COP28: Líderes indígenas y sociedad civil plantean transición ecológica en Perú

Hace una semanas, en una entrevista a mi estimado amigo José Ignacio, consultor ambiental e hídrico de España, titulada “Perú, como España, debe ser más verde”, comentábamos sobre la transición ecológica que está desarrollando su país y que debería iniciar Perú considerando su especial realidad socio-económica-ambiental-geográfica.

Esto con el fin de proteger, revalorizarr y construir resiliencia de su gran riqueza hídrica y diversidad de ecosistemas y pluriculturalidad, que van desde los nevados tropicales, pasando por las zonas costeras, rurales alto andinas hasta la Amazonía, que como decía el último explorador peruano Manuel Antonio Mesones Muro[1] “el porvenir del Perú está en el oriente, todo debe converger al oriente y siempre al oriente” (del cual escribí el libro titulado “El hombre de la interoceánica”, por especial encargo de su nieto congresista Gerardo Saavedra y publicado en el 2006 por el Fondo Editorial del Congreso de la República.

Sobre este tema de la transición ecológica que debería ser urgente una política de Estado en Perú, la COP – 28 organizada por Naciones Unidas en Dubai ha sido centro de esta interesante iniciativa que fue planteada por los líderes indígenas y de la sociedad civil peruanos, para dejar de lado el uso de los combustibles de origen fósil que tanto daño (contaminación, efecto invernadero, alteración del ciclo del agua, extinción de biodiversidad y la aceleración del cambio climático) está produciendo al planeta, especialmente en relación al agua, el aire, la tierra y la salud global.

DAR: Defensa de la Amazonía, pulmón del planeta

Los amigos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), asociación civil peruana sin fines de lucro creada el año 2004, presentes en Dubai, han expresado que las incoherentes “políticas públicas traen consigo afectaciones climáticas y a los derechos de las poblaciones. Por ello, la agenda climática en la Amazonía requiere abordar puntos como la inclusión de una medida de mitigación para reducción la deforestación por la expansión de la infraestructura en la Amazonía entre las metas NDC (metas climáticas); la articulación de dichas metas con las del Convenio de Diversidad Biológica, en beneficio de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas; la protección de las áreas naturales protegidas del Perú, que almacenan el 23% del stock de carbono del bosque amazónico y son vitales en la lucha contra el cambio climático; implementar salvaguardas que protejan los derechos indígenas en los mercados de carbono; una transición hacia energía limpia, justa y comunitaria, con políticas energéticas con altos estándares socioambientales; y un financiamiento climático con enfoque de derechos”.

La DAR plantea que “Una transición energética para Latinoamérica y El Caribe (LAC), debe partir desde la gestión comunitaria, local, de tal manera que se construya un modelo desde la justicia social y ambiental, respetando los derechos y las propuestas de las comunidades e incluyendo impactos y beneficios comunitarios, este es uno de los principales pedidos que hacen líderes indígenas y la sociedad civil en la COP28, realizada en Dubái, lo que se traduce en una transición energética justa comunitaria que contribuya a reducir la dependencia a los combustibles fósiles y ayude a frenar la pérdida de diversidad biológica”.

Se debe impulsar nuevas energías limpias, renovables y sostenibles

A través de una nota de prensa, afirman que “No es una novedad que cada cierto tiempo el sector petrolero impulsa la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos a nivel mundial como Reservas de Biósfera y sitios de patrimonio natural reconocidos por UNESCO”, señaló Iris Olivera, Líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales –Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Oliver agregó que entre los años 2000 a 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros, los cuales han afectado territorios de comunidades indígenas, quienes lejos de recibir soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames sólo obtuvieron atenciones temporales e insuficientes.

“Existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles que van en contra de sus propuestas de cambio de fuentes de energía. El año pasado el gobierno peruano se ha comprometido a conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas al 2030, en especial aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, entonces cómo van a respetar este compromiso si continuamos con la promoción de los hidrocarburos”, destacó la representante de DAR.

Por su parte, Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), recalcó que la región Loreto es una de las zonas más afectadas por la industria petrolera debido a los derrames, por lo que pidió al estado peruano una transición energética justa para las comunidades y territorios indígenas.

“Es necesario que el estado peruano piense en cambiar las fuentes de energía por unas más justas con nosotros y nuestros territorios, el planeamiento debe incluir nuestras experiencias culturales, una mirada indígena y debe responder a nuestras necesidades”, destacó Elaine.

No hay diálogo y compromiso del Estado 

Asimismo, señaló que hasta la fecha ni el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Energía y Minas los han convocado para conversar sobre fuentes de energía renovable o sobre la planificación energética. “No son estas instituciones las responsables de que los pueblos indígenas en el Perú accedan a la energía alternativa. La planificación debe empezar ahora. Por ello quisiera saber, ¿qué compromisos va a asumir el gobierno peruano sobre este tema? y ¿cómo los va a implementar?, porque como les digo no conozco ningún plan regional o nacional sobre cómo mejorar el acceso a la energía y que nos beneficie, que no contamine, que mejore nuestra calidad de vida”, puntualizó la presidenta de CORPI SL.

En esa línea, Agilio Semperi, jefe de Comaru – Consejo Machiguenga del Río Urubamba, expresó que en la Amazonía del Cusco actualmente existen lotes de explotación de gas. “Son los principales lotes que existen en el Perú y el inicio de explotación de estos proyectos de gas se dieron sin consulta previa a los pueblos indígenas. No se han cumplido los compromisos firmados entre la empresa y el Estado de no continuar con las exploraciones sísmicas. Con los años hemos negociado con las empresas para implementar programas de vigilancia ambiental comunitaria, así como compensación por los territorios según los tiempos de contrato”.

Finalmente, los líderes indígenas advirtieron que en la región Madre de Dios existen Áreas Naturales Protegidas que están en peligro si prospera la iniciativa de Perupetro en coordinación con autoridades regionales e incluso congresistas para la extracción de hidrocarburos en esa zona.

Rechazo a las actividades extractivas en áreas naturales protegidas y reservas indígenas

El 13 de diciembre, la DAR publicó un pronunciamiento (al que me adhiero) que señala lo siguiente: “las organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas nos pronunciamos ante la campaña sistemática impulsada por el congresista Eduardo Salhuana y de autoridades del Ejecutivo (PERUPETRO S.A. y Ministerio de Energía y Minas-MINEM), para implementar actividades extractivas de gas (tren gasífero) en Cusco y Madre de Dios, superpuestas a zonas de gran fragilidad ecológica y sociocultural, como las áreas naturales protegidas (ANP) de uso indirecto (Parque Nacional Manu y Parque Nacional Bahuaja Sonene), los territorios indígenas claves para garantizar la provisión de recursos naturales para los pueblos indígenas, como la Reserva Comunal Amarakaeri, y a espacios de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), como la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti”.

Visto esto, hacen un llamado “a los peruanos y peruanas, así como al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estar vigilantes y que las autoridades se comprometan y cumplan lo siguiente:

• Abstenerse de promover y presentar proyectos de ley que vulneran derechos al medio ambiente sano y territorios indígenas, que no analizan los graves impactos que causaría al patrimonio natural y a los pueblos indígenas.
• Respetar a la población y no repetir la historia de saqueo con una nueva cuenca gasífera, que no cuenta con evidencia de cómo mejoraría los servicios de educación, salud, energía, agua y saneamiento. Las autoridades deben transparentar el uso del presupuesto público para salvaguardar su uso eficiente y eficaz, así como para evitar la corrupción.
• Parar la demagogia y la desinformación a la población con la campaña sistemática promovida por el congresista Salhuana que no busca el diálogo con los distintos actores sociales, de forma imparcial, sino que el trasfondo es imponer una sola visión de desarrollo que no ha funcionado y que ha acrecentado la desigualdad.
• Tomar iniciativa por la transición energética justa que garantice un desarrollo sostenible acorde con los compromisos internacionales para combatir el cambio climático, garantizar la protección de la diversidad biológica, los valores asociados de las ANP, fortalecer la normativa nacional y respetar los compromisos internacionales para dicho fin.
• Respetar los derechos de los pueblos indígenas a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado; y garantizar sus derechos al territorio y a un medio ambiente sano, así como su protección frente a economías ilegales.
• No poner en riesgo de exterminio y el genocidio a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) que se encuentran en el ámbito de la llamada “ruta del tren gasífero” que planean imponer”.

Somos Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), desde hace 19 años aboga por el manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, la gestión del ambiente y la protección de derechos humanos y colectivos. Su visión es: Una cuenca amazónica sostenible, inclusiva y equitativa con gobernanza socioambiental.