Agua y saneamiento, derechos esenciales para el pleno disfrute de una vida digna

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  • Más de 783 millones de personas no cuentan ni siquiera con un acceso seguro a una fuente de agua potable.

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iAgua Magazine Nº 1
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Desde que el 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas contamos con un marco general de convivencia basado en el respeto y la protección de la dignidad de hombres y mujeres. Desde entonces, se han elaborado numerosos tratados y declaraciones internacionales con el fin de concretar y desarrollar el contenido de cada uno de los derechos humanos que recoge la Declaración Universal.

Así, el acceso al agua potable y al saneamiento aparecen mencionados, entre otros, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) que recoge el derecho a un nivel de vida adecuado (art.11) y a la salud (art.12). Sin embargo, no es hasta el 10 de julio de 2010 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como derechos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos.

La interdependencia es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y, en el caso del agua y de saneamiento, adquiere una enorme relevancia

La interdependencia es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y, en el caso del agua y de saneamiento, adquiere una enorme relevancia. Es un hecho que contar con un acceso continuado y suficiente a agua potable, a un coste asequible de manera que no comprometa el disfrute de otros bienes y servicios esenciales, facilita que las personas participen en la vida social y productiva y reciban una educación imprescindible para su desarrollo personal y el de su comunidad.

De la misma manera, disponer de una instalación de saneamiento segura y salubre, cercana tanto al hogar como a la escuela o al lugar de trabajo, junto con unas buenas prácticas higiénicas, impactan directamente en la salud de las personas y en su dignidad, permitiendo su integración y su desarrollo humano y económico.

El derecho humano a la salud, a la alimentación o a la educación, se ven afectados directamente cuando no se respeta el derecho humano al agua y al saneamiento. No se puede hablar de garantizar cualquiera de ellos sin agua o sin saneamiento.

En la gran mayoría de países del mundo que no cuentan con sistemas públicos de protección social, los ingresos y el nivel educativo de las familias dependen directamente de la salud de sus miembros. Los adultos enfermos o que tienen que cuidar de sus hijos enfermos son menos productivos y el rendimiento escolar de éstos, se reduce.

Por otra parte, las enfermedades de transmisión hídrica (especialmente las diarreas), las causadas por un saneamiento inadecuado o aquellas derivadas de una alimentación deficiente, suponen un coste económico en medicinas y cuidados que afectan gravemente a las familias y, en definitiva, a los Estados. Esto, unido al tiempo que se emplea en muchos hogares del mundo en la recolección de agua potable (en varios países de África se estima una media de 10 km. diarios en la época seca, es decir, entre 15 y 17 horas a la semana), que deja de dedicarse a actividades productivas o formativas, dificultan su salida del círculo de la pobreza. Esta circunstancia es especialmente grave en el caso de las mujeres y niñas, ya que son ellas las que están a cargo de esta tarea en el 90% de los casos.

Un acceso continuado y suficiente a agua potable a un coste asequible facilita que las personas participen en la vida social y productiva

Algo tan básico como puede ser disponer de agua en los centros de salud, entre otros muchos efectos, reduce enormemente los índices de mortalidad materna e infantil. De la misma manera, contar con de infraestructuras de saneamiento en las escuelas, diferenciadas para niños y niñas, permite a las alumnas prolongar su estancia en la escuela incluso durante su etapa menstrual.

Pero los impactos del agua y del saneamiento van mucho más allá del acceso. La equidad de género o el derecho a la participación de las personas en las decisiones que les afectan directamente, pueden mejorarse a través de la gestión comunitaria de los sistemas de agua potable o de la gestión de los recursos hídricos de una comunidad o región. Especialmente en contextos en los que la escasez de recursos o su gestión ineficiente acentúan las desigualdades e incrementan las tensiones, los derechos humanos ofrecen orientaciones para el diseño de sistemas y herramientas que prioricen los principios de sostenibilidad, participación, transparencia y rendición de cuentas de los responsables hacia los titulares de esos derechos.

Desde 1948 han sido muchos los esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de que el contenido de los derechos humanos se trasponga a la legislación de cada Estado y así contar con un sistema de protección de los derechos que garantice en la práctica el disfrute de todos y cada uno de ellos.

En el caso del derecho humano al agua y al saneamiento aún queda mucho camino que recorrer ya que, a día de hoy son más de 783 millones las personas que no cuentan ni siquiera con un acceso seguro a una fuente de agua potable y más de 2.500 millones las que no disponen de una instalación de saneamiento digna. Uno de los retos más importantes está en la inclusión del contenido de estos dos derechos en las agendas de desarrollo internacionales, con el fin de conseguir la implicación de los Estados, los organismos internacionales y las agencias de cooperación para promover políticas públicas y financiar programas nacionales en este sentido.

Texto escrito por Mª del Mar Rivero, Responsable de Agua y Saneamiento de ONGAWA

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