La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha adjudicado por 222.749 euros a la Unión Temporal de Empresas integrada por Castellana de Ingeniería, Catinsa e Ingeniería y Control 2005 (Ingecontrol) la redacción de los proyectos de construcción de los emisarios de Pelabravo-Azud de Villagonzalo y Arapiles-Las Torres-Carbajosa así como de dos nuevas depuradoras en las localidades de El Payo y El Sahugo y un nuevo colector en El Bodón, todos ellos en la provincia de Salamanca.
Estas cinco actuaciones forman parte del Protocolo General de Colaboración firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y la Junta de Castilla y León para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las aguas.
La construcción de los dos emisarios, incluidos en el Anexo I (actuaciones de Interés General del Estado) del citado protocolo supondrá un coste previsto de unos cinco millones de euros que asumirá íntegramente el MARM.
En concreto, se invertirán aproximadamente tres millones de euros en la construcción del emisario de Pelabravo- Azud de Villagonzalo y cerca de 2,5 millones en el emisario Arapiles- Las Torres- Carbajosa.
En ambos casos, los trabajos a ejecutar consistirán en la construcción de una red de colectores que unirán estas poblaciones con la depuradora de aguas residuales de Salamanca.
Las tres actuaciones restantes, incluidas en el anexo V del Protocolo (actuaciones en red Natura), deberán definirse en el estudio que hoy se licita, si bien la solución que se baraja para depurar los vertidos de las localidad de El Payo y El Sahugo pasa por construir una red de colectores y una depuradora, mientras que en El Bodón sólo sería necesario construir un colector dado que la localidad ya cuenta con sistema de depuración propio. El Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 contempla además de éstas, otra serie de actuaciones destinadas a cumplir con la normativa comunitaria de vertidos. En total, se prevén unas inversiones en Castilla y León de 1.050 millones de euros, un tercio de esta cantidad, 343 millones, financiado por el MARM y el resto por la Junta de Castilla y León.
