La nueva Directiva (UE) 2024/3019 de Tratamiento de las aguas residuales urbanas (DTARU) entró en vigor el pasado 1 de enero de 2025, tras un largo periodo de revisión.
Con ella se pretende adaptar el tratamiento de las aguas residuales urbanas a los objetivos del Pacto Verde europeo y poner al medio ambiente en el centro de las políticas de saneamiento y depuración, protegiendo también la salud humana, de acuerdo al enfoque One Health. Se busca también mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia del sector, de forma que los ciudadanos y las empresas sean partícipes en el proceso.
El fin último es conseguir un modelo hídrico más resiliente, en el cual las ciudades sean capaces de adaptarse mejor a los impactos del cambio climático, desarrollando planes integrados de gestión de aguas pluviales, priorizando soluciones basadas en la naturaleza y sistemas de drenaje sostenible; y en el que las estaciones depuradoras (EDAR) se transformen en biofactorías, eficientes climática y energéticamente, donde se potencie la reutilización de las aguas tratadas y la valorización de residuos como los lodos de depuración, transformándolos en recursos, de acuerdo a los principios de la economía circular.
Entre las novedades de la DTARU respecto a la anterior Directiva de 1991 destacan la exigencia de tratamiento avanzado para eliminar contaminantes emergentes, la creación de un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para financiar parte de dicho tratamiento, o la elaboración de los citados planes integrados de gestión de aguas de lluvia y escorrentía urbana. También se prevé la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica de las aguas residuales urbanas, así como el objetivo de alcanzar la neutralidad energética del sector en el año 2045.
La DTARU transforma las EDAR en biofactorías energéticamente eficientes y alineadas con la economía circular
De acuerdo con el artículo 33 de la DTARU, los Estados miembros (EEMM) deberán transponer el texto y adaptar por tanto su ordenamiento jurídico antes del 31 de julio de 2027. En España la legislación básica vigente en materia de saneamiento y depuración la constituyen el RD-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.
Teniendo en cuenta el amplio alcance de la DTARU y la inclusión de los nuevos requerimientos, tan diversos y exigentes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha considerado que la trasposición debería realizarse a través de una nueva norma con rango de ley. La Dirección General del Agua (DGA) trabaja ya en el borrador de esa ley, que podrá ir acompañada de otros textos de desarrollo para asuntos específicos como la RAP o el cálculo del balance de energía a nivel nacional.
Por otro lado, los estrictos plazos que marca la DTARU para la consecución de los distintos hitos en cuanto a colecta y tratamiento hacen necesario que los trabajos encaminados a su implementación deban desarrollarse de manera casi paralela a los de la transposición. El artículo 23 dicta la obligación para los EEMM de elaborar en 3 años un Programa Nacional de Ejecución (PNE) que recoja, entre otros elementos, una valoración actual del estado de cumplimiento de la Directiva, la planificación de las medidas necesarias para su ejecución, y una estimación de las inversiones y posibles fuentes de financiación. La elaboración y remisión del PNE en el periodo fijado será clave para optar a la financiación europea que va a estar disponible para la ejecución de la DTARU.
A este respecto comentar que la Comisión Europea (COM), en el marco de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (COM (2025) 280 final), se ha comprometido a aumentar los fondos disponibles de la política de cohesión destinados al sector del agua. El objetivo es garantizar una financiación adecuada y fomentar la inversión tanto pública como privada. Así mismo, la COM está reforzando su cooperación con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para aumentar la inversión pública y privada del sector agua de la UE. En este marco se prevén más de 15.000 millones de euros en financiación durante 2025-2027.
La DGA ha iniciado ya los trabajos iniciales para el desarrollo del PNE, en colaboración con todas las autoridades competentes en la materia, siendo la primera fase la evaluación inicial o diagnóstico para determinar qué aglomeraciones urbanas entrarían en el nuevo umbral de aplicación (todas aquellas mayores o iguales a 1.000 habitantes-equivalentes (h-e)), qué grado de tratamiento tienen actualmente y qué medidas será necesario acometer para adaptarlas a la DTARU. También habrá que actualizar muchas de las instalaciones existentes en las aglomeraciones ya identificadas y reportadas a la COM para dotarlas, por ejemplo, de tratamientos secundarios (obligatorio desde 2035), o en el caso de las EDAR ≥150.000 h-e, obligatoriamente de tratamientos terciarios y cuaternarios para la eliminación de nutrientes y microcontaminantes. Es previsible que haya que construir también nuevas infraestructuras, dado que muchas de ellas están llegando ya al final de su ciclo de vida, tras más de 30 años de aplicación de la antigua norma.
La adaptación a la nueva DTARU es uno de los temas clave en los documentos iniciales del 4º ciclo
Una vez identificadas las actuaciones necesarias, es esencial que se vean reflejadas en los próximos ciclos de planificación, a través de sus programas de medidas. De hecho, la adaptación a la nueva DTARU es uno de los temas clave que se están considerando en los documentos iniciales de los Planes hidrológicos de 4º ciclo.
En relación con el nuevo tratamiento cuaternario para la eliminación de microcontaminantes, la DTARU establece en su artículo 9 que deberá financiarse, al menos en un 80 %, mediante un esquema de RAP que se asigna a dos sectores: los medicamentos de uso humano y los productos de cosmética e higiene personal. Este esquema deberá organizarse antes del 1 de enero de 2028 y, para ello, ya se han iniciado contactos con patronales del sector y con el Ministerio de Sanidad, y en breve con las Comunidades Autónomas. Se está trabajando para constituir un sistema que sea lo más justo y proporcionado posible, y que permita acometer las inversiones asociadas a los nuevos tratamientos cuaternarios sin poner en peligro la accesibilidad y asequibilidad de las medicinas y otros productos afectados.
Las empresas farmacéuticas y cosméticas llevan tiempo reclamando que se reevalúe el impacto de la RAP y las estimaciones del coste de eliminación de los microcontaminantes que en su momento acompañaron a la propuesta legislativa de revisión de la Directiva, dado que consideran que no son ajustados a la realidad. Como resultado, la COM se ha comprometido en la ya mencionada Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica a llevar a cabo una nueva evaluación. Sus resultados se incorporarán al esquema nacional tan pronto como estén disponibles.
Por último, comentar que, con el fin de conseguir una aplicación homogénea de la DTARU en los distintos EEMM, se empoderó a la COM para dictar hasta 14 actos delegados y de ejecución relacionados con aspectos como el mecanismo de cálculo de la neutralidad energética, el protocolo para la evaluación de riesgo por microcontaminación o el uso de indicadores alternativos para verificar si se alcanza el objetivo indicativo de reducción de la contaminación producida por los desbordamientos en época de lluvia. Se han establecido varios grupos de trabajo en los que participa la DGA junto con expertos del sector, para hacer valer la posición española en estos y otros temas, que serán clave para una adecuada ejecución de los nuevos requisitos, y para hacer valer su cumplimiento frente a la COM.
Para concluir, remarcar que los retos son muchos y complejos, pero que, con la implicación y la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, podemos afrontarlos con éxito y en tiempo.