La asociación agraria UPA recurre ante el Tribunal Supremo el Plan del Guadalquivir

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  • Según el colectivo, el plan aprobado "vulnera" también aspectos del anterior, introduce medidas sin haberles dado "previo conocimiento público" e "incrementa dotaciones de agua para riegos históricos y de zonas estatales"

La organización agraria UPA en Andalucía ha decidido interponer ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado hace unos meses por el Gobierno central, entre otras razones, por "vulnerar el principio de ahorro hídrico" y "perjudicar" al sector del olivar andaluz, especialmente de las provincias de Córdoba y Jaén.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario general de la organización, Agustín Rodríguez; según han informado a Europa Press fuentes de UPA-A, la asociación ha decidido dar este paso una vez que sus servicios jurídicos han estudiado con detenimiento la normativa tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el colectivo, el plan aprobado "vulnera" también aspectos del anterior, introduce medidas sin haberles dado "previo conocimiento público" e "incrementa dotaciones de agua para riegos históricos y de zonas estatales", que aumentan en 540 hectómetros cúbicos el déficit hídrico que, según las fuentes consultadas, estaba previsto que se situase en 300 hectómetros cúbicos para "garantizar las futuras concesiones de riego".

De esta manera, "al incrementar el déficit, los nuevos regadíos se quedan fuera", han apuntado desde UPA-A, que han aseverado que entre las superficies afectadas figuran las 20.000 hectáreas de olivar de la provincia de Jaén.

Para esta organización, resulta "incomprensible" que mientras a algunos cultivos se le haya aumentado su dotación de riego, al olivar "se le ha bajado en 1.290 metros cúbicos por hectárea", cuando el objetivo del plan es "propiciar un buen uso de los recursos hídricos".

Por razones como ésta, y al entender que los olivares de Córdoba y Jaén resultan los "grandes perjudicados" de este plan, UPA-A ha decidido recurrir la nueva normativa ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa.

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