(ICV) El diputado de ICV-EUiA, Salvador Milà, ha explicado que la denuncia pide que la Comisión abra un expediente para determinar la existencia de graves infracciones en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas y en el mismo procedimiento seguido para la concesión de la gestión privada del sistema Ter-Llobregat de abastecimiento de agua en alta en la Región metropolitana de Barcelona. "Estas infracciones lo serían en relación a varias directivas europeas: de evaluación ambiental de planes y programas, la directiva marco del agua, y la directiva de información y participación ciudadana en procedimientos con incidencia medioambiental", ha explicado el diputado.
Así, en la denuncia se pone de relieve que la concesión de ATLL tiene una gran trascendencia en el ciclo del agua y en el medio ambiente de Cataluña en la medida en que condiciona la captación y distribución de más de 243'8 hm3 de agua cada año, prioriza la captación de los recursos de los ríos y aguas subálveas en relación al agua de las desaladoras, prevé continuar captando agua del Ter hacia Barcelona y no excluye la existencia de posibles trasvases, sin tener en cuenta los efectos del cambio climático en los próximos 40 años. "Todas estas circunstancias obligaban a hacer una previa evaluación ambiental de las condiciones de la concesión, respetar los condicionantes de la directiva marco del agua y abrir un proceso de información y participación ciudadanas, algo que el Gobierno no ha hecho", criticado Milán.
De la misma manera, la denuncia expresa que en la privatización "han primado claramente las consideraciones económicas - rentabilidad de la concesión, menor coste de captación o producción del agua-por encima de las medioambientales, climáticas o vinculadas a las directivas de aguas ". "El agua no puede ser tratada como un bien comercial más como los otros sino como un bien común que debe protegerse defender y tratar como tal y eso la concesión no lo respeta", ha recordado Milán a la vez que ha puesto de manifiesto que el abastecimiento de agua es un servicio de interés general, que recientemente la Comisión Europea ha acordado excluir de la directiva de concesión privada de servicios público estratégicos, atendiendo a la Iniciativa Ciudadana Europea para preservar el agua de procesos de privatización , en tanto que los gobiernos como el de Cataluña y la Troika siguen defendiendo.
