(EuropaPress) Las Cortes Generales han pedido al Tribunal de Cuentas que elabore informes de fiscalización de todos los organismos de titularidad pública y producción de agua potable, así como de los concesionales, de las siete islas canarias entre los años 2007 y 2011.
Por otro lado, se ha pedido al Tribunal de Cuentas que elabore informes de fiscalización de las inversiones y gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en las localidades de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga, así como de las inversiones efectuadas por FEVE entre los años 2005 y 2012.
La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reunida este martes en el Congreso, ha aprobado estas solicitudes de realización de informes por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, aunque el PSOE ha mostrado su malestar dado el rechazo del PP a ampliar el ámbito de la fiscalización.
Han pedido informes de fiscalización de los organismos de titularidad pública y producción de agua potable de Canarias entre los años 2007 y 2011.
En concreto, el PP ha pedido una fiscalización de las inversiones y gastos de mantenimiento de los tranvías construidos o proyectados en la localidad madrileña de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga como un ejercicio de transparencia. "Queremos poder explicar a los ciudadanos estas inversiones tan alegres", ha reivindicado el representante 'popular' en la comisión.
Aunque el diputado del PSOE Manuel Pezzi ha garantizado el apoyo de su grupo parlamentario a todas las iniciativas relacionadas con ampliar la transparencia, ha preguntado al PP por qué no ha incluido en la petición los tranvías de otras ciudades gobernadas por los 'populares', como el Metro Ligero Oeste de Madrid o el tranvía de Murcia. Por ello, ha avanzado que su grupo parlamentario presentará una propuesta particular para el Metro Ligero de Madrid, que considera "la joya de la corona".
Lo mismo ha sucedido con la petición del PP de fiscalización de las inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones situadas en León y Asturias y para adquisición de trenes u otros vehículos de transporte con destino a estas líneas.
Aunque la iniciativa ha recibido el respaldo de todas las formaciones, el PSOE había pedido que la fiscalización se realizase desde el año 2000 y no sólo durante el periodo de gobierno de los socialistas. "No sean sectarios", han pedido los socialistas al PP.
