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Los retos económicos de la implementación de la Directiva Marco del Agua

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Sobre la Entidad

Fundación Botín
El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un think tank multidisciplinario se propone contribuir a la mejora de la gestión de los recursos hídricos en España y a nivel global.

Existen mecanismos de exención en la Directiva Marco del Agua para relajar los objetivos medioambientales de las masas de agua. Por ejemplo, cuando los costes a incurrir para alcanzar el buen estado se consideran desproporcionados.

Las metodologías para el establecimiento, si procede, de esas exenciones están poco desarrolladas, lo que ha conllevado una aplicación heterogénea de este mecanismo por parte de los Estados miembros.

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín celebrará el próximo 29 de octubre una jornada de debate sobre los retos económicos de la Directiva Marco del Agua, con el fin de analizar las metodologías empleadas y mejorar su conocimiento teórico y práctico.

En el año 2000 la Directiva Marco del Agua nació con unos ambiciosos objetivos medioambientales para las masas de agua de la Unión Europea. Diecinueve años después de su entrada en vigor, un 60 % de las masas de agua superficiales y un 25 % de las subterráneas (según un informe de la EEA) aún no han alcanzado el buen estado requerido.

Las medidas correctoras necesarias para alcanzar el buen estado implican unos costes que en algunos casos suponen un esfuerzo presupuestario considerable. ¿Existen mecanismos en la legislación para justificar exenciones a los objetivos ambientales cuando estos costes son muy altos? En teoría sí, pero en la práctica quedan muchas lagunas metodológicas y de conocimiento.

Los costes desproporcionados en la legislación europea y española

Los artículos 4.4 y 4.5 de la Directiva Marco del Agua y su transposición a los artículos 36 y 37 del RD907/2007 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) permiten prórrogas en la consecución del buen estado o la definición de objetivos ambientales menos rigurosos cuando alcanzar el buen estado implica “costes desproporcionados”, sin especificar los mecanismos para calcular dicha desproporcionalidad. También permiten exenciones por inviabilidad técnica de las medidas requeridas o por deterioros temporales por causas naturales excepcionales.

Masas de agua superficiales en Península y Baleares con algún tipo de exención declarada (rojo). A la izquierda se muestran las exenciones al estado ecológico, y a la derecha las exenciones al estado químico. Elaboración propia a partir de datos de la European Environment Agency​.


A nivel europeo, el análisis de costes desproporcionados se trata en un Documento Guía sobre Exenciones, en el cual se establece la obligación de realizar un Análisis de Coste-Beneficio para declarar la desproporcionalidad. Sin embargo, el documento no es lo suficientemente explícito para permitir una aplicación directa del enfoque recomendado a casos concretos.

A nivel nacional, este aspecto del RPH se desarrolló en la Orden ARM/2656/2008 de Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). En su artículo 6.6 se especifica que los costes pueden ser desproporcionados en relación a la capacidad de pago de los usuarios, o con respecto a los beneficios medioambientales derivados de alcanzar los objetivos.

El que la hace la paga

La comparación con la capacidad de pago tiene una aplicación directa para analizar la proporcionalidad del coste de las medidas, ya que bajo el principio de “quien contamina paga” (artículo 9 de la Directiva Marco) el coste se repercutiría sobre los causantes de las presiones (aglomeraciones urbanas, explotaciones agrícolas, etc.). Este tipo de análisis ya se aplica parcialmente en algunos planes hidrológicos de segundo ciclo en España, destacando por su claridad el análisis económico en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana. Este concepto de “affordability” entronca con los análisis globales de la OCDE sobre costes de los servicios del agua y renta disponible.

La cuantificación de los beneficios medioambientales presenta problemas adicionales. Para comparar coste y beneficio en las mismas unidades habría que monetizar el beneficio de un buen estado ambiental, es decir, cuantificar en euros el flujo de beneficios que reporta a la sociedad el buen estado de las masas de agua. Como no existe un acuerdo sobre cómo hacer esta cuantificación, algunos organismos de cuenca se limitan a describir cualitativamente los beneficios.

Jornada de debate sobre los retos económicos para alcanzar el buen estado de las aguas

En este contexto el Observatorio del Agua de la Fundación Botín celebrará el próximo 29 de octubre una jornada de debate en su sede de Madrid que reunirá a varios expertos sobre los retos económicos para alcanzar el buen estado de las aguas, incluyendo la identificación de costes desproporcionados. La inscripción es libre hasta completar aforo. Se tratarán los distintos planteamientos disponibles para analizar el coste económico de mejorar el estado de las masas de agua, los mecanismos para priorizar actuaciones y las herramientas disponibles en la legislación para definir prórrogas y exenciones.

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