La catalana Carina Mejías (Barcelona, 1964) es la actual presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Con ella al frente, el partido de Albert Rivera irrumpió por primera vez en el consistorio barcelonés con cinco regidores, posicionándose como la tercera fuerza política.
Mejías también ha sido diputada en el Parlament de Cataluña. En cuanto su formación, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha ejercido como procuradora en los Tribunales.
En esta entrevista, expone el punto de vista de Ciudadanos en cuanto a la situación de la gestión del agua en la ciudad condal y su postura en torno al Pacto Nacional del Agua.
Pregunta: ¿Cuál es la postura de Ciudadanos ante la remunicipalización del servicio de aguas de Barcelona?
Respuesta: Una cosa es el agua como bien público, y otra cosa su gestión. Nosotros somos partidarios de que la gestión del agua esté en manos de aquellas personas que estén capacitadas técnicamente para hacer posible que el ciclo del agua se produzca en las mejores condiciones y al menor coste.
Hay empresas especializadas que además han invertido mucho en innovación tecnología para garantizar un buen servicio de agua, y si bien la titularidad del agua debe ser siempre pública, el servicio puede concesionarse. A través de una colaboración público-privada puede gestionarse a un coste accesible para las personas y con garantías de ser el mejor servicio posible. Por tanto, no consideramos que la remunicipalización en Barcelona sea necesaria. Además, en estos momentos existe ya una concesión, y el rescate supondría un gasto millonario que el ayuntamiento de Barcelona no está en situación de acometer.
P.- En este aspecto, ¿qué modelo cree que se ajusta mejor a las necesidades hídricas de Barcelona?
R.- La gestión del agua del área metropolitana de Barcelona está en manos de una empresa mixta, que tenía como finalidad gestionar el servicio de agua en los 36 municipios metropolitanos. Se decidió concesionar o externalizar el servicio de agua a una empresa especializada en gestionar el ciclo del agua y, en estos momentos, ese servicio es así. No somos partidarios de modificar la concesión tal como está hecha, pero sí de ver si en un futuro las cosas pueden gestionarse de mejor forma y a menor coste.
Esa colaboración público-privada es muy importante para nosotros, y no pensamos que la gestión directa del agua vaya a mejorar el servicio. El servicio es bueno, ya que se han iniciado acciones de cara a garantizar que las personas que están en una situación de vulnerabilidad o que no tienen recursos tengan el servicio garantizado. Esto debe permanecer así hasta que llegue el momento en el que se acabe la concesión, y podamos plantearnos si existen otros mecanismos u otros sistemas de gestión que sean mejores o más favorables. Pero desde luego, la colaboración público-privada es uno de los sistemas más adecuados.
P.- El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la adjudicación de ATLL. ¿Cuál es su opinión respecto a este caso?
R.- La venta de una de las empresas públicas más importantes de Cataluña fue una chapuza. Después se ha ha sometido a un proceso judicial de larguísima duración que ha tenido unos costes muy graves para la gestión de agua en alta. Se podría haber hecho mucho mejor de lo que lo que se hizo, y sinceramente, no considerábamos que la Generalitat de Cataluña tuviera que deshacerse de lo que era una empresa pública de gran valor, y hacerlo tan mal.
La posibilidad de que se retrotraiga al modelo inicial es importante, sin obviar que ha tenido unos costes, tanto en la gestión cómo económicos, que los catalanes van a tener que asumir. Es una irresponsabilidad.
P.- En relación al abastecimiento a Barcelona, y en especial tras la reciente sequía, ¿cree que los recursos complementarios son suficientes para cubrir las demandas o serían necesarias otras fuentes a medio plazo?
R.- Explorar cualquier fuente que suponga garantizar los servicios de agua en épocas de sequía es importante. Tiene que hacerse de forma preventiva, para evitar que en largos procesos de sequía nos veamos privados de un servicio esencial, básico y sobre todo público. Ahora bien, se ha invertido mucho dinero en la construcción de desaladoras que tienen un alto coste económico y ambiental, pero si realmente en algún momento tienen que ponerse en marcha para garantizar el servicio de agua, deberían utilizarse.
P.- En este sentido, ¿cómo cree que podría encajar la reutilización de agua?
R.- Todos los sistemas que trabajan en innovar para garantizar que el ciclo del agua se produzca son importantes. Es vital invertir en innovación para garantizar el reciclaje y la recuperación de agua para introducirla en el servicio de distribución y garantizar de así un servicio de agua de calidad. En este caso, hay que apostar por la innovación.
P.- En relación al Pacto Nacional del Agua, ¿cuál es la posición de Ciudadanos?
R.- El agua es un bien de interés general, y debe estar garantizado en igualdad de condiciones en todas en todos los territorios de España. A partir de ahí, debe hacerse con consenso y a través de un pacto nacional que ponga de acuerdo a todos, para qué nadie se sienta se sienta agraviado. Creemos es qué es necesaria mucha negociación y mucha pedagogía a para garantizar el abastecimiento de agua en todo el territorio nacional.
