La Generalitat Valenciana está ejecutando la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación Salse III, en el término municipal de Beneixama, con una inversión de cerca de 6 millones de euros. La infraestructura tendrá una capacidad útil de 524.000 metros cúbicos y dará servicio a 1.200 h...
La Generalitat Valenciana está ejecutando la construcción de la balsa de almacenamiento y regulación Salse III, en el término municipal de Beneixama, con una inversión de cerca de 6 millones de euros. La infraestructura tendrá una capacidad útil de 524.000 metros cúbicos y dará servicio a 1.200 hectáreas de cultivo del Alto Vinalopó, principalmente olivar, almendro y vid.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras esta semana y ha detallado los objetivos de la actuación: garantizar el suministro de agua para riego, disponer de reservas en los meses de mayor demanda, reducir la dependencia de bombeos en verano y disminuir el consumo energético del sistema, con impacto directo en los costes de producción de las explotaciones agrarias de la zona.
La balsa se enmarca en el esfuerzo inversor de la Conselleria en la provincia de Alicante, que supera los 40,9 millones de euros en los últimos cinco años en actuaciones de modernización de regadíos e infraestructuras hidráulicas. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha incrementado un 60% la inversión en infraestructuras hídricas y modernización de regadíos en esta legislatura, hasta alcanzar los 99 millones de euros.
Durante la visita, Barrachina también se ha referido a la situación de la balsa de San Diego, infraestructura estatal ubicada en Villena, vinculada al sistema del trasvase Júcar-Vinalopó, en la que se invirtieron 40 millones de euros y que sigue sin estar operativa. Según la respuesta oficial del Ministerio para la Transición Ecológica a preguntas formuladas en el Senado, el inicio de las obras de impermeabilización no está previsto hasta 2028. La rehabilitación de esta infraestructura viene siendo reclamada por los regantes desde 2018.
