La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y seis sociedades científicas han alertado sobre las consecuencias que tendría para el acceso a medicamentos esenciales la aplicación del modelo de financiación del tratamiento cuaternario que establece la Directiva europea de aguas residua...
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y seis sociedades científicas han alertado sobre las consecuencias que tendría para el acceso a medicamentos esenciales la aplicación del modelo de financiación del tratamiento cuaternario que establece la Directiva europea de aguas residuales urbanas (DARU). En un documento elaborado junto a SEFAC, SEFAP, SEFH, SEMERGEN, SEMG y SEMFYC, califican de "inasumible" el gravamen que la norma impone al sector farmacéutico y advierten de que podría hacer inviable la comercialización de productos como la metformina o la amoxicilina.
La DARU exige que los sectores considerados responsables de introducir contaminantes emergentes en el ciclo del agua financien al menos el 80% de los costes de implantación del tratamiento cuaternario en las estaciones depuradoras, a través del mecanismo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). El 20% restante podría ser asumido por los Estados miembros. Para AESEG, este reparto es viable en sectores con capacidad de trasladar ese coste al precio final de sus productos, pero no en el caso de los genéricos, cuyos precios están regulados y cuyos márgenes no absorben cargas adicionales.
La secretaria general de AESEG, Elena Casaus, ha señalado que los costes de producción llevan tiempo subiendo —por inflación y otros factores— mientras los precios de los genéricos siguen bajando por efecto de la regulación. Un gravamen adicional, en ese contexto, tendría según la asociación un efecto en cascada: retirada de productos del mercado, aparición de lagunas terapéuticas, desplazamiento hacia alternativas más caras y mayor presión sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Los ejemplos que pone AESEG son concretos. La metformina es el tratamiento de referencia para la diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a más de cinco millones de personas en España. La amoxicilina es el antibiótico de primera línea para infecciones comunes y, a diferencia de otros fármacos, no tiene sustitutos equivalentes; su retirada obligaría a recurrir a alternativas de segunda línea con el consiguiente riesgo de incrementar las resistencias bacterianas.
Frente a este escenario, AESEG ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la transposición de la Directiva, que la futura ley española incorpore expresamente un coeficiente corrector para los medicamentos esenciales con precios regulados. La asociación subraya que esta posibilidad está contemplada en la propia Directiva, concretamente en su considerando 21 y en su artículo 11.6, que permiten a los Estados miembros modular la contribución financiera en función del impacto sobre la salud pública y la asequibilidad de los productos afectados.
