X Legislatura: Cuatro años en los que no llovió a gusto de todos

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    Isabel García Tejerina y Miguel Arias Cañete

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El 21 de diciembre de 2011, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la composición del primer gabinete de la X Legislatura de nuestra Democracia, un Consejo compuesto por 13 ministros entre los que emergía un clásico sectorial, Miguel Arias Cañete, como Ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. Desaparecía nominalmente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, quedaron reubicadas las competencias de Medio Ambiente en una Secretaría de Estado, que incluiría la Dirección General del Agua, para devolver a la “Casa” a una denominación más del gusto “Popular”, cuestión ésta que, diciendo poco, dice mucho, porque cada cuatro años se rebautiza a la criatura.

El 30 de diciembre, casi escuchando las estertóreas campanadas del año, Federico Ramos de Armas fue nombrado Secretario de Estado de Medio Ambiente, un abogado del Estado que desempeñaba hasta entonces el cargo de Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. No hubo tiempo para más, nos fuimos todos a comernos el turrón con la esperanza de que el 2012 fuera, por fin, el anhelado año de la recuperación.

Arias Cañete arrancó ejercicio y Legislatura asegurando que se abordaría el Pacto Nacional del Agua, sobre una nueva programación de inversiones y actuaciones, para la configuración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional. Para ello, adelantó, se mejoraría la coordinación con las Confederaciones Hidrográficas y con las Sociedades de Aguas. También se puso la tarea de revisar todos los planes de demarcación hidrográfica y potenciar la reutilización y depuración de las aguas para cumplir con la legislación europea.

¿Trasvases? "Yo no he hablado de trasvases. He hablado de un Pacto Nacional del Agua que debe desembocar en un nuevo Plan Hidrológico" aclaró a la Periodista Ana Pastor en Los Desayunos de TVE, quizá para ahuyentar su resolutiva disposición a realizar el Trasvase del Ebro «por lo civil o por lo militar» cuando el MAGRAMA era MAPYA.

Acuerdo por el Memorandum de Entendimiento del Trasvase Tajo-Segura

El ministro Miguel Arias Cañete sostenía desde el inicio de Legislatura que el “nuevo” plan hidrológico sería distinto al anterior porque en el pasado hubo "apogeo de disponibilidad de fondos estructurales comunitarios", a diferencia del momento actual, por lo que, adelantaba, se acudirá "mucho más a la participación público-privada" en los proyectos.

Mediado aquel 2012, se celebró la primera reunión del Consejo Nacional del Agua, donde se volvió a escuchar la letanía de esta X Legislatura: “se pretende finalizar el proceso de Planificación Hidrológica y conseguir un gran Pacto Nacional del Agua” y que el resultado de ese pacto sería la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que contemplaría los acuerdos, materializando sus objetivos y recogiendo el trabajo desarrollado en la aprobación de los planes de las 25 demarcaciones existentes en España.

Una vez logrado cerrar el círculo de la planificación, se subrayaba, sería necesario la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas que asegurasen la suficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso; para todo lo cual se priorizarían las inversiones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, buscando fórmulas que posibilitaran la participación del capital privado, últimamente muy cauto frente a los retornos regulados.

La letanía de esta X Legislatura: “se pretende finalizar el proceso de Planificación Hidrológica y conseguir un gran Pacto Nacional del Agua”

Planteados quedaron los retos de la Legislatura, se nombró, en septiembre, a una nueva Directora General del Agua: Liana Ardiles López, en sustitución de Juan Urbano López de Meneses, que tan sólo alcanzó 9 meses en el cargo. Liana es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y a la sazón ejercía de jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.

Y fue ya a finales de abril de 2014 cuando el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nombrara ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la secretaria general del Departamento, Isabel García Tejerina, en sustitución de Miguel Arias Cañete, que se marcharía a Bruselas convertido en feliz Comisario de Acción por el Clima y Energía. La nueva Ministra, que mantuvo la línea iniciada por su antecesor, fue asesora ejecutiva de los gabinetes de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación: Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias, por lo que tanto su experiencia, como su solvencia quedaban fuera de toda duda.

En septiembre de 2012, el Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el proyecto de Real Decreto por el que se modifican tanto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986), como el Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, con la finalidad de crear un marco normativo común, a fin de evitar situaciones discriminatorias entre las distintas cuencas hidrográficas, en desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Así, el contenido relativo a la protección y utilización del Dominio Público Hidráulico se vincula al que prevean los futuros planes hidrológicos de demarcación, garantizando un régimen jurídico homogéneo en las distintas demarcaciones hidrográficas en toda España. La modificación al Real Decreto 509/1996 de adaptación al régimen sobre vertidos de aguas pluviales pretende, por su parte, adaptar su redacción para recoger con mayor fidelidad el texto de la Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Miguel Arias Cañete

Planes hidrológicos: De cuenca sí, nacional no

El 13 de diciembre de 2012 se dio un paso importante: el Consejo Nacional del Agua aprobó los planes hidrológicos de cuatro demarcaciones hidrográficas, dando así luz verde a los planes de las cuencas del Guadalquivir, del Guadiana y del Cantábrico Occidental y Oriental; con lo que eran nueve los que contaban con el informe favorable para su aprobación por el Gobierno, puesto que las cuatro aprobadas se suman a los planes de las demarcaciones Galicia-Costa, Miño-Sil, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados en junio. El Ministro destacaba el esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno para poder cumplir con el objetivo de aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado, intercomunitarias, en 2013 –inicialmente debían estar aprobados en 2009–, así como para impulsar la aprobación del mayor número de planes de las cuencas intracomunitarias por parte de las Comunidades Autónomas, a las que espoleaba para que agilizaran al máximo sus procesos en aras de cumplir con la Directiva europea. Todavía quedaba mucho trabajo por realizar; el Ministro Arias Cañete confiaba en que el Plan Hidrológico Nacional sería aprobado antes del final de la legislatura. Es cierto no se trataba de una tarea sencilla y que se han producido grandes avances; pero el objetivo final no se ha alcanzado.

Cañete confiaba en que el PHN sería aprobado antes del final de la legislatura, es cierto no se trataba de una tarea sencilla y que se han producido grandes avances; pero el objetivo final no se ha alcanzado

España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas: en trece, la planificación compete a las Comunidades Autónomas, por discurrir íntegramente dentro de un sólo ámbito territorial autonómico. Las doce restantes son competencia de la Administración General del Estado, puesto que abarcan territorios de más de una Comunidad.

El pasado 28 de octubre, el Consejo Nacional del Agua informó favorablemente Del Real Decreto de aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación (2016-2021) de las demarcaciones del Cantábrico. Este informe favorable se sumaba al que ya obtuvieron el resto de los planes hidrológicos de competencia estatal, paso previo para que puedan presentarse a Consejo de Ministros para su aprobación y cumplir así con el plazo marcado por la Directiva Marco del Agua, que establecía que estos planes de segundo ciclo habrían de estar aprobados antes de que finalizara 2015.

Pero, finalmente, España no cuenta un gran Pacto del Agua que otorgue el fundamento necesario para alcanzar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que planifique el uso y los diferentes aprovechamientos del recurso a través de la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca, y que permita establecer las condiciones de transferencias entre ámbitos territoriales.

Otra pieza clave para haber podido definir bien los aprovechamientos y concluir el Plan Hidrológico Nacional también se ha quedado en sin publicar: se trata del nuevo Plan Nacional de Regadíos, imprescindible para la modernización de las actuales zonas regables, cuyas infraestructuras podría ser mucho más eficientes tanto desde un punto de vista técnico como energético, así como para la finalización de las transformaciones de secano en regadío.

Desde que en el año 2000 se iniciara el proceso de modernización de regadíos, se han hecho grandes progresos, como la modernización de cerca de 1,5 millones de hectáreas con una inversión pública de 3.000 millones de euros y una inversión privada de entre 1.500 y 2.000 millones, con lo que se ha conseguido el aumento de un millón de hectáreas de superficie regada por goteo en España hasta alcanzar, en la actualidad 1,6 millones de hectáreas, lo que supone el 47,2% del total de los sistemas de riego. Gracias a todo este proceso, se ha conseguido un ahorro de agua que se cifra en más de 3.000 hectómetros cúbicos. El ministro Arias Cañete consideraba preciso continuar con la esta política de modernización a través de la implantación de las nuevas tecnologías de riego, en particular las basadas en el telecontrol, además de procurar implantar tecnologías que favorezcan tanto el ahorro de agua como la optimización de los consumos energéticos, algo que facilitan las renovables y los fondos europeos.

Federico Ramos de Armas

Desalación: sin cuadrar el círculo

Desde su toma de posesión como Ministro, Arias Cañete se lamentaba casi a diario de que el programa de construcción de desaladoras iniciado por el anterior Ejecutivo ni era sostenible ni se había cumplido, y como solución se propuso la misión de diseñar un plan para integrar estas desaladoras en el sistema de abastecimiento de agua, buscando para ello consensos políticos y territoriales.

Fue en Marzo de 2013 cuando el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, comparece ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, donde expuso pormenorizadamente lo hecho y lo que quedaba por hacer en desalación. Informó de que la inversión de los Gobiernos de España en las 51 desaladoras previstas ascendía a 1.830 millones de euros: 981 corresponde a las 27 desaladoras que estaban en explotación, 841 millones a las 13 desaladoras aún en construcción y 8 millones a las 11 actuaciones que no se habían comenzado a ejecutar.

Federico Ramos: “Este Gobierno no critica la técnica de desalación, sin duda una buena opción según sean las situaciones que se presenten. Lo que sí criticamos es la falta de planificación que ha habido”

Ramos aclaró que, para poder explotar las desaladoras aún en construcción y las que aún no se han empezado a ejecutar, se requerirán otros 499 millones de euros adicionales,113 para las que están en construcción y 386 para el resto, a los que habría que añadir los 212 millones de euros necesarios para que las plantas en explotación fueran plenamente operativas, ya que faltaban por ejecutar conducciones. En definitiva, se necesitaban 711 millones de euros de inversión para poder finalizar el programa de desaladoras que, sumado a la inversión ya realizada, elevaba la inversión total a 2.541 millones de euros. “Este Gobierno no critica la técnica de desalación, sin duda una buena opción según sean las situaciones que se presenten. Lo que sí criticamos es la falta de planificación que ha habido para la puesta en marcha de dichas desaladoras por parte de la anterior Administración”, aclaró Federico Ramos.

La completa integración de las desaladoras continúa siendo una asignatura pendiente y difícil de aprobar, ya que los costes de desalación son disuasorios: en 2014, Arias Cañete estimaba en un euro el metro cúbico de agua desalada. La energía es el nudo gordiano que impide alcanzar precios más accesibles, por lo que el Ministerio ha recurrido a medidas coyunturales que, sin solucionar la cuestión, aportan un auxilio frente a la sequía. Así, hace unos meses, la Ministra Isabel García Tejerina anunció que el Ministerio establecía un precio rebajado de 0,30 euros por metro cúbico para el agua que se fuera a producir en la desaladora de Torrevieja (Alicante), durante el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, lo que supondrá un total de 30 hectómetros cúbicos de agua que se van a aportar al sistema, con un coste para el Ministerio de 6 millones de euros. Asimismo, García Tejerina adelantó que el Ministerio había decidido una ayuda de 0,10 euros por metro cúbico para los regantes que usan el agua de la desaladora de Valdelentisco (Murcia), durante un plazo de 6 meses. En total, serán 20 hectómetros cúbicos de agua, con un coste para el Ministerio de 2 millones de euros.

Desaladora de Torrevieja

Trasvase Tajo-Segura, un cierre en falso

A la espera del gran Pacto del Agua que alumbre un nuevo Plan Hidrológico Nacional, las necesidades del recurso continúan siendo en muchos lugares perentorias y la sequía ha subrayado la necesidad de avanzar con mayor rapidez hacía una solución integral. La segunda parte de la Legislatura estuvo trufada de trasvases para saciar a la sedienta España seca.

Arias Cañete adelantó que el trasvase Tajo-Segura tendría rango de ley porque así se evitarían las presiones coyunturales en las tomas de decisiones y se podría objetivar una decisión que hasta ahora no tenía carácter normativo y que era fuente permanente de conflictos entre territorios en los últimos años.

Así, en septiembre de 2014, el Consejo de Ministros da su visto bueno al Real Decreto por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura, atendiendo los requerimientos establecidos en las disposiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Se establecen las garantías para cubrir las necesidades de la cuenca cedente y, una vez cubiertas, regular el agua que se trasvasa; en disposición adicional prevé que las magnitudes básicas definitorias del trasvase puedan ser revisadas por Real Decreto, a propuesta del Ministerio competente en materia de aguas.

Otra pieza clave también se ha quedado en sin publicar, se trata del nuevo Plan Nacional de Regadíos

El acuerdo, que se recoge en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, fue escenificado por el Gobierno y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo, a la sazón todas gobernadas por el PP, que calificaron como “histórico” este acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura: Castilla-La Mancha conseguía elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400; Valencia y Murcia lograban que la continuidad del trasvase tuviera rango de ley y se garantizan mayores trasvases siempre que lloviera. Pero esta Pax saltó por los aires tras las pasadas Elecciones Autonómicas, con unas condiciones hidrológicas de nivel 3, lo que significa "situación hidrológica excepcional". El nuevo Ejecutivo de Castilla-La Mancha, PSOE, pedía la paralización inmediata de los trasvases al río Segura y denunciaba que la reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, estaba ya por debajo del límite marcado para desembalsar, mientras que el Gobierno Rajoy argumentaba que el nivel de referencia en 2015 es de 304 hectómetros cúbicos e indicaba que la Ley de Evaluación Ambiental establecía, efectivamente, en 400 Hm3 el nivel de referencia para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo, pero que se fijó un régimen transitorio para alcanzar progresivamente ese nivel en un máximo de cinco años, siendo el nivel de referencia durante 2015 es de 304 Hm3.

Un nuevo frente para la Ministra García Tejerina y para Pablo Saavedra, que fue nombrado, el pasado mes de junio, nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, en sustitución de Federico Ramos de Armas. Saavedra era hasta su asumir su nueva responsabilidad, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Isabel García Tejerina

Inundaciones, un panorama desolador

Si durante la segunda mitad de la legislatura, la sequía amenaza al sureste peninsular, a principios de este último ejercicio se registraron precipitaciones torrenciales que causaron estragos en muchos territorios. El Ejecutivo actuó con celeridad con un Decreto-Ley “abierto a futuras indemnizaciones o reparaciones” para paliar los efectos negativos de estos fenómenos catastróficos, que en muchos lugares dejaron las precipitaciones más altas jamás registradas junto a un prematuro deshielo.

Ante estas circunstancias, García Tejerina recordaba la necesidad de seguir trabajando en una buena gestión del agua, mejorando las infraestructuras hídricas, muchas de ellas afectadas por los temporales. En marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dispuso 70,1 millones de euros para la reparación de los daños ocasionados por el temporal de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, que provocaron el desbordamiento de ríos, especialmente el Ebro, ocasionando cuantiosos daños materiales. De esta cantidad, 43,5 millones de euros estaban destinados a reparar los daños en el dominio público hidráulico. Resultaron especialmente dañadas las cuencas del Ebro, Duero, Júcar, Miño-Sil y Cantábrico. Unas acciones, que tal y como se previó, fueron ampliadas en el mes de septiembre con nuevas actuaciones una vez reducidos los caudales en circulación en los ríos, para la consolidación y terminación de las intervenciones provisionales llevadas a cabo anteriormente.

Depuración y saneamiento. Mucho hecho, pero mucho por hacer

El 15% de la población española todavía no depura adecuadamente sus aguas: cuatro millones de habitantes en unas seis mil pequeñas aglomeraciones dispersas, de menos de 2.000 habitantes, sin recursos técnicos ni económicos, que carecen de depuradoras o no las mantiene adecuadamente.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también se lamentó a lo largo de su mandato por los incumplimientos en materia de depuración de aguas, lo que supone para España sanciones millonarias por el infringir la Directiva Marco del Agua. Para paliar esta situación, el MAGRAMA identificó, en 2014, 400 actuaciones valoradas en más de 1.100 millones de euros. En los Presupuestos para 2014 se incluyeron unas inversiones de 156 millones de euros destinados a estaciones depuradoras de aguas residuales, que engrosaban los 661 millones que invertirán las sociedades estatales de agua en mejoras de abastecimiento y depuración.

A través del Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan CRECE), el Gobierno de España anunció que tenía previsto invertir, con la ayuda de la cofinanciación europea, un total 1.000 millones de euros para avanzar en materia de depuración, en actuaciones destinadas a conseguir una optimización de las infraestructuras de saneamiento y depuración, en beneficio del bienestar de los ciudadanos y de los ecosistemas.

AEAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, ha señalado que iniciativas deberían ponerse en marcha durante los próximos cuatro años: la realización de un esfuerzo inversor sostenido para renovación de infraestructuras; el avance en la “recuperación de costes” en los servicios de agua urbana; el establecimiento de un “Regulador” general que permitirá una mayor transparencia y participación ciudadana; y el impulso de las nuevas tecnologías y la I+D+i.

Liana Ardiles López

Inversión a la baja

Arias Cañete creó un grupo de trabajo para analizar cuáles eran las necesidades de financiación del sector del agua, con el objetivo de revisar el actual régimen económico-financiero, sobre todo teniendo la incorporación de las llamadas fuentes no convencionales, como la reutilización y la desalación, señalando que las conclusiones de este grupo desembocarían en una futura reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que establecería un marco económico-financiero para dotar de recursos suficientes al conjunto del sistema del agua en España.

La inversión en materia de agua sigue en mínimos históricos, el sector del agua no encuentra el aliento necesario en los presupuestos de 2016

Sin embargo, la inversión en materia de agua sigue en mínimos históricos, el sector del agua no encuentra el aliento necesario en los presupuestos de 2016, puesto que la inversión en el Programa 452A, destinado a la Gestión e Infraestructuras del Agua baja un 16% para situarse en los 1.163 millones de euros, mientras que el Programa 456A, dedicado a la Calidad del Agua, desciende un 2,8 % hasta los 243 millones de euros.

Las inversiones en gestión y calidad de las aguas en la Legislatura han sido: 1.373 millones de euros en 2012; 1.237 en 2013; 1.587 en 2014; 1.637 en 2015; y los anunciados 1.408 millones de euros previstos para 2016. Entre 2005 y 2010, estas partidas superaron con holgura los 2.000 millones de euros, por lo que la diferencia acumulada ha sido muy sensible en un escenario de recortes generalizados, en los que ni el MAGRAMA ni las partidas destinas al recurso serían excepción.

Para abordar la política hidrológica, el ministro Arias Cañete consideraba necesario impulsar importantes reformas estructurales de carácter normativo, como el Anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano, que finalmente no vio la luz y cuya finalidad era regular de forma conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua de uso urbano; o la Ley de participación público-privada, a través de la que pretendía impulsar la configuración de un sistema nacional del agua que incluyera todos los usos e integrara todos los recursos convencionales, desalación y reutilización. Esta aspiración de potenciar la colaboración con las empresas privadas con las administraciones, dio origen a la denominada Marca Agua España, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la web Spain Technology del ICEX para dar a conocer la excelencia de los sectores público y privado en la gestión del ciclo del agua. Lo cierto es que el sector español de tecnologías y gestión del agua ya se había granjeado un prestigio internacional indiscutible en el panorama internacional, aun siendo loable la tarea de MAGRAMA y del ICEX, el tradicional buen hacer en el mercado internacional de las compañías españolas del sector agua han servido también como reclamo de nuestra marca país.

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