Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua" (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Ángel Fernández Ramos, Presidente de ONGAWA.
Pregunta - Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta - No podemos negar el esfuerzo que se ha hecho en España en la última década para impulsar el reconocimiento global del agua y el saneamiento como Derechos Humanos. En lo que se refiere a las políticas de cooperación internacional, el agua y el saneamiento han estado presentes en una alineación clara con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, primero, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) más recientemente.
Y ha habido instrumentos importantes que han nutrido presupuestariamente a dichas políticas -como el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento- que aunque creado por el gobierno anterior se ha implementado en gran parte en esta etapa del gobierno del PP.
Aun así, los esfuerzos han sido claramente insuficientes. Los recortes continuados en la Ayuda Oficial al Desarrollo han penalizado en gran parte la capacidad de un verdadero impacto para contribuir a garantizar estos derechos.
Desde ONGAWA también nos preocupa el alarmante auge de la cooperación reembolsable en los fondos dedicados a la cooperación internacional al desarrollo en general (y en agua y saneamiento en particular), que a nuestro entender no está siendo suficientemente efectiva sobre las necesidades de los colectivos más vulnerables.
P. - La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?
R. - El trabajo que principalmente hacemos desde ONGAWA, en materia de Agua y Saneamiento, viene siendo desde hace años la promoción y defensa del agua y saneamiento como Derechos Humanos, con una componente muy importante de trabajo internacional enfocado a los colectivos más vulnerables. Para avanzar en esto y cumplir con los compromisos internacionales que España ha asumido en materia de agua y saneamiento definidos en la agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), creemos que es necesario ampliar y mejorar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidades en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, recuperando así la cooperación para el desarrollo como una política pública previsible y con una financiación adecuada.
El nuevo Ejecutivo tiene una oportunidad inmejorable de promover el compromiso con la Agenda 2030, en particular en materia de agua y saneamiento (ODS 6), para conseguir un país donde haya más derechos para la ciudadanía en un mundo más inclusivo, equitativo y sostenible. Es una gran oportunidad para revertir el rumbo del planeta en la dirección adecuada de la sostenibilidad.
Otro gran reto muy vinculado a lo anterior, es asegurar, en todos los proyectos de agua y saneamiento, el enfoque de derechos humanos promocionando el fortalecimiento de capacidades, la asunción de responsabilidades por parte de todos los actores y la equidad de género para asegurar la garantía de los derechos y la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, con la mirada puesta en aquellas personas más vulnerables y sin dejar a nadie atrás (es importante recordar que los colectivos más afectados por la falta de agua y saneamiento son los habitantes de las zonas rurales, las personas más pobres, las mujeres y las niñas, las minorías étnicas y las personas con discapacidad).
Por último, y tal vez por ser coherentes con el trabajo que promocionamos en el exterior, recoger en nuestra legislación nacional al más alto nivel y de forma explícita, los derechos humanos al agua y saneamiento para todos los ciudadanos.
