Mesa de líderes del sector del agua: estrategias para un tiempo de transformación

A esta tensión de plazos se suma el peso económico de la norma. Desde Global Omnium, se insistió en que la Directiva llega acompañada de un incremento notable de obligaciones en ciberseguridad, digitalización y control operativo, lo que obliga a “hacer muchas cosas con muy pocos recursos”. La percepción es compartida: la carga regulatoria crece por varios frentes a la vez.

También apareció con fuerza la necesidad de alinear innovación, ingeniería y operación. Desde Aqualia se advirtió que gran parte de la innovación que el sector desarrolla —incluyendo proyectos financiados con fondos europeos— encuentra un “corte” a la hora de implantarse por las rigideces de los procedimientos de contratación pública.

Por su parte, desde ACCIONA se explicó que la empresa está rediseñando su estructura operativa para integrar I+D, digitalización y ciberseguridad en la operación diaria, anticipándose al aterrizaje completo de la Directiva.

Finalmente, la intervención del Consorci d’Aigües de Tarragona añadió una perspectiva territorial valiosa: la calidad del agua captada en el Ebro —afectada por vertidos urbanos, industriales y agrícolas a lo largo de una cuenca de más de 900 km— podría mejorar con los tratamientos cuaternarios exigidos por la nueva Directiva. Para ellos, la regulación no es solo una obligación, sino una oportunidad real para mejorar la calidad del agua suministrada.

La sostenibilidad económica, el lugar donde todo converge

En el bloque dedicado a la sostenibilidad financiera, la mesa coincidió de manera aún más explícita: el marco tarifario actual no permite asumir el nivel de inversión que exige la Directiva TARU.

La cuestión de fondo, planteada por operadores públicos y privados, es que los costes suben cada año —salarios, energía, reactivos, subcontratación— mientras que las tarifas permanecen prácticamente congeladas. Desde Aqualia se defendió que la actualización tarifaria debería ser un mecanismo técnico y automático, no un debate político recurrente, porque el modelo actual deja tanto al sector público como al privado en una posición insostenible.

El déficit estimado en 5.700 millones de euros anuales muestra que ninguna tarifa actual puede cerrar esa brecha sin un acuerdo amplio que saque el agua del ciclo político

Global Omnium aportó otro ángulo importante: incluso variaciones muy pequeñas en el recibo generan escaso rechazo social, lo que indica que el problema no es de percepción ciudadana sino de ausencia de un discurso político estable sobre el coste real del servicio. Además, insistieron en que los retrasos administrativos —como los procedimientos ambientales o de infraestructuras de residuos— añaden presión financiera al margen de la tarifa.

Desde Canal de Isabel II se explicó que, tras diez años con la tarifa congelada, la entidad ha aprobado una subida del 3% anual hasta 2030 para financiar su plan de inversiones. Este ajuste, según destacaron, no ha generado tensiones políticas y aporta certidumbre en un momento en el que la normativa multiplica la necesidad de inversión.

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia aportó una perspectiva más estructural: el déficit estimado en 5.700 millones de euros anuales muestra que ninguna tarifa actual puede cerrar esa brecha sin un acuerdo amplio que saque el agua del ciclo político y permita tomar decisiones sostenidas en el tiempo.

Por parte de ACCIONA, se recordó un punto crítico: muchas tarifas municipales no incluyen las amortizaciones técnicas de infraestructuras con varias décadas de servicio, lo que ha generado un déficit acumulado que ahora aflora con fuerza cuando la Directiva exige su modernización.

El Consorci d’Aigües de Tarragona —con un modelo de colaboración público-privada consolidado desde hace décadas— mostró cómo la recuperación íntegra de costes y la incorporación de inversiones y amortizaciones en la tarifa permiten garantizar estabilidad y continuidad del servicio. Un esquema que, según explicaron, podría ser replicable en otros territorios.

Resiliencia climática: información, anticipación e infraestructuras para un clima que ya ha cambiado

Si algo quedó claro en el bloque dedicado a resiliencia climática es que el sector ya no habla de escenarios futuros: los fenómenos extremos forman parte del presente operativo. La DANA en la Comunitat Valenciana, los episodios de lluvias torrenciales en Madrid o en el entorno de Tarragona, y la sequía severa en distintas zonas del país han puesto a prueba unas infraestructuras concebidas para un clima que ya no existe. El debate se estructuró alrededor de tres grandes ideas: información en tiempo real, anticipación operativa e inversión en infraestructuras críticas.

La inversión en infraestructuras que “no deberían funcionar nunca” sigue siendo difícil de explicar políticamente, aunque sean imprescindibles para evitar daños devastadores

El primer vector fue la necesidad de datos fiables y comunicación operativa en situaciones de crisis. La intervención de Global Omnium, cuyo equipo estuvo integrado en el CECOPI durante la DANA, ilustró con claridad lo que ocurre cuando la realidad supera a la planificación: más de 100 municipios afectados, potabilizadoras a decenas de kilómetros, redes dañadas y movilidad muy limitada. La imagen más reveladora fue la de técnicos levantando tapas de alcantarilla y clasificando colectores con rotuladores porque no había información digital disponible en tiempo real, ni planos actualizados que permitieran saber cómo estaba la red en cada punto. Ese vacío de información obligó a gestionar la emergencia con intuición y radios analógicas, y mostró que la digitalización no es un lujo, sino una condición básica para la toma de decisiones rápidas y seguras cuando los sistemas urbanos están al límite.

La segunda idea que emergió fue la capacidad de anticipación, especialmente en grandes sistemas de regulación. Canal de Isabel II, que afrontó este año un episodio de lluvias intensas durante semanas, relató cómo los 13 embalses de la cuenca del Lozoya —casi invisibles para la ciudadanía— evitaron daños aguas abajo al laminar caudales nunca vistos. Su experiencia evidenció que la resiliencia depende tanto de la infraestructura física como de contar con comunicaciones propias y sistemas de telegestión robustos: sin estos, gestionar caudales de cientos de metros cúbicos por segundo dejaría de ser una operación técnica para convertirse en un ejercicio de azar. En palabras del propio operador, la gestión en crisis es esencialmente gestión de la incertidumbre, y la incertidumbre solo se reduce con información.

El tercer eje lo abordó CABB, que recordó que fenómenos como las inundaciones del 83 —con enormes daños en Bilbao y su entorno— siguen siendo posibles. Desde Bizkaia se subrayó que la modernización de redes y tanques de tormenta avanza, pero que la inversión en infraestructuras que “no deberían funcionar nunca” sigue siendo difícil de explicar políticamente, aunque sean imprescindibles para evitar daños devastadores cuando la naturaleza se desborda. La mesa coincidió en que la discusión sobre resiliencia no puede quedar relegada detrás de debates amables sobre renaturalización urbana: los episodios extremos deben incorporarse sin complejos a la planificación de ciudad.

La sequía —el otro extremo del mismo fenómeno— centró la reflexión de Aqualia, que cuestionó la vieja división entre “zonas húmedas” y “zonas secas”. Hoy, alertaron, hay municipios del interior de Castilla-La Mancha o Castilla y León con acuíferos salinizados, mientras las lluvias torrenciales golpean a regiones históricamente consideradas “seguras”. Para garantizar suministro en este nuevo contexto, la mesa situó a la desalación y la reutilización como herramientas estructurales, y no complementarias, tanto para reducir extracciones como para asegurar recursos ante sequías prolongadas. Al mismo tiempo, se recordó que el alcantarillado urbano no puede absorber lluvias torrenciales si no se acompasa con sistemas específicos de evacuación de pluviales, un déficit que afecta a muchas ciudades españolas.

La resiliencia climática exige una combinación de infraestructura, digitalización, comunicación operativa, modelos predictivos y nuevas fuentes de recurso

Desde la ingeniería, ACCIONA introdujo un cambio conceptual clave: la necesidad de abandonar la dependencia exclusiva del “periodo de retorno”, un cálculo que pierde vigencia cuando episodios catalogados como excepcionales se repiten cada pocos meses. La alternativa es una gestión basada en sensores en colectores, pluviómetros distribuidos y modelos que integran en tiempo real la lluvia, el caudal y la capacidad de los sistemas, permitiendo pasar de la reacción a la anticipación. Además, recordaron que la nueva normativa situará la gestión del agua de lluvia —desde su captación hasta su tratamiento— en el centro de la estrategia.

Por último, el Consorci d’Aigües de Tarragona aportó la perspectiva de un sistema en alta cuyo funcionamiento depende de la estabilidad del Ebro. Episodios recientes de lluvias extremas pusieron en riesgo la captación, con turbidez tan elevada que la potabilización fue prácticamente imposible durante horas. Para proteger el suministro, el CAT está reforzando almacenamientos de agua, además de participar en proyectos europeos que estudian cómo afectará el incremento de temperatura y la alteración de caudales a los procesos de potabilización. Una evidencia más de que la resiliencia climática no es solo gestión de emergencias: también es anticipación a los efectos que el cambio climático tendrá en la calidad del agua y en los tratamientos necesarios.

La mesa coincidió en que España no puede permitirse un enfoque fragmentado. La resiliencia climática exige una combinación de infraestructura, digitalización, comunicación operativa, modelos predictivos y nuevas fuentes de recurso. Y todo ello con un mensaje compartido: el clima ya ha cambiado; ahora le toca cambiar al sistema.

Innovación y digitalización: del PERTE a un nuevo modelo operativo que ya no es opcional

La mesa coincidió de forma unánime en que la digitalización ya no es un complemento, sino una pieza estructural del modelo de gestión del agua. El PERTE ha sido un catalizador decisivo, pero las intervenciones dejaron claro que el cambio que atraviesa el sector va mucho más allá de un programa de ayudas: afecta a las infraestructuras, a la toma de decisiones y, sobre todo, a la cultura interna de las organizaciones.

El primer punto que emergió fue el salto operativo que han permitido los proyectos ligados al PERTE, pero también sus límites. Desde Global Omnium se subrayó que la digitalización ha permitido gestionar redes envejecidas con mucha más información, pero que el verdadero desafío ya no está en instalar sensores, sino en ser capaces de procesar y utilizar los datos. Lo resumieron en una idea clave: el problema no es tener datos, sino “digerirlos”. Y junto a las ventajas, apareció la advertencia: la digitalización está elevando exponencialmente la exposición a ciberataques. Con nuevas obligaciones como NIS 2, LPDP o la futura regulación europea, las empresas del agua —ya consideradas infraestructuras críticas— afrontan un riesgo que crece al mismo ritmo que sus capacidades tecnológicas.

La digitalización ha permitido gestionar redes envejecidas con mucha más información, pero que el verdadero desafío ya no está en instalar sensores, sino en ser capaces de procesar y utilizar los datos

El segundo eje fue la transformación profunda de la relación entre operador y red. Canal de Isabel II, que terminará el año con un millón de contadores inteligentes instalados y se acerca al despliegue total de 1,6 millones, explicó cómo esta infraestructura digital está cambiando la operación diaria: detección acelerada de fugas, seguimiento continuo de consumos, trazabilidad de fraudes y una visión mucho más precisa del estado del recurso. Pero también insistieron en otro aspecto: la digitalización permite reconectar al ciudadano con el servicio, rompiendo la desconexión que generan las facturas bimestrales que pasan desapercibidas. En Madrid, esta apuesta se está financiando totalmente con recursos propios —unos 200 millones de euros— tras la reorientación de los fondos europeos.

En el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, proyectos como URDATA y el nuevo centro de control avanzan gracias al impulso del PERTE, pero con una visión crítica: la fórmula competitiva entre operadores públicos y privados ha permitido “poner las pilas” a la administración, aunque la magnitud de lo que necesita el país supera con mucho los fondos disponibles. Desde el Consorcio se recordó que frente a los 2.500 millones solicitados, solo se han asignado unos 500 millones, en un contexto en el que el déficit anual del saneamiento ronda los 5.700 millones. La reflexión fue clara: el PERTE impulsa la digitalización, pero no resuelve el desequilibrio estructural de inversión.

El tercer pilar del debate fue la aceleración interna de las compañías. Aqualia explicó que los proyectos PERTE han actuado como un despertador: la empresa ha incrementado su inversión anual en digitalización, opera ya más de quinientos servicios en remoto a través de plataformas propias de IA y ha conseguido que técnicos y operarios integren estas herramientas en su día a día. No se esperan grandes ahorros inmediatos —advirtieron—, pero sí un salto en eficiencia, anticipación y calidad del servicio. El PERTE, dijeron, ha demostrado que el sector tiene capacidad para ejecutar proyectos complejos con profesionalidad y transparencia, lo que abre la puerta a futuros modelos mixtos de financiación pública y fondos europeos.

El PERTE ha demostrado que el sector tiene capacidad para ejecutar proyectos complejos con profesionalidad y transparencia, lo que abre la puerta a futuros modelos mixtos de financiación pública y fondos europeos

En el ámbito de la ingeniería y la operación de grandes infraestructuras, ACCIONA describió el PERTE como un auténtico punto de inflexión. Lo que antes estaban disperso en áreas “satélite” —IT, OT, analítica avanzada, ciberseguridad— ahora se está integrando dentro de la operación diaria. Esto significa no solo instalar sensores, sino transformar la manera en la que se planifican, operan y mantienen las plantas y las redes. La empresa lo resumió en una frase clara: “nadie puede estar ya fuera de la digitalización”. El nuevo paradigma implica mantenimiento predictivo, modelos matemáticos, telelectura masiva —en colaboración con Canal— y una reorganización interna que garantice que toda la tecnología instalada pueda explotarse de manera eficiente.

El Consorci d’Aigües de Tarragona, por su parte, mostró la dimensión más completa de esta transición: un proyecto de 23,5 millones de euros, de los cuales 9,5 millones proceden del PERTE, que ha permitido desarrollar una plataforma digital integral, integrar decisiones basadas en datos y disponer de una visión casi en tiempo real del sistema, desde la calidad del agua hasta los indicadores de sequía del Ebro. El CAT destacó dos hallazgos: primero, que la digitalización aporta beneficios operativos inmediatos; segundo, que el mantenimiento de estas plataformas implica multiplicar por tres el coste anual, lo que obliga a encontrar un equilibrio entre ambición tecnológica y sostenibilidad financiera.

El bloque concluyó con una coincidencia nítida: el PERTE ha sido un acelerador extraordinario, pero la digitalización no se detendrá cuando se ejecuten los proyectos. Al contrario, el sector entra en una fase en la que deberá mantener, actualizar y explotar todo lo que se está desplegando. Y para eso harán falta inversión estable, personal cualificado y un cambio cultural que ya está en marcha.

Hacia dónde va el sector: talento, integración, seguridad hídrica y una nueva forma de colaborar

El último bloque de la mesa, planteado como un ejercicio de síntesis, pidió a los ponentes un titular telegráfico sobre la dirección que debe tomar el sector en las próximas décadas. Las respuestas, aun desde perspectivas muy distintas, convergieron en cinco ejes estratégicos que ya no pueden posponerse.

El sector del agua es atractivo y que hay carreras brillantes que empiezan en una EDAR o en una toma de muestras y acaban liderando grandes compañías

El primero de ellos fue el talento. Desde Global Omnium, Vicente Fajardo subrayó una realidad incómoda: si en 2025 aún no se cumple totalmente la Directiva del 91, la nueva TARU —con horizontes 2035, 2040 y 2045— necesitará profesionales capaces de completarla. El dato que aportó fue revelador: en un hackathon reciente con 250 estudiantes de universidades y FP, ninguno expresó interés en trabajar en el sector del agua. El mensaje fue claro: si no somos capaces de atraer nuevas generaciones, no habrá transición posible, por más normativa o financiación que llegue.

La segunda idea que tomó fuerza fue la integración con otros sectores económicos. Mariano González, desde Canal de Isabel II, insistió en que el agua no puede seguir siendo un ámbito autorreferencial: la industria cervecera, la automoción, la papelera o cualquier actividad con un contenido hídrico relevante deben incorporarse a la gobernanza y a la conversación estratégica. “El agua es permeable”, dijo, y lo que subyace es una llamada a construir alianzas que refuercen la legitimidad del sector ante la sociedad y ante los reguladores. El futuro exige un ecosistema amplio, no un círculo cerrado.

En tercer lugar emergió la igualdad, planteada por Pedro María Barreiro, del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Lo hizo con una autocrítica explícita: la propia mesa de líderes era un ejemplo de la falta de representación femenina en los órganos directivos del agua. Aun así, señaló que el sector es atractivo y que hay carreras brillantes que empiezan en una EDAR o en una toma de muestras y acaban liderando grandes compañías. La idea central: la transición debe ser también una transición cultural hacia estructuras directivas más diversas.

La cuarta orientación estratégica fue la seguridad hídrica. Lucas Díaz, de Aqualia, planteó un horizonte ambicioso: multiplicar la reutilización de agua hasta cifras cercanas al 90 % en las próximas décadas. Su argumento fue contundente: si España logra convertir el agua depurada en un recurso plenamente disponible para riego, industria o usos recreativos, no solo se reducirá la extracción de agua de boca, sino que se sostendrá el crecimiento económico en un país que ya vive en un régimen de escasez. La seguridad hídrica, en su visión, es la condición necesaria para todo lo demás.

España sigue sin aprovechar modelos concesionales y de cooperación que funcionan desde hace décadas en otros países

Por último, Raúl González (ACCIONA) y Josep-Xavier Pujol (CAT) coincidieron en situar dos elementos transversales: la colaboración público-privada y la participación social. Raúl recordó que España sigue sin aprovechar modelos concesionales y de cooperación que funcionan desde hace décadas en otros países, pese a que permitirían financiar, diseñar y operar las infraestructuras que exige la nueva directiva. Su titular fue directo: “o abrimos la puerta a estos modelos, o no habrá músculo financiero suficiente”.

Pujol completó el argumento desde otra dimensión: la necesidad de que el agua deje de explicarse solo a sí misma. En un sector demasiado endogámico, defendió abrir la conversación a geógrafos, urbanistas, historiadores, empresas y ciudadanía, porque la legitimidad social del agua será clave para tomar decisiones difíciles en las próximas décadas.

El resultado de este último bloque fue una hoja de ruta compacta: talento, integración multisectorial, igualdad, seguridad hídrica, colaboración público-privada y participación social. Un consenso amplio que señala que la transformación del agua no será solo tecnológica o normativa, sino también humana, cultural y política.