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El status quo competencial del agua, posible barrera para las inversiones del Plan de Recuperación

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  • La falta de repercusión de costes y de uniformidad, problemas del marco competencial del agua.
  • INVESTAGUA se celebra entre el 12 y el 23 de abril, reuniendo a los más altos responsables de las Administraciones Públicas con competencias sobre el ciclo integral del agua.
  • Accede al área privada de INVESTAGUA para ver la sesión.

En su tercera jornada de congreso, INVESTAGUA ha dedicado una sesión al marco competencial del agua en España, que se distribuye entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, y que ha estado moderada por Eduardo Orteu, abogado de Gómez-Acebo & Pombo, quien ha señalado que “detrás de los problemas que existen en el régimen de distribución de competencias de las administraciones subyacen los problemas que se dan en el día a día”, destacando que “cuando hablamos del marco competencial, una de las cuestiones más complejas deriva de cómo se integra el ciclo urbano del agua”.

Eduardo Orteu INVESTAGUA

Así, en esta sesión, INVESTAGUA ha reunido a diversos expertos en Derecho Administrativo para aportar una visión general del armazón legislativo en este ámbito, así como un análisis pormenorizado de las posibilidades de mejora en los servicios urbanos y el marco económico-financiero que regula la aprobación de proyectos fundamentales para el futuro del sector. En primer lugar, ha intervenido Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de Universidad de Zaragoza, que ha expuesto una panorámica general de dónde estamos cuando hablamos de competencias de agua, en la que quedan “flecos no solucionados y no solucionables a corto plazo”, como la implicación de las cuencas interiores murcianas o valencianas. En cuanto a las obras hidráulicas, ha asegurado que ha existido “una auténtica competición entre las Comunidades Autónomas” por potenciarlas para que estas sean declaradas de Interés General, lo que significa que serían financiadas en su construcción por el Estado. “La conflictividad sobre la titularidad de las competencias y el modo de ejercicio de las competencias ha sido constante”, ha comentado, sin embargo, ha advertido que sobre la titularidad de las competencias ya no existen tantos conflictos, pero sí sobre el modo de ejercicio de las competencias. “Los precedentes no permiten ser optimistas desde el punto de vista de la financiación”.

Antonio Embid INVESTAGUA

A continuación, Estanislao Arana, catedrático de Derecho administrativo de Universidad de Granada, ha hablado del reparto competencial vigente del ciclo urbano del agua, sus problemas y posibles soluciones, destacando, en primer lugar, que en España existe una regulación descentralizada, heterogénea y variable en todo el territorio fruto de un sistema de responsabilidades compartidas que en muchas ocasiones termina en irresponsabilidad: “Estamos ante una responsabilidad compartida entre todos los niveles territoriales, pero se pueden generar situaciones de incertidumbre jurídica que dificulten el correcto desarrollo del sector urbano del agua”, ha comentado. En este sentido, propone la conveniencia de crear una Ley Estatal del Ciclo Urbano del Agua como respuesta a la necesidad de afrontar con decisión los problemas más graves que tiene este sector. “Necesitamos trasponer la Directiva de Calidad del Agua de 2020 porque podría servir para ayudar al Estado a cumplir con las condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y facilitaría la gestión de los fondos europeos”.

Estanislao Arana INVESTAGUA

Finalmente ha intervenido Carlos Vázquez, socio director del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio de Gómez-Acebo & Pombo exponiendo la problemática competencial en relación con el régimen económico financiero del agua: “No es un problema de dónde está el dinero, si en el sector público o privado, sino de articularlo correctamente”, ha comenzado. Así, Carlos Vázquez ha explicado que en España existen diferentes modalidades de gestión del agua, lo que da lugar a un marco financiero económico extraordinariamente complejo: “Se trata de un marco donde hay insuficiencia de ingresos para cubrir los costes de los servicios del agua”. En este sentido, ha hecho hincapié en que “los servicios tienen coste y, o lo paga el usuario o el contribuyente, no cabe hablar de que como no repercute no lo paga nadie”, siendo esto una “decisión política” derivada de que hay una norma comunitaria que obliga a la repercusión de costes. Como solución, pone sobre la mesa “un ente regulador de entes regulares”, tal y como ocurre en el sector de la energía: “Debemos coordinar a las comunidades autonomías con un ente supramunicipal”. Y pese a vislumbrarse un futuro económico complicado, ha asegurado que, aunque “la diversidad existe, eso no significa que no podamos hacer nada”.

Carlos Vázquez INVESTAGUA

La sesión ha finalizado con una ronda de preguntas en la que los ponentes han hecho un análisis de las figuras tributarias necesarias, así como las alianzas a explorar para gestionar adecuadamente las inversiones en la materia, destacando la importancia de captar inversión para actuaciones que son necesarias, así como “dar una vuelta al entendimiento del sector público y privado”. Como conclusión, han coincidido que la administración del agua necesita una reforma en profundidad y que existen respuestas jurídicas para implementar las soluciones necesarias: “No ha mayor paradoja en este país que dependamos tanto del agua y esa dependencia no se refleje en una atención política igual de relevante”, ha sentenciado Eduardo Orteu.

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