El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha afirmado esta mañana que los consejos insulares de aguas están ya aprobando los documentos iniciales del siguiente ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) que tiene que estar finalizado antes de que termine 2027. Miranda ha recordado que el retraso en la aprobación del anterior ciclo provocó la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europa y “nos condicionó a la hora de negociar con el Estado un nuevo convenio de obras hidráulicas”.
Manuel Miranda ha explicado que en septiembre de 2024 se inició el trabajo coordinado con los consejos insulares para la elaboración del cuarto ciclo de planificación hidrológica y el tercero de los planes de gestión de riesgos de inundaciones. “El Gobierno está impulsando todo el procedimiento, mediante una inversión de 600.000 euros para una asistencia técnica por parte de TRAGSATEC, que ha puesto a disposición de los cabildos la documentación necesaria”, ha explicado.
Este marco de colaboración y la asistencia que contempla, ha continuado, está permitiendo a los consejos insulares la aprobación durante estas semanas de los primeros documentos iniciales, al tiempo que se empiezan a elaborar los planes de medidas y los trámites ambientales. El consejero ha explicado que para el próximo año está prevista la redacción de los planes, “que serán expuestos públicamente hasta los primeros meses de 2027, antes de su aprobación definitiva”. Las fases de elaboración de la planificación hidrológica están determinadas por la normativa europea en este ámbito.
Manuel Miranda ha valorado la puesta al día de la planificación pues “es la base para desarrollar políticas relacionadas con la gestión del agua, a corto, medio y largo plazo”. Ha señalado la importancia de disponer, así mismo, de las necesidades en esta materia actualizadas y ha recordado que “Canarias ha hecho su tarea en este sentido, pues desde el mes de enero el Estado dispone de un listado de 127 obras de interés general para ser incorporadas a un futuro convenio de obras hidráulicas”. Miranda ha concluido recordando que el Estado tiene la obligación, en cumplimiento de las leyes autonómicas y estatales, de financiar los más de 1.4000 millones de euros que supondría la puesta en marcha de las citadas obras de interés.
