En el año 2014 ocurrieron dos de los peores desastres contra cuerpos de agua en México, asociados a la actividad minera. El primero ocasionado por una falla en un contenedor de la minera Grupo México que causó el 7 de agosto de ese año un derrame de 40,000 metros cúbicos de ácidos y minerales en los ríos Bacanuchi y Sonora en el Estado de Sonora, provocando afectaciones a unas 22,000 personas en siete municipios. Sus impactos económicos sumaban alrededor de 702 millones de pesos, y una reducción del 50 por ciento en la actividad económica de las localidades afectadas. Se reportó que cuatro hombres y una mujer presentaron “intoxicaciones” y requirieron atención médica en la zona de Cananea, en tanto que se suspendieron las clases en 89 escuelas de esa localidad y de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi ante la contingencia ambiental, afectando a 5,800 alumnos. Se calificó como el peor desastre ambiental minero.
La empresa fue obligada a cubrir una multa de hasta 40 millones de pesos (1.8 millones de euros) así como costear las reparaciones del daño al medio ambiente, que alcanzaría un monto de miles de millones de pesos. La respuesta de la empresa fue abrir un fideicomiso para indemnizar a las personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el derrame. Aunado a esta condición, el paso del huracán Odile agudizó la crisis toda vez que ocasionó más derrames de contaminantes.
El segundo caso: el 10 de agosto del 2014 se registró un derrame de 2,000 metros cúbicos de solución cianurada vinculado con el trabajo de la mina Proyecto Magistral, ubicada en el municipio de El Oro, en Durango. La Profepa reportó que las fuertes lluvias provocaron el derrame de la sustancia que se encontraba almacenada en la presa de la mina; la solución llegó al arroyo denominado La Cruz, afectando 400 metros cuadrados de suelo natural y seis municipios, pero no se reportó riesgos o peligros para la población humana, ni para las especies animales y la flora. Sin embargo, los pobladores del ejido damnificado reportaron la muerte de vacas que –aseguran– bebieron agua del arroyo. La Procuraduría Ambiental del país inició un procedimiento administrativo contra la empresa, la cual además debió haber presentado un proyecto para modificar sus instalaciones y prevenir futuras emergencias (no se sabe si lo hizo o no).
En aquel entonces se abrió el debate en el congreso Federal (hace cinco años) porque por el escándalo mediático que se generó con el accidente de Grupo México, los legisladores federales apenas se dieron cuenta que la actividad minera no estaba lo suficientemente diseñada para sancionar de manera severa a las empresas que incurrían en este tipo de desastres. Por mi interés personal en los temas de agua seguí monitoreado el caso del fideicomiso para la reparación del daño en el caso de Sonora y recuerdo que la empresa no ingresó todo el dinero que se le ordenó, y que no se realizaron todas las obras de remediación por lo que las comunidades afectadas al final tuvieron que lidiar tanto con la contaminación como con sus pérdidas económicas por las cosechas, animales y servicios que no pudieron ser colocados en sus círculos económicos. También la Conagua en aquel entonces estaba obligada a informar en tiempo real en su página web sobre los niveles de contaminación, y dicha información verifiqué recientemente que tampoco ha sido actualizada.
El tema revivió este año por la misma empresa (Grupo México). El pasado 9 de julio se le acusó de haber derramado tres metros cúbicos (3,000 litros) de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, generando reacciones a la flora, fauna, y afectaciones al ecosistema. A través de redes sociales los locales dieron a conocer imágenes y videos terribles de las tortugas y animales marinos en agonía y muriendo por los tóxicos derramados. En un pronunciamiento público, la empresa informó su versión oficial: que ese día (9 de julio) alrededor de las 15:00 horas, falló una válvula del equipo que realizaba un procedimiento de limpieza de tubería para el embarque de ácido sulfúrico, lo que provocó que tres metros cúbicos de ese producto alcanzaran la Bahía de Guaymas. No obstante, explicó que el ácido sulfúrico es una sustancia que al entrar en contacto con una solución alcalina como el mar, que tiene un PH de 8.3, se neutraliza. También la empresa destacó que en cuanto ocurrió el incidente dio aviso inmediato tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a las autoridades de Administración Portuaria Integral (API) de Guaymas, de la Secretaría de Marina y de Protección Civil municipal.
Para el titular de la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo Manzur, se trató del incidente número 22 desde 1998 por parte de la empresa, lo cual podría ocasionar una suspensión por parte de esta Secretaría. También señaló en rueda de prensa que la empresa había incurrido en accidentes similares en países como Perú, Estados Unidos y España. Además declaró que dicha secretaría se reunió con los sonorenses afectados en el 2014 y se detectó que Grupo México incumplió con la reparación del daño ambiental (lo mismo que yo en lo personal estuve monitoreando). Por su parte, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (quien por cierto fue Subdirectora Jurídica de la CONAGUA en la época del ex Presidente Felipe Calderón), dio a conocer que la representación de la Profepa en Sonora emitió una visita de inspección a la Administración Portuaria Integral (API), de Guaymas y que la sanción económica puede ser entre 20 mil y cuatro millones 200 mil pesos (200 mil euros), además de conminar a la empresa a resarcir los daños causados. El caso ahora está en revisión.
Los problemas derivados en este tipo de desastres por la actividad minera incluyen: enfermedades en las personas, imposibilidad de tener acceso a agua limpia, grandes pérdidas económicas, pérdida de especies animales y vegetales y afectaciones a los ecosistemas; muerte de ganado y afectaciones severas en los cultivos, entre otras. Ello puede implicar años de pérdidas económicas sobre todo para las familias afectadas que se encuentren en condiciones de pobreza.
La regulación sobre las implicaciones hacia las empresas que contaminan en México (en este caso las de la actividad minera) requieren de medidas más drásticas y punitivas, toda vez que resarcir el daño ambiental que ocasionan cuestan no los cuatro millones de pesos que podrían cobrarle a Grupo México por los daños en el Mar de Cortés: son costos incalculables.
En un contexto de francas alteraciones a nuestros sistemas de vida por el cambio climático y las facturas que estamos pagando por la contaminación humana, de verdad que este tipo de incidentes deberían ser calificados como de alta seguridad. Ojalá que la actual administración federal mexicana y el Congreso Federal tomen cartas severas en el asunto y se establezca un precedente para obligar a las empresas a que diseñen infraestructura cien por ciento libre de contaminación, y que retribuyan de alguna manera a la naturaleza lo que de ella extraen, y gracias a lo cual generan ganancias millonarias.
