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El Gobierno catalán afirma que es imposible anular la concesión de ATLL a Acciona

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  • Santi Vila y Andreu Mas-Colell

El Govern ha reiterado este jueves que es imposible anular la concesión de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona, debido a los graves perjuicios económicos que supondría para las arcas públicas, y ha considerado "lógico" que, dada la envergadura de esta operación, el proceso se haya judicializado.

En una comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament forzada por la oposición, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, y el de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, han insistido en las explicaciones dadas hasta la fecha, y han destacado que hasta el momento los tribunales no han valorado el fondo de la cuestión ni han emitido una sentencia firme, por lo que sigue vigente la gestión iniciada por Acciona en enero.

Mas-Colell ha insistido en que el Govern está convencido de que el proceso de externalización se hizo correctamente y ha detallado que, mientras sigan su curso todos los procesos judiciales, el Govern tratará de preservar el buen funcionamiento del servicio, lo que requiere "la estabilidad y el mantenimiento de la situación actual".

El Govern concedió a Acciona en noviembre del año pasado la gestión de ATLL, en detrimento de Agbar, y, aunque desde entonces el proceso está en los tribunales, la Generalitat pudo contabilizar en los Presupuestos de 2012 los 1.000 millones de euros que se abonarán durante 50 años.

Vila ha reconocido los reveses para la Generalitat del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) y de las dos interlocutorias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), aunque ha defendido que los motivos que se esgrimen para considerar nula la oferta de Acciona serían los mismos en el caso de Agbar.

Por tanto, según él, revertir el proceso "no es posible ni es deseable", y por eso la Generalitat seguirá litigando hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y haya una sentencia firme --ha insistido--, ya que las compensaciones económicas que se derivarían de anular el proceso son muy graves, los 1.000 millones ya están contabilizados en las cuentas de 2012 y los primeros 300 millones recibidos ya están gastados.

Andreu Mas-Colell ha destacado que la venta de ATLL permitió reducir el déficit "de forma considerable", que la empresa arrastraba una deuda que la hacía insostenible, y que, a pesar de eso, la titularidad de los activos seguirá siendo pública.

"Si por cualquier razón tuviéramos que pagar estos 300 millones, habría que sacarlos de algún sitio donde hacen mucha falta", ha justificado, por lo que ha invitado a la oposición a ser paciente y esperar hasta el final del proceso judicial, al entender que eso es lo más responsable.

Corregir el proceso

El diputado de ERC Marc Sanglas ha cuestionado que el proceso estuviera tan bien diseñado como defiende el Govern, destacando además que la concesión de la gestión hídrica a una empresa privada no es el modelo de su partido, por lo que cuestiona si es necesario recurrir continuamente en los tribunales: "La revisión de todo el proceso sería deseable".

Jordi Terrades (PSC) ha ido más allá y ha pedido al Govern que anule todo el proceso, para que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ayude a la recuperación económica de la ATLL mediante su gestión pública, y ha reclamado saber los costes de paralizar el contrato actual con Acciona si así lo deciden los tribunales.

El popular José Antonio Coto ha preguntado al conseller Mas-Colell si asumirá las responsabilidades políticas en caso de que los tribunales decidan que la adjudicación se ha hecho mal, porque "ha estado presente en todo el proceso".

Salvador Milà (ICV-EUiA) ha opinado que el Govern ha machacado al Oarcc por ir "contra los intereses cortoplacistas" de la Generalitat, pese a haber alabado antes su existencia como prueba de transparencia del Ejecutivo catalán en la adjudicación de concursos públicos.

Albert Rivera (C's) ha pedido a la Generalitat que rectifique los errores que señalan los tribunales para evitar mayores perjuicios económicos, y ha advertido de que hay desconfianza de los inversores en Catalunya por miedo a la inseguridad jurídica.

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