La Generalitat Valenciana muestra su satisfacción por la decisión del Gobierno de asumir las competencias de policía hidráulica

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(GVA) La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha expresado la satisfacción del Consell por la decisión que ha adoptado el Consejo de Ministros de asumir íntegramente el Estado las competencias de policía de dominio público hidráulico, “que pone fin a la situación ilógica e ineficaz desde el punto de vista de la gestión de las cuencas hidrográficas que había generado el anterior Gobierno socialista”.

La Consellera ha recordado que la Generalitat presentó el pasado mes de noviembre un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Aguas aprobada por el Ejecutivo de Zapatero el 26 de agosto de 2011, al entender que quebraba el principio de unidad de cuenca otorgando a las comunidades autónomas capacidad para gestionar demarcaciones hidrográficas que exceden de su ámbito territorial.

“El Gobierno se ha posicionado claramente hoy a favor de una gestión integral y con perspectiva de Estado del agua en España, respaldando la política que en este sentido siempre ha defendido la Comunitat Valenciana basada en el carácter indivisible de la cuenca hídrica como unidad de gestión”, ya que en los casos en los que los sistemas hidráulicos afectan a dos o más comunidades autónomas se podría producir una diferente interpretación, generándose agravios comparativos y tensiones territoriales.

Así, ha añadido que este principio “es básico ya que la fragmentación de las competencias de las demarcaciones hidrográficas afecta a la eficiencia, racionalidad y equidad que deben regir la administración del dominio público hidráulico”.

El Consell entiende que la decisión adoptada hoy devuelve la normalidad y permite corregir una actuación que se llevó a cabo con una clara intencionalidad política por el momento en el que se produjo, con una situación preelectoral en Andalucía y para consolidar una situación que se incluyó en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.

En este sentido, la Consellera ha recordado la oposición que suscitó entre las comunidades de regantes el intento de Zapatero de quebrantar la unidad de gestión de las demarcaciones hidrográficas, una medida que ni siquiera llevó al Consejo Nacional del Agua y que lo único que conseguía era generar tensiones territoriales y conflictos entre comunidades autónomas.

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