Doctora en Economía y profesora universitaria, Cristina Narbona es una de las protagonistas decisivas de la política del agua española en las últimas décadas. Tras ocupar la Secretaría de Medio Ambiente del Partido Socialista Obrero Español, la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de 2004 la catapultó al Ministerio de Medio Ambiente. Su política de agua fue decidida a la par que controvertida: nada más acceder al cargo lideró la rápida derogación del Plan Hidrológico Nacional promovido por el Gobierno de José María Aznar para, posteriormente, diseñar y poner en marcha el Programa A.G.U.A. Sin duda, uno de los proyectos políticos más ambiciosos para la gestión del agua en España con inversiones asociadas de 3.800 millones de euros para paliar los efectos de la sequía, apostando por fuentes alternativas como la desalación y la reutilización.
Diez años después de su salida del Gobierno, Cristina Narbona sigue en la primera línea política como presidenta del PSOE y una de las mujeres fuertes en la ejecutiva de Pedro Sánchez. Desde esta posición, Narbona persevera en mantener la sostenibilidad como eje trasversal en las propuestas de su partido, apuesta por devolver a España al liderazgo internacional en la lucha contra los efectos del cambio climático y propone un rediseño de la política del agua basada en la gestión de las demandas.
Pregunta: Sra. Narbona, hace décadas que los científicos anuncian la existencia del cambio climático y sus efectos, entre otros, en los recursos hídricos. Finalmente, parece que la urgencia por actuar ha calado entre los políticos, las empresas y la ciudadanía, pero ¿llegamos ya tarde?
Respuesta: Cada día que pasa sin adoptar medidas importantes para la mitigación y la adaptación al cambio climático, aumentan el correspondiente coste y los riesgos asociados. Todas las políticas -agraria, turística, energética, urbanística, sanitaria, etc.- tienen que incorporar, cuanto antes, los efectos ya visibles y crecientes del cambio climático.
Está en manos de los actuales líderes políticos y empresariales la capacidad de frenar el proceso del calentamiento global y de evitar las peores consecuencias para la humanidad.
P.- En el panorama internacional, la salida del Gobierno de los Estados Unidos del Acuerdo por el Clima despierta muchos interrogantes. ¿Cómo cree que evolucionará la política de la administración Trump?
R.- Aunque Trump mantenga su posición contraria a los compromisos derivados del Acuerdo de París, más de doscientas ciudades y Estados de la Unión están implementando medidas acordes con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, incentivando el uso de energías renovables y de los vehículos eléctricos. Y numerosos fondos y fundaciones, ubicadas en Estados Unidos y en muchos otros países, están retirándose de la inversión en combustibles fósiles, apostando por la necesaria transición energética.
P.- ¿Cuenta España con el peso internacional que le debería corresponder en este tipo de negociaciones o se mantiene en un segundo plano?
R.- España ha retrocedido dramáticamente en la escena internacional en lo relativo a la lucha contra el cambio climático. Desde hace siete años, los cambios regulatorios decididos por el Gobierno han destruido casi 80.000 empleos en el sector de las energías renovables, y han provocado la ruina de más de 60.000 pequeños y medianos inversores, carentes de la capacidad de los grandes inversores que han recurrido a los Tribunales internacionales de arbitraje, donde han ganado ya varios recursos contra el Gobierno de España.
La inseguridad jurídica y la falta de ambición en esta materia ha afectado gravemente a la credibilidad de nuestro país, como actor en la escena internacional, perdiendo el liderazgo que llegó a tener dentro de la Unión Europea así como en América Latina, donde las empresas españolas afortunadamente han conseguido mantener una importante actividad.
P.- España se encuentra en una zona donde los efectos del cambio climático se van a notar cada vez con mayor intensidad y frecuencia. ¿Cuáles le preocupan más?
R.- Los efectos más dramáticos se están produciendo ya en la disponibilidad de agua, lo que supone una seria amenaza para nuestra agricultura, así como en el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, que pueden perjudicar a la actividad turística.
P.- Echando la vista atrás. ¿Qué destacaría de su etapa de ministra en materia de cambio climático?
R.- En 2004, pocas semanas antes de las elecciones generales, el presidente Aznar afirmaba que el cumplimiento del Protocolo de Kioto supondría "la muerte de las empresas españolas". En consecuencia, el Gobierno no había elaborado el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, ni la transposición de la correspondiente Directiva Europea.
Así que cuando llegué al Ministerio, tuvimos que trabajar a marchas forzadas para recuperar el tiempo perdido, y consensuar con los agentes sociales, con los Ministerios sectoriales y con las Comunidades Autónomas las primeras medidas de política del clima. En 2005, con un crecimiento del PIB del 4%, España registró por primera vez una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, iniciando una tendencia favorecida por el aumento de la eficiencia energética y la creciente producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Nuestra Red Eléctrica se convirtió en una referencia internacional como herramienta para gestionar la penetración de las energías renovables; se incrementó significativamente la inversión pública en programas de I+D asociados a políticas del clima; y se promovió la creación de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, generando un diálogo muy fructífero entre las administraciones concernidas. Fue, en síntesis, una legislatura muy activa en este ámbito.
P.- ¿Qué opinión le merece la recién consultada Ley de Cambio Climático y Transición Energética propuesta por el Gobierno?
R.- No conocemos aún ningún borrador de esa ley, pero nos preocupan las decisiones del Ministerio de Energía que van en la dirección contraria a la de la necesaria transición energética. Solo un ejemplo: la regulación española del autoconsumo no tiene comparación posible con la de los países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, que no solo no penalizan a los ciudadanos que deciden producir la energía que necesitan, sino que incentivan dicha decisión. El denominado "impuesto al sol" es absolutamente incompatible con las orientaciones de la Comisión y del Parlamento
Europeo, que exigen el establecimiento de normas que favorezcan el autoconsumo.
P.- Sin duda, uno de los factores más afectados por el cambio climático en nuestro país es la reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos. ¿Qué alternativas existen para cubrir esos déficits futuros?
R.- Lo primero que necesitamos es una verdadera auditoría sobre el contenido real de las concesiones o derechos al agua existentes, así como sobre la disponibilidad efectiva de aguas superficiales y subterráneas en la perspectiva del cambio climático. Resulta urgente cambiar el enfoque tradicional de la política del agua, que pone el énfasis en la oferta, y consolidar una política basada en la gestión de la demanda. Existe un importante margen para reducir el consumo de agua, cubriendo adecuadamente las necesidades de abastecimiento y de producción de alimentos.
Y, por supuesto, hay que aumentar la depuración, así como la reutilización de las aguas debidamente depuradas, optimizar las infraestructuras existentes y desarrollar la desalación, asociándola al uso de energías renovables.
P.- Su apuesta por fuentes de recurso alternativas como la desalación ha sido muy criticada durante los últimos años y ahora se posicionan como estratégicas para afrontar la actual sequía. ¿Qué opinión le merece?
R.- La desalación era una de las actuaciones del Programa A.G.U.A., junto con importantes inversiones en modernización de regadíos y reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento urbano, la construcción de depuradoras y redes de reutilización y la mejora de la gestión de las aguas subterráneas.
Tenemos empresas líderes a nivel mundial en todas estas tecnologías y, afortunadamente, parte de las inversiones del Programa A.G.U.A. se llevaron a cabo a pesar de las irresponsables actitudes de las administraciones gobernadas por el PP, que siguieron alimentando el mito del derogado trasvase del Ebro. Cuando el PP volvió al poder en 2011, con mayoría absoluta, se puso de manifiesto que dicho trasvase no era viable ni gozaba del apoyo de la Unión Europea, ya que ni siquiera se volvió a plantear.
Se ha hecho mucha demagogia con el agua, pero hoy día es mucho más evidente la necesidad de una política que no descanse casi en exclusiva en llevar agua "de donde sobra" a "donde falta" a la vista de la extensión de los episodios de sequía a las cuencas supuestamente excedentarias como son Tajo, Duero o Ebro.
P.- Para asegurar e incrementar la disponibilidad de recursos hídricos es necesario el mantenimiento y construcción de infraestructuras hidráulicas cuya inversión por parte del Gobierno ha caído a mínimos históricos desde su etapa como Ministra. ¿Cómo cree que podemos recuperar los niveles inversión? ¿Es favorable a fórmulas mixtas como las PPP para su abordaje?
R.- Más que el volumen de inversión me parece relevante el contenido de dicha inversión. Es evidente que existen carencias importantes, por ejemplo en las infraestructuras necesarias para garantizar la depuración y la reutilización; o para culminar la plena operatividad de las plantas desaladoras, con las correspondientes canalizaciones para que pueda aprovecharse el agua producida; o en el ámbito de la modernización de los regadíos. Y hay que plantear estas inversiones con las exigencias ambientales y de recuperación de costes impuestas por la Directiva Marco del Agua.
P.- La mayor concentración urbana hace que las ciudades cada vez tengan un papel más relevante en la gestión del ciclo integral del agua ante un escenario de falta de disponibilidad de recursos. Para la sostenibilidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento, ¿cree necesaria la figura de un regulador? ¿Cómo afrontaremos la recuperación de los costes del servicio marcada por la Directiva Marco del Agua?
R.- Las ciudades tienen que adaptarse a los efectos del cambio climático: requerirán inversiones específicas para la correcta recogida de aguas pluviales, ya que las precipitaciones más intensas se concentrarán en el tiempo, aumentando los riesgos de inundaciones. Y también será necesario completar los sistemas de abastecimiento, reduciendo pérdidas, así como los de tratamiento terciario de las aguas residuales, de forma que puedan ser reutilizadas o retornadas a los cauces. La tarificación del agua de boca, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Marco, debe garantizar la cobertura de todos los costes asociados a su tratamiento, distribución y saneamiento, así como la asequibilidad de aquellas cuantías de agua imprescindibles para una vida digna, evitando la "pobreza hídrica", y desincentivando los consumos más elevados.
Todo ello debe estar sometido a regulación pública, y allí donde existen concesiones privadas del abastecimiento urbano, debe reforzarse el control público y la exigencia de cumplimiento de las condiciones de las concesiones. El agua es un bien público y debe preservarse de cualquier riesgo de especulación o de corrupción.
P.- Recientemente el PSOE celebró una reunión de trabajo con el Grupo de Agua tras el cual Hugo Morán hablaba sobre un “acuerdo de país”. ¿Cuáles son las líneas principales de este acuerdo? ¿Cómo aborda la relación entre agua y cambio climático?
R.- Hemos aprobado un documento de bases para una nueva política de agua acorde con el desafío del cambio climático, conforme a los criterios y exigencias de la Directiva Marco, y conscientes del extraordinario potencial técnico y empresarial de nuestro país en este ámbito. Las líneas de este documento responden a lo ya expresado anteriormente, al contestar la pregunta sobre déficits futuros, comenzando, por lo tanto, por conocer con rigor las concesiones existentes y la correspondiente disponibilidad de agua en la perspectiva de una drástica reducción de las aportaciones naturales.
P.- Para concluir vamos a viajar al futuro: junio de 2020. Elecciones generales, el PSOE de Pedro Sánchez es el partido más votado y puede formar gobierno. ¿Le gustaría volver al Ministerio de Medio Ambiente?
Esta pregunta es muy sencilla. No está en mi horizonte vital volver a desempeñar ninguna tarea de gobierno. Mis prioridades para los próximos años serían incompatibles con ese tipo de tareas.
