(WWF) Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF celebran la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de no autorizar el recrecimiento del Embalse de Rosarito y esperan que esto acabe con el afán de regular más el río Tiétar por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicaba el pasado 9 de diciembre en el BOE una declaración de impacto ambiental desfavorable al “proyecto de regulación del río Tiétar y consolidación de los regadíos existentes” también conocido por el proyecto de “las balsas laterales de Rosarito”.
Las ONG se opusieron a este proyecto desde su inicio por su falta de justificación y debido al gran impacto ambiental que tendría sobre los hábitats y la nidificación del águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el águila perdicera. La totalidad del área ocupada por las dos balsas proyectadas en este proyecto está incluida dentro de la zona protegida que constituye el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche”, y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Valle del Tiétar y los embalses de Rosarito y Navalcán. Además, aguas abajo del embalse de Rosarito, se encuentra el LIC Río Tiétar y la ZEPA Río y Pinares del Tiétar, que se verían igualmente afectadas.
Por otra parte, el lugar es un área crítica declarada para el águila imperial ibérica y para la cigüeña negra, y también refugio de fauna desde 1996. El proyecto suponía vulneración de la Directiva Hábitats por la eliminación de 311,46 ha de hábitats de interés comunitario de las cuales 224,1 ha se corresponden con hábitats prioritarios para la Unión Europea.
Además de sus importantes afecciones ambientales, este tipo de proyectos suponen un gran desembolso económico. El proyecto tenía un presupuesto inicial de más de 50 millones de euros. De hecho, los ecologistas se preguntan qué pasará ahora con los 588.652,54 euros del contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución de la ampliación del embalse de Rosarito, adjudicado por la Dirección General del Agua en julio de este año, ahora que el proyecto no puede ser autorizado.
En consonancia con esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa, las ONG ecologistas consideran que la política de aguas debe sufrir un cambio radical en este país, pasando de una política del cemento y agua para todos, a un modelo mucho más sostenible basado en el cumplimiento íntegro de la Directiva Marco del Agua.
