El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Federico Ramos, ha explicado hoy en el Congreso que las obras en la presa de Yesa (Navarra) se ejecutan “con todas las garantías de seguridad que establece la legislación y la buena práctica constructiva”.
Ramos, que ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso para informar sobre las políticas del Gobierno en materia de agua, ha abordado también la planificación hidrológica, la política general de trasvases, las desviaciones presupuestarias halladas en materia de agua y las inversiones para el próximo año.
Respecto a la presa de Yesa, ha desgranado los trabajos de estabilización que ha acometido el Ministerio en la margen derecha para frenar los deslizamientos en la ladera. Unas actuaciones que han requerido una inversión de 25 millones de euros y que han permitido estabilizar la ladera y paralizar los movimientos en su práctica totalidad.
Ramos también ha destacado la coordinación con el Gobierno de Navarra y con el Ayuntamiento de Yesa para adoptar, cuando ha sido necesario, las medidas de seguridad en las poblaciones. Además, ha insistido en que las obras de recrecimiento previstas en la presa aportarán un peso adicional que, sin duda, contribuirá a la mejora de la estabilización de la ladera.
El embalse de Yesa, que se ubica entre la provincia de Zaragoza y Navarra, garantiza el abastecimiento de su comarca y permite mantener sus regadíos y dar servicio a distintos usos (deportivos e industriales). El proyecto de recrecimiento de la presa, para aumentar su capacidad hasta los 1.079 hectómetros cúbicos, está declarado de interés general, se enmarca en el Pacto del Agua de Aragón y en el vigente Plan Hidrológico del Ebro.
Desvíos y sobrecostes
El secretario de Estado ha informado también en su comparecencia de las desviaciones presupuestarias y sobrecostes de las obras hidráulicas contratadas entre 2004 y el primer trimestre de 2012, que superan en cerca de un 30% el importe de contratación inicial.
“Este Gobierno ha hecho gala de su austeridad y se ha mostrado dispuesto a luchar contra estos sobrecostes desproporcionados de algunas actuaciones que terminan incrementando de forma notable el precio final de las obras”, ha afirmado.
De los 1.237 expedientes de contratación evaluados, en todos se había producido una desviación económica
Tras evaluar 1.237 expedientes de contratación en materia de agua correspondientes al periodo comprendido ente 2004 y el primer trimestre de 2012 (una cifra no total, pero sí significativa) se determinó que en todos los expedientes analizados se había producido una desviación económica (diferencia entre el importe de adjudicación del contrato y el importe finalmente pagado por los contratos finalizados, o el presupuesto vigente en el caso de los contratos aún en ejecución).
En concreto, los 1.237 expedientes evaluados contaban con un presupuesto total de adjudicación de 5.134 millones de euros, que se elevó a los 6.665 millones de euros en el presupuesto final. Es decir, un 29,82% más, con una desviación de 1.531 millones de euros sobre el importe de contratación inicial.
Este sobrecoste se reparte entre las distintas unidades con capacidad inversora en materia de agua: Dirección General del Agua, sus organismo autónomos (Confederaciones Hidrográficas y Mancomunidad de Canales del Taibilla) y las Sociedades Estatales de Agua.
"Giro radical" en la gestión de los expedientes
El secretario de Estado ha explicado que esta situación ha dado “un giro radical” con el nuevo Ejecutivo: “Hemos minimizado los modificados y los complementarios, procurando que no se produzcan salvo en casos estrictamente imprescindibles, y si es así generando un desvío mínimo”.
Así, desde el segundo trimestre de 2012 hasta la actualidad no se ha tramitado ninguna obra complementaria y sólo se han aprobado en la Dirección General del Agua 22 modificados, con un importe total de 2,29 millones de euros, lo que supone un incremento de un 1,33% sobre los precios de adjudicación.
“Estos datos evidencian otra forma de gestionar los expedientes de contratación, pero también de planificar, de proyectar y de seguir las inversiones que ejecutamos, demostrando que aplicando criterios racionales es posible resolver problemas en las obras con menos recursos”, ha señalado Ramos.
En este sentido, ha destacado la aprobación de la “Instrucción sobre Medidas de Austeridad y Racionalización del Gasto del Departamento” (mayo de 2012) y de las “Instrucciones de Contratación Dirigidas a las Sociedades Estatales de Agua” (febrero de 2013) para seguir “mejorando” y “avanzar en una mayor eficiencia”. “Las anomalías no pueden convertirse en norma, como ha sucedido en otras épocas”, ha concluido Ramos.
Trasvases
En cuanto a la política de trasvases de agua, el secretario de Estado ha informado en su comparecencia que el Ejecutivo los enmarca en el principio fundamental que rige toda la política en agua: armonizar todos los legítimos intereses, necesidades y aspiraciones de los diferentes territorios, previa ponderación del interés general.
Ramos ha explicado que, actualmente, existen 28 en nuestro país, que son capaces de movilizar hasta 1.000 hectómetros cúbicos por año.
El más importante, por su entidad, es el Tajo-Segura, pero existen otros muy significativos, como los procedentes de la cuenca del Ebro para reforzar el abastecimiento de Cantabria, Bilbao o las poblaciones de la costa de Tarragona; el trasvase desde el Guadiana para atender las demandas en las cuencas andaluzas del Tinto, Odiel y Piedras; o el que lleva recursos del Guadalentín a la cuenca andaluza del Almanzora.
En este contexto, Ramos ha fijado la prioridad del Gobierno “culminar la aprobación de todos los planes hidrológicos, lo que nos permitirá conocer al detalle la realidad de cada cuenca y tener un conocimiento que permita actuar en consecuencia para paliar la escasez allá donde previsiblemente se pueda producir”.
“Nuestra política en materia de trasvases intercuencas es aquella que basada en criterios científicos, técnicos y racionales apuesta por una gestión del agua equilibrada, solidaria y sostenible en toda España”, ha concluido.
