Grecia presenta interesantes perspectivas en el sector de las infraestructuras de agua y residuos que, basándose en la experiencia y el saber hacer de otros Estados miembros de la UE, necesita modernizar y hacer converger hacia los estándares europeos.
La recuperación económica de los últimos años, con tasas de crecimiento del PIB positivas y ascendentes desde 2017 (a excepción de 2020 debido a las restricciones de la pandemia) supuso un nuevo impulso en el ámbito de las infraestructuras en Grecia. Además, en 2021 con el nuevo Marco Estratégico Nacional de Referencia (NSRF) para el periodo 2021-2027, la Unión Europea va a destinar 26.200 millones de euros que Grecia podrá utilizar para la aprobación de proyectos de gestión de residuos y de infraestructuras de agua.
Grecia presenta margen de mejora en el tratamiento de residuos, lo cual le ha supuesto el desarrollo de un Plan Nacional de Gestión de Residuos en el que se busca converger con Europa en lo relativo al desempeño en el ámbito de gestión de residuos a través de nuevos modelos sostenibles y reutilización de productos.
En lo que respecta a la infraestructura de agua, se han producido grandes avances, como el proyecto de saneamiento integrado y tratamiento de aguas residuales en la zona de Rafina-Pikermi y Spata-Artemida o la implantación de proyectos de alcantarillado en la parte este de Ática.
Actualmente hay proyectadas licitaciones para tratamiento de aguas en distintas regiones de Grecia, así como licitaciones de tratamiento de residuos pendientes de adjudicación, donde destacan los proyectos para las regiones de Ática y Macedonia, así como en islas como Creta.
A futuro, se espera que se lance la licitación de los siguientes proyectos:
La percepción de las empresas españolas del sector es muy positiva y a ello ha contribuido de forma decisiva el hecho de que algunos de los contratos de infraestructuras más importantes de Grecia han sido adjudicados a empresas españolas. La buena reputación de estas constituye una ventaja para aquellas empresas españolas que acudan a las licitaciones previstas. Dado que la gran mayoría de estas infraestructuras están financiadas directamente con fondos europeos, el riesgo país queda delimitado.
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