Autorizada la modificación del Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal AcuaNorte

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El Consejo de Ministros ha autorizado el Acuerdo de modificación del Convenio de Gestión Directa celebrado entre la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), y la Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas del Norte S.A.”.

Esta modificación permitire incorporar las nuevas actuaciones encomendadas a la Sociedad “Aguas de la Cuenca del Norte S.A.”, adaptar las cifras de inversión de las actuaciones con obras en ejecución a las últimas previsiones e incluir actuaciones nuevas cuya ejecución es considerada prioritaria por el MARM como consecuencia del “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015” en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Galicia.

Asimismo, se facilita la reprogramación de los Fondos Europeos para el periodo 2007-2013 aprobada por el MARM que contribuye financieramente a nuevas actuaciones.

De este modo, el número de actuaciones a desarrollar por “Aguas de las Cuencas del Norte S.A.” asciende a 36, que quedan encomendadas a la Sociedad Estatal por el nuevo Convenio de Gestión Directa. La inversión total de todos los trabajos desarrollados por la sociedad ascenderá a 1.638.041.196,28 euros.

En términos generales, “Aguas de las Cuencas del Norte S.A.” financiará el 14,45% de las actuaciones, el 55,50% se cubrirá financieramente con Fondos Europeos aportados por el Estado, otras administraciones públicas el 23,36% y usuarios privados el 6,69%.

La inversión prevista en cada una de las actuaciones se ha distribuido por anualidades, quedando el desglose por anualidades de la inversión prevista de 1.638.041.196,28 euros de la siguiente manera: 544.721.561 euros hasta 2010, 94.762.842 euros para 2011. En 2012 será de 220.264.019 euros, en 2013 de 405.749.342 euros, en 2014 de 240.238.247 euros, en 2015 de 131.036.851 euros y en 2016 6.528.309 euros.

La aprobación de este Convenio permite dar un importante impulso al compromiso del Gobierno para el cumplimiento de la Directiva europea que obliga al tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas 91/271/CEE y también asegura una gestión sostenible de los abastecimientos. 

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