Desde la consolidación de la Revolución Industrial el ámbito de las ahora denominadas Cuencas Internas de Cataluña (CIC) ha resultado ser un territorio en equilibrio hidrológico precario con crisis coyunturales en los procesos de sequía. Esta es una situación que empieza a hacerse mas recurrente con el desarrollo de la industria hidroeléctrica y se agudiza a partir de los años 50 del pasado siglo debido al crecimiento del proceso de industrialización y los cambios demográficos derivados, mucho mas acusados en el área de Barcelona.
Recurrir al trasvase del Ródano sin explorar soluciones y sin buscar consensos políticos significaría el fracaso de nuestra capacidad para gestionar los recursos hídricos propios
Este escenario hace necesario el plantear actuaciones con vistas a mejorar la situación existente de un abastecimiento que se realizaba a partir de caudales del Llobregat, Besós y los aportados por pozos que explotaban acuíferos locales. Se plantean dos estrategias distintas: las denominadas: “Plan Cataluña”, con una visión integradora de todo el territorio [1] y “Plan de la Confederación del Pirineo Oriental”, basado en el desarrollo de los recursos internos. Este segundo, que es el que finalmente se llevó a cabo, comprende el incremento de regulación de los ríos Llobregat y Ter y la aportación de sus caudales al abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a los que deberían añadírseles caudales del Bajo Ebro [2] .
Este primer trasvase del Ebro a Cataluña, planteaba la transferencia de hasta 1000 hm3 para atender preferentemente demandas urbanas e industriales del AMB, del Polo Industrial de Tarragona, y de la Costa Dorada, lo que constituye una inflexión en los objetivos tradicionales de los trasvases en España [3]. Este trasvase no prosperó por los problemas de la crisis social, económica e institucional de los 70 aunque en 1981 se aprobó un trasvase parcial y limitado a la provincia de Tarragona (núcleos turísticos y polígono industrial), con un sistema de compensación de caudales que, al menos teóricamente no implicaba incremento de las concesiones ni necesidad de nuevas regulaciones.
El trasvase del Ebro se recuperará, con los ajustes derivados de su incardinación en el sistema SIEHNA, en el Anteproyecto de Plan Hidrológico de 1993 suscitando una fuerte oposición en la cuenca del Ebro, de manera muy especial en Aragón.
A mediados de la década de los 90, en el contexto de un desarrollo económico sostenido pero con crisis periódicas en el abastecimiento de agua (que pueden irse agudizando en el tiempo), va a germinar la idea de un trasvase desde el Ródano a la zona de Barcelona aprovechando parcialmente una concesión de la compañía Basse Rhône Languedoc (BRL) [4]. La propuesta es recogida por la Generalitat, que ya disponía de un sistema institucional de aguas propio en el que cabe incluir una empresa de gestión de agua en alta - Aigües del Ter-Llobregat - que tendrá un papel nuclear en el desarrollo del proyecto. El inicio de estas conversaciones supone una sorpresa para el Ministerio de Obras Públicas [5].
Parece evidente que los planteamientos finales de las partes iban mas allá del estricto objetivo de la transferencia. Del lado del gobierno catalán se trataba de disponer de una alternativa a los caudales del Ebro en la negociación del Plan Hidrológico Nacional pero también solucionar los problemas de Barcelona sin provocar tensiones en el resto de su territorio. Para BLR, vender agua a Barcelona significaba disponer de un “cliente estable” que le permitía consolidar su concesión y rentabilizar sus inversiones en el Languedoc. Esencialmente estos planteamientos siguen estando presentes como corriente de fondo hasta nuestros días.
El proyecto de trasvase se concebía como una mera operación mercantil de compraventa de agua entre dos sociedades privadas [6]. Se hicieron estudios financiados en su mayor parte por BRL. Hubo también presiones de BRL sobre el gobierno español para conseguir la aceptación del mismo [7]. En 1996 se crea un Grupo Europeo de Interés Económico entre BRL y ATLL para estudiar el proyecto – que contó con financiación de la UE – y llevarlo a término. El propio Parlamento Europeo produce una Resolución de apoyo, matizado, al trasvase [8]. Para hacer un seguimiento y orientación de los estudios y favorecer su visualización social se crean sendos Comités Científicos en Francia y Cataluña que emitieron sus informes favorables, aunque el francés no estuvo al final exento de polémica [9] .
Inicialmente el trasvase se planteaba para atender cualquier tipo de demanda aunque rápidamente se limitó exclusivamente al abastecimiento de agua para usos urbanos
Inicialmente el trasvase se planteaba para atender cualquier tipo de demanda aunque rápidamente se limitó exclusivamente al abastecimiento de agua para usos urbanos, en gran parte debido a las presiones de los agricultores del Midí para los que la agricultura mediterránea española es una competencia directa que se vería reforzada por la disponibilidad de agua. Esta limitación, si bien no representaba un problema en las CIC, si restringía el volumen a trasvasar y cortaba de raíz cualquier veleidad de continuar el trasvase al sur del Ebro, con el fin de limitar los caudales a derivar desde este último y evitando conflictos en España.
En el primer anteproyecto, realizado en 1995 se definió un trazado que con muy ligeras variantes se ha mantenido. La toma se realiza directamente del canal de BRL aguas arriba de Montpellier y sufre sucesivas elevaciones (hasta 188 m de altura total) realizadas todas ellas en territorio francés. En territorio español la conducción discurre enterrada hasta la conexión con la red de ATLL [10]. En este estudio el caudal de proyecto fue de 15 m3/seg (equivalente a un máximo teórico de 450 hm3/año) de acuerdo con las necesidades estimadas por ATLL. La capacidad de transporte fue revisada [11] en 1997 reduciéndose el caudal de proyecto hasta 10 m3/seg, estudiándose incluso el de 6 m3/seg [12].
No puede decirse que existiera una oposición frontal por parte del gobierno español al trasvase desde el Ródano, pero no es menos cierto que este trasvase fue desestimado en el Plan Hidrológico de 2001 que asignó para la resolución de los desequilibrios hídricos de las CIC un máximo de 190 hm3/año hm3 desde el tramo inferior del Ebro [13], cifra que es del mismo orden de magnitud a la estimada por la Generalitat para el trasvase del Ródano y que fue explícitamente aceptada al dar ésta su aprobación al PHN. Fruto de este acuerdo el trasvase del Ródano desaparece durante unos años de la escena política [14].
El PHN de 2001 fue apoyado por CIU pero este nuevo trasvase del Ebro junto con el ramal sur hacia la Comunidad Valencia, Murcia y Almería suscitó una fuerte contestación en las comarcas catalanas del Bajo Ebro y por parte de colectivos ecologistas y partidos políticos. También, aunque por motivos distintos, en Aragón. La contestación social tendrá efectos electorales en las autonómicas catalanas de 2003.
El gobierno tripartito catalán abandonó toda idea de trasvase tanto del Ebro como del Ródano
El gobierno tripartito catalán salido de las urnas abandona toda idea de trasvase tanto del Ebro como del Ródano y plantea una nueva estrategia de política hidráulica con dos ejes principales: medidas de gestión de la demanda y un amplio programa de desalación. Junto a estos ejes hay que considerar, al menos, otros dos elementos instrumentales: la revisión de las expectativas de crecimiento de la demanda de agua (en especial la denominada “demanda latente” que constituía una parte sustancial del déficit) y la agrupación de sistemas aislados de explotación en entes de gestión supramunicipal.
La derogación del trasvase del Ebro en 2004 refuerza la conveniencia de profundizar en el plan de desalación, que va a disponer de financiación de Fondos Comunitarios. Este plan debe tener como objetivo atender el abastecimiento urbano e industrial, incrementando su garantía y mejorando su calidad, así como disminuir la presión sobre el Ter y el resto de ríos. Los nuevos caudales que se prevé aportaría el Plan de Desalación una vez se encuentre plenamente operativo reducen drásticamente la necesidad de volúmenes a transferir desde el Ródano (no mas allá de 100 - 120 hm3/año) [15] lo que influye en la dimensión de la obra a ejecutar y su rentabilidad al reducirse las economías de escala.
Entre 2002 y 2007 se entra en un periodo de relativa calma en relación con el trasvase del Ródano, desde el punto de vista político y de opinión pública, aunque CIU sigue defendiendo la necesidad de realizar este trasvase mientras PSOE y PP mantienen una actitud ambigua. El resto de grupos políticos (ERC e IC-EV) mantienen una opción contraria a los trasvases por razones ideológicas.
La agudización de la situación de sequía a finales del año 2007 exige la adopción de soluciones urgentes y coyunturales. Implica a su vez un reposicionamiento de las fuerzas políticas en relación con posibles soluciones estructurales a largo plazo, de manera concreta los trasvases bien desde el Ebro, bien desde el Ródano [16]. Al final, todos los partidos excepto ERC e IC-EV, aceptan como solución provisional, para resolver de manera urgente los problemas de abastecimiento urbano que está produciendo la sequía, extender el minitrasvase hasta la conexión con las redes de ATLL [17].
Con este episodio como telón de fondo, el Congreso, a petición de CIU, aprobó, en abril de 2008, una moción para que el Gobierno realizara un Estudio multidisciplinar sobre la viabilidad del trasvase del Ródano a partir de los datos existentes [18]. El Estudio, de acuerdo con el mandato recibido, va mas allá de un mero análisis hidrológico e incluye un análisis de las condiciones jurídicas de la transferencia, su viabilidad financiera y la problemática socioeconómica que presenta.
Teniendo en cuenta que el Programa de Desalación del Gobierno de la Generalitat se encuentra vigente, el Estudio concluye en desechar la solución del trasvase por condicionantes económicos, si bien apunta que en el medio plazo, y en situaciones de falta de aportaciones, podría ser necesaria la aportación de recursos adicionales a los propios y a los que contribuiría el Plan de Desalación: Estos recursos adicionales serian, en todo caso, variables en el tiempo y de escasa cuantía.
Una reciente noticia de prensa señala que “[el ministerio de] Medio Ambiente recupera el trasvase del río Ródano”. Como hemos visto, el tema de un posible trasvase desde el río Ródano viene repitiéndose con una cierta periodicidad en los últimos 20 años. Su activación ha venido coincidiendo con los procesos de Planificación o con episodios mas o menos agudos de sequía lo que permite sospechar que hay algo de instrumentalización del tema. La singularidad en este caso es que la iniciativa la ha tomado el Ministerio y no la Generalitat como en ocasiones anteriores [19].
El tema de un posible trasvase desde el río Ródano viene repitiéndose con una cierta periodicidad en los últimos 20 años
Ante esta nueva fase cabría señalar que los estudios técnicos de los que se dispone, aun siendo abundantes, no se encuentran debidamente actualizados y muchas condiciones de contorno han cambiado, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, desde mediados de los 90. El canal ha incrementado las demandas servidas en Francia. En el tramo español, hay que tener en cuenta los resultados del Plan de Desalación, las exigencias del Plan Hidrológico de las CIC con su adecuación a la DMA y, sobre todo, las modificaciones en el modelo poblacional e industrial en la situación post-crisis.
Cuestión importante a la hora de adoptar una decisión reside en la forma como se pretenda configurar el futuro Sistema Nacional del Agua y su forma de gestión [20]. Recurrir al trasvase del Ródano sin explorar soluciones – que las hay – dentro del propio espacio nacional y sin buscar los consensos políticos que permitan su puesta en marcha de manera estable y sostenible, significaría el fracaso de nuestra capacidad para gestionar los recursos hídricos propios [21] y abriría la puerta a una territorialización de la misma. La arquitectura de sistema construido a lo largo de los últimos cincuenta años habrá demostrado tener los pies de barro.
El sí o el no al trasvase del Ródano no debemos verlo solo desde una óptica del Estado. En cualquier circunstancia hidropolítica que consideremos - se construya o no – implica y exige un debate sobre agua y territorio en la propia Cataluña que lleva largo tiempo pospuesto. Diversos estudios apuntan hacia la conveniencia de estudiar trasvases con carácter más o menos permanentes desde el Segre, cuya distancia a las redes del AMB son sensiblemente menores que en otras soluciones [22]. Simultáneamente podría disminuirse la presión sobre el Ter. Todo ello buscando una globalización de las políticas del agua a través de un reequilibrio territorial de cargas y beneficios.
Todo trasvase, y este en particular, implica la necesidad de disponer de fuertes controles públicos
Todo trasvase, y este en particular, implica la necesidad de disponer de fuertes controles públicos. En caso contrario, se corre el riesgo de volver a la situación de partida del que nos ocupa: la compraventa de agua entre compañías privadas y en donde el precio sea el único criterio de referencia lo que deriva en una “mercantilización” del agua [23]: un bien público, “patrimonio común de la nación” en Francia y “dominio público estatal” en España.
A la hora de adoptar una u otra solución no puede desdeñarse la manera en que va a realizarse la gestión de las distintas fuentes de agua disponibles (el mix hidráulico) y su asignación entre los distintos tramos de demanda lo que debe hacerse atendiendo a criterios de racionalidad económica. Para que el coste del agua trasvasada sea el mínimo posible [24] es imprescindible agotar al máximo la capacidad de transporte disponible o, lo que es lo mismo, utilizar en primer lugar el agua más cara con un sobrecoste para los usuarios. Caso de no hacerse así y utilizar, como sería lo lógico, en primer lugar las fuentes convencionales dejando las aguas trasvasadas como elemento complementario de apoyo en situaciones específicas o para condiciones extremas que refuercen la garantía de todo el sistema, puede implicar la utilización subóptima de la infraestructura o su reducción y, a la larga, su inviabilidad futura.
Estamos ante un tema cuya intermitencia en el tiempo puede significar que sirve de pretexto frente a otras cuestiones que se manifiestan episódicamente. Lo hidráulico – la conducción – puede que esté resuelto y el señuelo de una importante obra civil y de distribución de agua determine posicionamientos de urgencia. Pero las condiciones de contorno han cambiado y en el medio y largo plazo la situación no es la diseñada en su momento. Corremos el riesgo – como ya ha ocurrido en otros momentos de nuestra política de aguas reciente – de dar por buena una respuesta sin que hayamos planteado correctamente el problema a resolver. No se entienden las prisas. Es posible que alguien quiera jugar una partida de dados y el azar no suele ser una componente de una política de aguas rigurosa.
Notas
[1] La iniciativa de dicho Plan fue del Ayuntamiento de Barcelona y diseñado por Muñoz Oms. A pesar de ese localismo originario incluía no solo actuaciones de abastecimiento sino hidroeléctricas y en regadíos en todo el territorio de Cataluña, también en la cuenca del Ebro.
[2] El trasvase del Ter se puso en funcionamiento en 1966, no sin fuertes protestas en Gerona y con la indiferencia en Lérida y Tarragona.
[3] En todo caso, cualquier trasvase de agua a gran distancia debe destinar una parte importante al regadío ya que solo en esta circunstancia es posible obtener economías de escala que permitan hablar de la viabilidad del proyecto aunque cosa muy distinta es la idoneidad de ese regadío, sobre todo en políticas de gestión de la demanda.
[4] No está claro de quien parte la iniciativa del trasvase. Michael Draín menciona que en otoño de 1994 “un ingeniero de AGBAR” plantea la idea al director de BRL. Sin embargo parece que la idea se había gestado en España un tiempo atrás aunque no sería descartable una intervención francesa.
[5] A pesar que en el Plan Hidrológico de las CIC de 1995 ya se planteaban alternativas a una posible falta de caudales del Ebro, alternativas que incluían un posible trasvase desde el Ródano.
[6] Sin embargo, las dos sociedades intervinientes – BRL y ATLL - son entidades públicas.
[7] Incluyendo una comparecencia del DG del Canal del Ródano en una Comisión de las Cortes. El gobierno francés se mantuvo neutral, en parte por respetar el carácter de acuerdo mercantil con el que se había planteado el trasvase, aunque tenía evidentes intereses en el tema dado que BRL era una Empresa pública.
[8] Resolución de 29 de enero de 1998, dentro de un contexto de redes transeuropeas de transporte.
[9] Aparte de cuestiones de carácter técnico y de procedencia de emplear los recursos en territorio francés, la principal objeción deriva de saber si, en nombre de la solidaridad europea, incumbe a Francia compensar la ausencia de solidaridad entre regiones españolas y de sostener el modelo de desarrollo agrícola adoptado por ellas. Como se verá estas objeciones sigue teniendo plena actualidad, incluso en trasvases nacionales.
[10] Se trata de un canal de 316 km de longitud, de los cuales 195 discurren en Francia y 121 en Cataluña.
[11] Se había producido una crítica generalizada en relación a que las demandas del anteproyecto de 1995 estaban hinchadas. Esta baja de las necesidades fue justificada por ATLL, entre otras consideraciones en función de la revisión del proceso de crecimiento, con menores expectativas, y al éxito de las políticas de reducción de consumo llevadas a cabo en el AMB.
[12] Estas cifras, que equivalen a unas aportaciones netas trasvasables, sin regulación, de 270 y 160 hm3/año, representan la estimación de la demanda solvente requerida al Ródano para la solución de los problemas de abastecimiento en la CIC y el suelo por debajo del cual el trasvase tendría una dudosa rentabilidad.
[13] Hay que señalar que ya se contaba con los caudales aportado por el minitrasvase para Tarragona.
[14] El apoyo de CIU al PHN de 2001 se plasma mediante la inclusión de una Disposición Adicional por la que se compromete a estudiar otras alternativas a los trasvases (de manera genérica, aunque del debate parlamentario se deduce que se está hablando del Ródano) así como a la puesta en marcha de un Plan de Protección para el Delta.
[15] En esta cifra estaría comprendida la “demanda latente” y la derivada de incrementos demográficos. Realmente los 120 hm3 se producirían en un horizonte de medio plazo que coincidiera además con una situación de sequía de una cierta importancia.
[16] CIU afirma que el trasvase del Ródano es la solución a todos los problemas y que, de haberse llevado a cabo en la década de los noventa, la situación de sequía no se habría producido.
[17] Para el Gobierno, que se encuentra en pleno proceso de cambio de titular ministerial y, lo que es mas importante, de redefinición de su política de aguas, esta solución no puede considerarse como definitiva ni implica nuevas concesiones en el Ebro, evitando cualquier compromiso futuro. La interconexión de sistemas, como es sabido no se llevó a cabo por haber remitido la sequía tras un periodo de fuertes lluvias a inicio de la primavera de 2008.
[18] La realización de este Estudio debe entenderse mas como una concesión a CIU dentro de la estrategia de mayorías variables del segundo gobierno Zapatero que como una modificación de las posiciones del PSOE y sus socios parlamentarios.
[19] Resulta complejo determinar las razones de este interés por parte del Ministerio. Algunas, como posibilitar el voto favorable de Cataluña – o cuanto menos su no beligerancia – en relación con el Plan del Ebro o la conveniencia de controlar desde dentro un potencial trasvase, resultan evidentes pero su análisis no es el objetivo de este artículo.
[20] Cuestión clave cuando se mantiene como objetivo un posible Pacto Nacional sobre Agua, del que cada vez tenemos menos concreciones prácticas.
[21] Un Ministerio que ha sido capaz de realizar ejercicios de hidrología imaginativa en el caso del trasvase Tajo – Segura tendría que ser capaz, si de lo que se trata es de resolver problemas de gestión hídrica, de proponer soluciones en este caso aunque resulten ser mas reales.
[22] Para ello podrían emplearse fórmulas económicas y de gestión similares a las a las que están funcionando sin graves problemas en el minitrasvase de Tarragona.
[23] Como venía a apuntar la Resolución del Parlamento Europeo de 1998, por cierto anterior a la DMA. Hoy, probablemente, un Resolución de este tipo sería impensable.
[24] En estos momentos, el coste del agua trasvasada desde el Ródano es del mismo orden de magnitud que la procedente de desalación si bien en este último caso las decisiones de inversión en plantas pueden escalonarse en el tiempo, acoplándose a demanda efectiva a medio plazo, y su explotación resulta mas flexible. Además en el supuesto de un contrato de compraventa el comprador se encuentra obligado a adquirir toda el agua contratada.
