La Guardia Civil, en el marco de la operación “Zahorí”, ha desplegado un dispositivo a escala nacional para la inspección y control de aprovechamientos de recursos hídricos —tanto de aguas superficiales como subterráneas— con el objetivo de proteger el Dominio Público Hidráulico y el medioambiente.
Como resultado de las actuaciones desarrolladas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los agentes han detectado 941 infraestructuras ilegales asociadas a la captación y acumulación de agua, y han procedido a la investigación de 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños a los recursos naturales.
Según detalla la Guardia Civil, del conjunto de infraestructuras ilegales localizadas, el 60 % correspondía a pozos, el 24 % a sondeos, el 4 % a balsas, y el 12 % restante a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales.
En conjunto, “Zahorí” ha permitido detectar 29 infracciones penales, con predominio de los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %)
Operaciones destacadas
Entre las actuaciones concretas, la Guardia Civil señala la operación “Subterra” (Huelva), desarrollada en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, que permitió localizar infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, con ocho personas físicas y cinco jurídicas investigadas y el esclarecimiento de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, además de infracciones vinculadas a la ordenación del territorio.
En la operación “Bredo” (Madrid), en Las Rozas, se detectó un sondeo no autorizado y otra captación legal con un bypass instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando el registro del caudal extraído. Los informes periciales estiman que el valor del agua aprovechada ilícitamente desde 2002 podría superar los 1,6 millones de euros, con una investigación aún abierta.
La operación “Land Change” (Murcia) se desarrolló en Mazarrón, donde se investigó la puesta en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogado como secano; la valoración pericial cifra el daño medioambiental ecosistémico en más de 2,9 millones de euros.
Y en la operación “Captaqua” (Córdoba), en una inspección conjunta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se localizaron pozos clandestinos y captaciones legales manipuladas mediante bypass antes del contador, finalizando con una persona física y una entidad jurídica investigadas.
Delitos, sanciones y cuantificación del daño
En conjunto, “Zahorí” ha permitido detectar 29 infracciones penales, con predominio de los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), seguidos de los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente (28 %) y los vinculados a la ordenación del territorio (7 %).
Además, la Guardia Civil ha tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % corresponde a vulneraciones de la normativa en materia de aguas.
El comunicado subraya, asimismo, el papel de la peritación del daño ambiental: los informes elaborados por el SEPRONA cuantifican económicamente los perjuicios al Dominio Público Hidráulico y el impacto sobre otros recursos naturales, y estiman en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico por actuaciones en distintas provincias.
