximo beneficio conjunto (700 €/ha) uno de los dos, inmediatamente antes de la fecha tope establecida, cambiara su decisión, traicionando al otro, para aumentar su beneficio de 350 €/ha a 450 €/ha.
Que exista la posibilidad de traicionarse mutuamente hace que la solución del óptimo conjunto, siendo eficiente no sea estable (Nash, J., 1949) siendo necesarias, por tanto, reglas adicionales que lo estabilicen. Por ejemplo, haciendo que la fecha (y hora) tope para hacer efectiva formalmente la petición de la dotación de agua ante el sistema quede automáticamente modificada haciéndola coincidir con la de la firma del acuerdo. También, introduciendo una elevada penalización en caso incumplimiento.
El cambio de las reglas de juego e introducción de incentivos eficaces para promover la cooperación y el acuerdo estable en función el interés colectivo representa la innovación necesaria para establecer o perfeccionar las instituciones específicas que, como alternativa o complemento a las existentes, orienten la gestión del agua a la consecución de óptimos colectivos estables.
Porque el ejemplo expuesto muestra que el interés privado no conduce necesariamente al interés general y que, por tanto, la asignación eficiente del agua, así como la de otros recursos, exigen instituciones más complejas, avanzadas y descentralizadas que las que rigen el libre y simple juego de la oferta y la demanda.
España acredita un rico patrimonio institucional en materia de agua. Es el caso de los Tribunales de Aguas, los Sindicatos de Riegos y las Comunidades de Regantes que, constituidas por los propios usuarios, reparten el agua y resuelven conflictos. Unas instituciones en las que la innovación resulta imprescindible para perfeccionarlas y adaptarlas a los retos del siglo XXI.
