La semana pasada el estado de California presentó una demanda contra el gobierno de Trump para bloquear la nueva normativa federal que establece la cantidad de agua que puede destinarse a usos agrícolas, informa Abc News. Las normas afectan a los ríos Sacramento y San Joaquín, que suministran agu...
La semana pasada el estado de California presentó una demanda contra el gobierno de Trump para bloquear la nueva normativa federal que establece la cantidad de agua que puede destinarse a usos agrícolas, informa Abc News.
Las normas afectan a los ríos Sacramento y San Joaquín, que suministran agua para el importante sector agrícola de California. Conforme a dichas normas, podrán incrementarse las extracciones de agua que se destinan a usos agrícolas. Pero en esos ríos habitan varias especies piscícolas protegidas conforme a la legislación estatal y federal, especies en declive desde que se construyeran presas para controlar las inundaciones y llevar agua a otros rincones del estado.
California tiene dos redes de presas y canales, una gestionada por el estado y la otra por el gobierno federal; históricamente, ha sido el gobierno federal el responsable de establecer la normativa que regula ambas. Recientemente las autoridades del estado acusaron al gobierno de Trump de proponer normas que no protegen las especies en peligro. Los gobiernos federal y estatal no consiguieron llegar a un acuerdo al respecto, y la nueva normativa se anunció la semana pasada.
De visita en Bakersfiled, en el condado de Kern, una rica zona agrícola, Trump dijo al público "Vamos a poner presión sobre el gobernador, y conseguir que tengáis vuestra agua". En respuesta, el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom, ha presentado una demanda contra la Oficina de Recuperación [US Bureau of Reclamation] como agencia federal responsable. El fiscal general de California Xavier Becerra comentó "California no permanecerá cruzada de brazos mientras el gobierno de Trump adopta medidas cuestionables científicamente que llevan a las especies a la extinción y perjudican a nuestros recursos naturales y nuestros ríos".
El Departamento del Interior, ministerio federal responsable, ha advertido sobre la incertidumbre que el litigio puede suponer para los californianos que dependen de los más complejos sistemas de regulación de los EE. UU., y remarcó que la nueva normativa asigna 1500 millones de dólares de los gobiernos federal y estatal a la conservación y seguimiento de especies en peligro en los próximos 10 años. Pero el estado afirma que la desviación de recursos hídricos a la agricultura empujaría a especies piscícolas migratorias en peligro a la extinción en el Delta de Sacramento-San Joaquín.
En California las batallas judiciales relacionadas con el agua están a la orden del día, pero el gobierno de Newsom estaba tratando de dejarlas a un lado; se esperaba llegar a acuerdos voluntarios sobre las normas de calidad para el agua del delta a través de negociaciones con las organizaciones responsables de la gestión del agua. El nuevo litigio podría afectar a este proceso, aunque el gobernador ha indicado que alcanzar acuerdos voluntarios sigue siendo su objetivo.
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