En la jornada “El saneamiento en transición: estrategia y liderazgo para redefinir la gestión del agua”, celebrada en la Torre BAT de Bilbao y organizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con la colaboración de iAgua, Irene Morante, jefa de Área de la Dirección General del Agua, expuso la hoja de ruta que España deberá seguir para adaptar su marco jurídico y operativo a la nueva Directiva 2024/3019.
Morante presentó una intervención de especial interés para operadores, administraciones y responsables técnicos, en la que explicó cómo el MITERD estaba abordando la transposición completa de la Directiva mediante una nueva norma con rango de ley que sustituirá al Real Decreto-ley 11/1995 y a su reglamento. Subrayó que la magnitud de los nuevos requisitos —tratamiento obligatorio a partir de 1.000 h-e, nuevos límites de nutrientes, tratamiento cuaternario, neutralidad energética y planes de gestión de desbordamientos— hacía necesario un marco jurídico actualizado y coherente con el resto de regulaciones del ciclo del agua.
La representante del Ministerio detalló también el trabajo en curso para elaborar el Programa Nacional de Implementación, que España deberá presentar a la Comisión Europea el 1 de enero de 2028 e integrar con los programas autonómicos. Este documento será la referencia para diagnosticar la situación real del saneamiento, definir inversiones, priorizar actuaciones y articular la financiación necesaria para afrontar dos décadas de adaptación acelerada.
Uno de los puntos que despertó mayor interés fue el despliegue del tratamiento cuaternario y el desarrollo del sistema de responsabilidad ampliada del productor, que financiará al menos el 80% de estas instalaciones. Morante señaló que el Ministerio estaba trabajando en un protocolo para delimitar las zonas de riesgo por microcontaminación y evitar inversiones indiscriminadas, subrayando que el objetivo era implantar el cuaternario únicamente cuando existiera una justificación técnica clara.
Finalmente, destacó que la implementación exigiría una coordinación estrecha entre administraciones, operadores y sector industrial, especialmente para afrontar retos como el inventario de aglomeraciones entre 1.000 y 2.000 h-e, la adaptación de EDAR costeras, la gestión de desbordamientos y la transición hacia la neutralidad energética en 2045.
Su intervención confirmó la dimensión del cambio regulatorio que afronta España y el impacto que tendrá en la planificación, las inversiones y la gobernanza del saneamiento en las próximas décadas.
