El Partido Popular ha presentado un plan de emergencia para “paliar el preocupante estado de conservación” de las presas españolas y “garantizar la seguridad”, ante lo que describe como alarmas sobre mantenimiento y conservación y la falta de planes de emergencia implantados o actualizados en el 75% de los embalses. El documento, elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, sostiene que la seguridad hidráulica es una “política de Estado” vinculada a la protección de vidas humanas y a la resiliencia frente a fenómenos extremos. El plan parte de una auditoría técnica exhaustiva de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o con deficiencias estructurales detectadas, para priorizar inversiones según el riesgo. En el mismo texto, el PP sitúa como referencia necesidades de inversión y señala que la inversión anual media en conservación y seguridad en 2023–2025 “apenas alcanza” los 80 millones de euros, frente a un rango de 250 a 500 millones que, indica, consideran necesarios los expertos; también recoge que “algunas fuentes” cifran en torno a 5.000 millones la inversión a acometer hasta 2033 por necesidades acumuladas. La propuesta se articula en un decálogo sobre explotación y seguridad de presas La propuesta se articula en un decálogo sobre explotación y seguridad de presas que, en términos generales, incluye impulsar un Pacto Nacional del Agua y plantea movilizar 100.000 millones de euros con horizonte 2035 para políticas de agua, con partidas mencionadas para modernizar presas (5.000 millones), defensas estructurales (3.500 millones) y restauración fluvial e infraestructuras verdes (alrededor de 1.500 millones). Además, propone un programa presupuestario específico en los Presupuestos Generales del Estado para mantenimiento de presas, con un apartado para las de titularidad estatal dotado entre 400 y 500 millones de euros y con “estructura organizativa propia”. El decálogo también incorpora un programa extraordinario de 4.000 millones para las cuencas mediterráneas, que menciona alternativas y ejecución de presas estratégicas como Villamarchante, Estubeny, el Marquesado, la nueva presa de Buseo o la anticipación de Montesa, además de actuaciones en barrancos y áreas endorreicas valoradas en unos 400 millones. Junto a ello, plantea el refuerzo de recursos humanos en los servicios de explotación de las Confederaciones Hidrográficas, con adecuación de plantillas, organización de guardias y atención continua 24/7 en infraestructuras críticas, así como una modernización integral de sistemas que incluye aliviaderos, desagües de fondo, digitalización de auscultación, telecontrol y renovación de sistemas SAIH. El texto suma la movilización de fondos europeos orientados a infraestructuras críticas y adaptación climática y plantea una reforma institucional futura mediante la creación de una Autoridad Nacional del Agua, con un Consejo Nacional de Seguridad de Presas adscrito encargado de supervisión técnica independiente, evaluación estructural periódica, seguimiento de planes de emergencia, coordinación con Protección Civil y publicación de indicadores de riesgo. Por último, propone la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas para priorizar la seguridad de las personas y la protección frente a inundaciones, incorporando la protección de la vida humana como principio rector de la política del agua.
El Partido Popular ha presentado un plan de emergencia para “paliar el preocupante estado de conservación” de las presas españolas y “garantizar la seguridad”, ante lo que describe como alarmas sobre mantenimiento y conservación y la falta de planes de emergencia implantados o actualizados en el 75% de los embalses. El documento, elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, sostiene que la seguridad hidráulica es una “política de Estado” vinculada a la protección de vidas humanas y a la resiliencia frente a fenómenos extremos.
El plan parte de una auditoría técnica exhaustiva de todas las presas estatales, comenzando por las más antiguas o con deficiencias estructurales detectadas, para priorizar inversiones según el riesgo. En el mismo texto, el PP sitúa como referencia necesidades de inversión y señala que la inversión anual media en conservación y seguridad en 2023–2025 “apenas alcanza” los 80 millones de euros, frente a un rango de 250 a 500 millones que, indica, consideran necesarios los expertos; también recoge que “algunas fuentes” cifran en torno a 5.000 millones la inversión a acometer hasta 2033 por necesidades acumuladas.
La propuesta se articula en un decálogo sobre explotación y seguridad de presas
La propuesta se articula en un decálogo sobre explotación y seguridad de presas que, en términos generales, incluye impulsar un Pacto Nacional del Agua y plantea movilizar 100.000 millones de euros con horizonte 2035 para políticas de agua, con partidas mencionadas para modernizar presas (5.000 millones), defensas estructurales (3.500 millones) y restauración fluvial e infraestructuras verdes (alrededor de 1.500 millones). Además, propone un programa presupuestario específico en los Presupuestos Generales del Estado para mantenimiento de presas, con un apartado para las de titularidad estatal dotado entre 400 y 500 millones de euros y con “estructura organizativa propia”.
El decálogo también incorpora un programa extraordinario de 4.000 millones para las cuencas mediterráneas, que menciona alternativas y ejecución de presas estratégicas como Villamarchante, Estubeny, el Marquesado, la nueva presa de Buseo o la anticipación de Montesa, además de actuaciones en barrancos y áreas endorreicas valoradas en unos 400 millones. Junto a ello, plantea el refuerzo de recursos humanos en los servicios de explotación de las Confederaciones Hidrográficas, con adecuación de plantillas, organización de guardias y atención continua 24/7 en infraestructuras críticas, así como una modernización integral de sistemas que incluye aliviaderos, desagües de fondo, digitalización de auscultación, telecontrol y renovación de sistemas SAIH.
El texto suma la movilización de fondos europeos orientados a infraestructuras críticas y adaptación climática y plantea una reforma institucional futura mediante la creación de una Autoridad Nacional del Agua, con un Consejo Nacional de Seguridad de Presas adscrito encargado de supervisión técnica independiente, evaluación estructural periódica, seguimiento de planes de emergencia, coordinación con Protección Civil y publicación de indicadores de riesgo. Por último, propone la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas para priorizar la seguridad de las personas y la protección frente a inundaciones, incorporando la protección de la vida humana como principio rector de la política del agua.
