El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado esta mañana luz verde a la asunción temporal por parte del Ejecutivo autonómico de las competencias para la redacción y aprobación del tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular y el segundo del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación, ambos para la Isla de Lanzarote. Esta medida, que está recogida en la Ley de Aguas de Canarias, permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias iniciar el proceso de redacción de estos documentos que “forman parte de la estrategia de la gestión del agua en Canarias”, según ha señalado Manuel Miranda.
“El reto del agua va a ser uno de los grandes asuntos de debate en los próximos cuatro años en las Islas”, ha asegurado el consejero, “y este Gobierno está dispuesto a liderarlo, prestando su apoyo técnico y administrativo a todos los actores en esta materia, en especial a los Cabildo y sus consejos insulares de aguas”.
La aprobación de esa subrogación competencial en favor del Gobierno de Canarias fue aprobada el 25 de mayo en Consejo de Gobierno debido al retraso en la tramitación de dicho expediente por parte del anterior Gobierno insular de Lanzarote y permite “seguir avanzando en dicha colaboración interadministrativa, y al cumplimiento de los hitos necesarios para que dicha gestión esté actualizada a la Directiva Marco del Agua Europea, un compromiso que se plasma en la puesta a disposición de los consejos insulares de aquellas medidas que permitan impulsar los procedimientos y la mitigación de problemas existentes como, por ejemplo, la reciente puesta a disposición de ese Cabildo de dos desaladoras portátiles que paliarán los problemas de abastecimiento sufridos por la población en las últimas semanas”.
Manuel Miranda ha indicado que la redacción de ambos documentos se realizará “de la mano de los actuales responsables del Cabildo Insular de Lanzarote, recuperando así un diálogo permanente con éste y el resto de corporaciones insulares”. “El objetivo final”, ha concluido, “es el impulso a la planificación elaborada por el Gobierno de Canarias en 2018 respecto a la implantación del ciclo integral del agua en las Islas, que se plasmó en el Protocolo de inversiones firmado junto al Gobierno de España y del que, por desgracia, apenas hemos sabido nada en los últimos cuatro años”.
