Cómo FACSA analiza los extremos climáticos que están poniendo al límite el agua

Desde el inicio, el mensaje fue claro: la realidad climática avanza más rápido que la planificación hidrológica, diseñada para un clima que ya no existe. Sequías más largas e intensas, lluvias torrenciales cada vez más frecuentes e inundaciones con mayor capacidad destructiva están alterando no solo la disponibilidad del agua, sino también su calidad, su gobernanza y la estabilidad de los servicios urbanos.

España ante un escenario de vulnerabilidad creciente

Claramonte contextualizó el análisis en el caso español, uno de los países europeos más expuestos a los efectos del cambio climático. Según los datos presentados, el 74 % del territorio está en riesgo de desertificación, los embalses han llegado a situarse en episodios recientes en torno al 15 % de su capacidad, y se registran eventos de lluvias extremas que superan los 700 l/m², colapsando infraestructuras diseñadas para escenarios mucho menos severos.

Esta vulnerabilidad queda reflejada también en los índices internacionales. España fue el quinto país más afectado por fenómenos climáticos extremos en 2022 y el octavo entre 1993 y 2022, según el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch. Para Claramonte, estos datos no deben interpretarse como episodios excepcionales, sino como una tendencia estructural que obliga a revisar cómo se planifica, se invierte y se gestiona el ciclo urbano del agua.

El impacto de estos extremos va más allá de la cantidad de recurso disponible. El ponente enumeró efectos directos sobre la contaminación y salinización de acuíferos, la proliferación de patógenos en situaciones de estancamiento, los daños en infraestructuras hidráulicas, la pérdida de servicios ecosistémicos y el aumento de la inseguridad hídrica, con consecuencias sociales y territoriales cada vez más evidentes.

El coste real de no actuar

Uno de los bloques más contundentes de la ponencia fue el dedicado al coste de la inacción. Claramonte insistió en que no actuar no es una opción neutra ni barata. A nivel global, los fenómenos extremos han generado pérdidas económicas cercanas a los 3 billones de dólares entre 2000 y 2019, a las que se suman 320.000 millones de dólares solo en 2024. En el caso español, las pérdidas acumuladas entre 1980 y 2023 superan los 95.000 millones de euros.

A estos datos se añaden ejemplos recientes, como la DANA en la Comunitat Valenciana, con una estimación de 17.000 millones de euros en daños, que condicionarán durante años los presupuestos públicos destinados a otros servicios esenciales. Pero más allá de los impactos inmediatos, Claramonte subrayó la existencia de costes indirectos y a largo plazo: degradación ambiental, desertificación, pérdida de biodiversidad, sobrecarga institucional, tensiones sociales, migraciones climáticas y deterioro de la confianza ciudadana en la gestión pública.

La alteración de la disponibilidad y previsibilidad del agua, advirtió, intensifica la competencia entre sectores —urbano, agrícola, industrial, energético y ambiental— y entre territorios, poniendo en crisis mecanismos de reparto que ya eran frágiles antes del cambio climático.

Retos estructurales y necesidad de adaptación

Desde esta radiografía, Claramonte identificó varios retos estructurales que explican por qué la gestión del agua no está respondiendo adecuadamente al nuevo contexto. Entre ellos, destacó el diseño de infraestructuras basado en criterios de retorno que ya no son válidos, la fragmentación de competencias en la gobernanza del agua, la falta de anticipación y los problemas recurrentes de financiación.

En este punto, defendió la necesidad de integrar el riesgo climático en la planificación hidrológica, incorporando matrices de riesgo que evalúen exposición, peligrosidad e impacto, de forma similar a lo que ya se hace en otros ámbitos del sector. Esta revisión debe ir acompañada de una apertura a soluciones basadas en la naturaleza, complementarias a las infraestructuras grises tradicionales, para gestionar de forma controlada fenómenos como las inundaciones.

La financiación apareció como uno de los grandes cuellos de botella. Claramonte señaló que, sin impulsos extraordinarios como los fondos europeos, muchas de las transformaciones necesarias se dilatarían décadas. Por ello, abogó por explorar nuevos modelos de financiación y colaboración público-privada, capaces de sostener inversiones continuas en resiliencia.

Tecnología y cultura del riesgo como palancas de resiliencia

Aunque la ponencia no tuvo un enfoque exclusivamente digital, Claramonte dejó claro que la digitalización es una herramienta clave para construir resiliencia hídrica. Desde FACSA, explicó, se trabaja en planificación y diseño adaptativo mediante modelos hidráulicos, gemelos digitales y simulación de escenarios extremos, así como en la gestión inteligente de infraestructuras críticas a través de telecontrol, monitorización en tiempo real y mantenimiento predictivo.

No obstante, Claramonte insistió en que la tecnología, por sí sola, no es suficiente. Es imprescindible desarrollar una cultura pública del riesgo, capaz de asumir las alertas tempranas, entender la gravedad de los avisos y actuar de forma responsable. En su opinión, este cambio cultural debe apoyarse en educación, sensibilización y gobernanza participativa, integrando a todos los actores, especialmente a las comunidades más vulnerables.

A lo largo de su intervención, el director general de FACSA defendió que invertir en resiliencia hídrica es invertir en bienestar, competitividad y sostenibilidad, y que posponer las decisiones solo incrementa los costes futuros. Integrado en el discurso desde el inicio, el mensaje final fue que afrontar los extremos climáticos exige visión a largo plazo, flexibilidad institucional y un uso inteligente de la tecnología para anticiparse, no solo para reaccionar