La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) ha publicado un documento de posicionamiento sobre la trasposición de la Directiva de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU) donde celebra su aprobación, pero advierte: su cumplimiento exigirá acometer importantes inversiones.
Según estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), adaptarse a los nuevos requisitos técnicos de la Directiva —que incluyen desde tratamientos terciarios y cuaternarios hasta exigencias de eficiencia energética o control de microcontaminantes— requerirá más de 24.500 millones de euros de inversión en España, en los próximos años.
DAQUAS subraya que esta cifra evidencia tanto la envergadura del reto como el potencial transformador de la Directiva. En ese sentido, destaca que no estamos ante un ajuste menor, sino ante una oportunidad histórica para avanzar en la gestión del saneamiento urbano en clave ambiental y tecnológica.
Un sistema que parte con déficits estructurales
A pesar del avance normativo, la Asociación recuerda que España arrastra importantes retrasos en materia de depuración: aún existen numerosos núcleos urbanos —desde pequeñas localidades hasta ciudades medianas— con dificultades para cumplir los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, del año 1991.
DAQUAS subraya que esta cifra evidencia tanto la envergadura del reto como el potencial transformador de la Directiva
Además, España carece de una regulación nacional homogénea sobre saneamiento y pluviales, y presenta una gobernanza fragmentada y débil, con responsabilidades solapadas entre administraciones. A ello se suma un déficit de inversión estructural, que DAQUAS cifra ya en más de 5.700 millones de euros anuales para el conjunto del ciclo urbano del agua.
Por ello, DAQUAS resalta que, si no se corrige esta situación de partida, el riesgo de repetir errores pasados es alto.
Planificación realista y tarifas sostenibles para garantizar el cumplimiento
DAQUAS considera esencial diseñar un programa nacional de aplicación que asigne responsabilidades, priorice actuaciones y asegure los recursos necesarios. Este plan deberá ser transparente, técnicamente riguroso y alineado con los plazos fijados por la Directiva, que en el caso de las grandes depuradoras comenzarán a aplicarse a partir de 2033.
Asimismo, la Asociación insiste en que las tarifas deben reflejar los costes reales del servicio —incluyendo operación, mantenimiento, reposición y financiación de infraestructuras— para asegurar la viabilidad económica del sistema y afirma que no habrá calidad ni continuidad sin sostenibilidad financiera.
Una llamada a la acción coordinada en todos los niveles de gobierno
La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) representa a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en España. Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión moderno, eficiente y adaptado a la nueva realidad climática y normativa.
En su documento de posicionamiento, la Asociación concluye que la Directiva TARU puede ser un punto de inflexión para el saneamiento urbano en España. Sin embargo, añade que para que eso ocurra es necesario liderazgo político, cooperación institucional y una visión compartida del agua como bien público y estratégico.
Por último, DAQUAS se pone a disposición del MITECO para contribuir al diseño de una estrategia de país que garantice el cumplimiento eficaz de esta nueva normativa.
