(Xunta.es) El Gobierno gallego acaba de completar la Ley de aguas de Galicia con el decreto que regulará el procedimiento para la ejecución de obras hidráulicas y la explotación de depuradoras por parte de la Xunta.
El Consello aprobó hoy remitir dicho decreto al Consello Consultivo para informe preceptivo, según informó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que con este trámite se cierra “el desarrollo de la Ley de aguas, con el compromiso de intentar mejorar toda la administración hidráulica de Galicia, con el compromiso de ayudar a las entidades locales que así lo solicitan y también con el deber de que la Xunta pueda intervenir en el supuesto de que haya una dejación de funciones de la administración local”.
El presidente gallego subrayó que la normativa redundará “en la agilización de los procedimientos de las depuradoras declaradas de interés de la CCAA” y resaltó como “novedad” la posibilidad de que la Xunta asuma la explotación de aquellas infraestructuras hidráulicas que bien no funcionan, o que bien funcionan pero no con toda su capacidad completa.
Este decreto es el cuarto que aprueba la Xunta en desarrollo de la Ley de aguas aprobada en esta legislatura, y que se añade al Estatuto de Augas de Galicia, al reglamento marco de los servicios de reglamento y depuración y al reglamento del canon de agua ya puestos en marcha.
El decreto de coordinación de la administración hidráulica ahora en trámite prevé cuatro escenarios de colaboración. Según detalló, se trata de la colaboración entre la Xunta y los ayuntamientos para la ejecución de obras hidráulicas de competencia municipal, la ejecución de obras hidráulicas declaradas como de interés de la comunidad autónoma, la coordinación para la asunción de explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales y, por último, también se prevé la intervención directa de la Xunta en aquellos casos de “insuficiencia en la explotación de los servicios”.
El presidente de la Xunta recordó que su Gobierno lleva invertidos desde el año 96 unos 900 millones en obras de titularidad municipal y redactó unos 350 estudios la petición de los ayuntamientos para mejorar sus instalaciones hidráulicas. Por lo tanto, justificó la necesidad de este decreto para ahondar en la colaboración y contar con un procedimiento “ perfectamente protocolizado y conocido por las partes”, así como para otorgar “mayor seguridad”, sobre todo en lo que respeta a la disponibilidad de los terrenos y a la obtención de autorizaciones y a la compatibilidad de las actuaciones con los planeamientos.
Según explicó “desde el punto de vista organizativo, la novedad es dar prioridad a aquellas actuaciones promovidas por entidades locales supramunicipales, y, por lo tanto, la apuesta de la Xunta por compartir servicios es firme”, ya que añadió que “todos los municipios que compartan servicios tendrán una prioridad desde el punto de vista de la financiación, o cofinanciamento de sus obras hidráulicas”.
Asimismo, el decreto contempla la declaración de obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma, lo que aminorará trámites administrativos tanto en lo que respecta a la autorización de permisos como a la puesta a disposición de terrenos, entre otros.
Feijóo avanzó que la Xunta de Galicia “explota o explotará en los próximos meses” un total de 26 depuradoras de aguas residuales urbanas, lo que según dijo, “crea un agravio comparativo con el resto de las más de 150 depuradoras que existen en ayuntamientos de más de 2.000 habitantes”. A este respeto el decreto establecerá un “sistema homogéneo” de acuerdo de explotación con la Xunta para los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes que así lo requieran.
No obstante, la normativa también contemplará supuestos excepcionales como la intervención de la Xunta cuando se compruebe la imposibilidad por parte de un ayuntamiento de cumplir con sus deberes. En este caso –explicó el presidente- “la Xunta puede intervenir directamente”. “Estamos hablando en los supuestos de analíticas de aguas suministrada en los depósitos de cabecera, que incumplan reiteradamente los parámetros establecidos en la normativa. Estamos hablando en el supuesto de que haya cortes periódicos en los suministros, o reducción ostensible en la presión, o vertidos de aguas residuales depuradas, así como en los supuestos en que no realicen las tareas de conservación y mantenimiento adecuadas de las infraestructuras hidráulicas”, explicó.
