El Parlamento Europeo eleva el agua a la política exterior de la UE. Analizamos las consecuencias para los operadores —ya obligados por NIS2 y CER— y para los planificadores de un continente de cuencas compartidas.
El Parlamento Europeo ha reclamado a los Estados miembros y a las instituciones comunitarias que refuercen su respuesta ante el uso del agua como instrumento de presión política, coerción o conflicto. La petición forma parte de un informe aprobado en sesión plenaria en Estrasburgo, en el que la Eurocámara plantea incorporar los riesgos asociados al agua en las estrategias europeas de prevención de crisis y consolidación de la paz.
El texto, elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores y del que ha sido ponente el eurodiputado Leoluca Orlando, forma parte de una iniciativa parlamentaria sobre gobernanza transnacional del agua orientada a promover la prevención de conflictos y la cooperación internacional en torno a los recursos hídricos.
- El Parlamento Europeo pide tratar el agua como un asunto de seguridad y elevarla a la política exterior de la UE.
- La violencia vinculada al agua marcó un récord en 2024: 420 episodios, frente a 24 en el año 2000.
- Para los operadores europeos ya es derecho positivo: NIS2 y CER obligan a designar entidades críticas antes del 17 de julio de 2026.
- En un continente donde el 60% de las demarcaciones son transfronterizas, la cooperación deja de ser diplomacia para ser planificación.
El agua como factor de seguridad
Los eurodiputados advierten del creciente uso del agua como elemento de presión geopolítica y citan como ejemplos la destrucción de infraestructuras hídricas en Ucrania durante la guerra o los desequilibrios en el acceso a los recursos hídricos en Oriente Próximo.
En este contexto, el Parlamento Europeo defiende la necesidad de exigir responsabilidades por los ataques deliberados contra infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, así como por la denegación del acceso al agua en situaciones de conflicto.
La Cámara también respalda el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos internacionales destinados a garantizar reparación e indemnización a las comunidades afectadas por este tipo de actuaciones.
Más cooperación en aguas transfronterizas
El informe subraya que más de la mitad de los recursos mundiales de agua dulce atraviesan fronteras nacionales y considera insuficiente el nivel actual de cooperación internacional en esta materia.
Por ello, la Eurocámara pide a la Unión Europea que apoye a los países socios en la negociación e implementación de acuerdos sobre aguas transfronterizas, argumentando que una gestión compartida eficaz puede contribuir a reducir tensiones y favorecer la estabilidad regional. España y Portugal son un ejemplo cercano de esa lógica de cooperación en cuencas compartidas.
Financiación y diplomacia del agua
Los eurodiputados reclaman además una mayor atención a la gobernanza del agua en la acción exterior europea y solicitan que esta cuestión sea considerada una prioridad estratégica dentro de la política exterior y de seguridad de la UE.
El texto también insta a garantizar financiación suficiente para proyectos relacionados con la gestión del agua en el próximo marco financiero plurianual y apoya el incremento de las inversiones en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento resilientes al cambio climático, en línea con la apuesta de Bruselas por reforzar la I+D+i del sector.
La recomendación aprobada se enmarca en los trabajos parlamentarios sobre gobernanza transnacional del agua y prevención de conflictos, actualmente impulsados por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Una tendencia global que la UE ya no puede ignorar
El Parlamento no legisla sobre un riesgo hipotético. La violencia asociada al agua se ha disparado en el último cuarto de siglo. La Water Conflict Chronology del Pacific Institute, la base de datos de referencia mundial, documentó 420 episodios en 2024, frente a apenas 24 en el año 2000.
El patrón importa tanto como la magnitud. En 2024, el 61% de los incidentes fueron ataques —deliberados o colaterales— contra infraestructuras de agua: plantas de tratamiento, conducciones, presas y los suministros eléctricos que las sostienen. Un 34% derivó de disputas por el acceso o el control del recurso y un 5% del uso explícito del agua como arma de guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania concentró cerca del 16% de los casos y el israelí-palestino, alrededor del 12%.
A esa presión bélica se suma una amenaza que ya no distingue entre países en guerra y países en paz: los ciberataques contra operadores del agua. Encuestas recientes a utilities en Estados Unidos y Reino Unido revelan centenares de intentos de intrusión sobre los sistemas de control de potabilizadoras y depuradoras. La frontera entre el riesgo geopolítico lejano y el riesgo operativo cotidiano se ha difuminado.
Qué cambia para los operadores de servicios de agua
La lectura geopolítica converge con una realidad regulatoria que en España y en el resto de la UE ya está en marcha. Dos directivas europeas —NIS2, de ciberseguridad, y CER, de resiliencia de las entidades críticas— clasifican el abastecimiento de agua de consumo y el saneamiento como sectores de alta criticidad, al mismo nivel que la energía, el transporte o la sanidad.
El calendario aprieta. Los Estados miembros deben tener designadas a sus entidades críticas antes del 17 de julio de 2026. A partir de ahí, los operadores designados quedan obligados a evaluar sus riesgos, blindar sus sistemas físicos y digitales, notificar los incidentes significativos en plazos de 24 horas y rendir cuentas con responsabilidad personal de sus órganos de dirección.
La consecuencia práctica es doble. Por un lado, la inversión en ciberseguridad industrial —segmentación de redes, control de accesos a sistemas SCADA y OT, monitorización continua— pasa de ser una buena práctica a un requisito auditable. Por otro, se abre una brecha de preparación entre los grandes operadores, con capacidad técnica y financiera para absorber estas exigencias, y los pequeños servicios municipales, que afrontan los mismos deberes con presupuestos y plantillas muy inferiores. Para el sector español, fragmentado en miles de prestadores de tamaño dispar, esa brecha es uno de los retos de gobernanza más relevantes de los próximos años, y se cruza con el proceso de digitalización que impulsa la propia Comisión.
Europa, agua compartida y planificación más allá de la frontera
El mensaje del Parlamento sobre cooperación transfronteriza tiene una traducción directa para los planificadores europeos: la resiliencia hídrica no se puede diseñar dentro de los límites de un Estado. El 60% de las demarcaciones hidrográficas europeas son transnacionales, una veintena de países dependen de terceros para más del 10% de sus recursos y cinco reciben más del 75% de su agua desde fuera de sus fronteras.
España es un caso de manual. Comparte con Portugal cinco grandes cuencas internacionales —Miño-Limia, Duero, Tajo, Guadiana y Lima— cuya gestión se rige desde 1998 por el Convenio de Albufeira. En un escenario de sequías más intensas y frecuentes, los regímenes de caudales acordados con el país vecino condicionan la garantía de suministro, la producción hidroeléctrica y la planificación de cada demarcación, como evidencian los trabajos conjuntos de cara al Plan Hidrológico 2028-2033. Lo que la Eurocámara plantea en clave de prevención de conflictos, los planificadores ibéricos lo viven ya como una restricción operativa cotidiana.
Las decisiones que quedan en manos de gobiernos y planificadores
El informe es una recomendación, no una norma. Su valor depende de qué hagan con él los gobiernos en tres frentes que se negocian justo ahora. El primero es el presupuestario: la Eurocámara pide que la gobernanza del agua tenga financiación garantizada en el próximo marco financiero plurianual, en línea con los 15.000 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones se comprometió a movilizar hasta 2027 dentro de la Estrategia Europea de Resiliencia del Agua. El segundo es el de la acción exterior, donde se reclama elevar la diplomacia del agua a prioridad estratégica de la política de seguridad común. El tercero es el de la coherencia interna: alinear esa ambición con la designación de entidades críticas, con la Directiva de Agua de Consumo y con los planes hidrológicos en revisión.
Para el tomador de decisiones, la señal es nítida. La seguridad hídrica ha entrado en el vocabulario de la política exterior europea, y lo hace en paralelo a un endurecimiento de las obligaciones que recaen sobre quienes operan el servicio. La distancia entre el debate de Estrasburgo y la sala de control de una depuradora es, hoy, más corta de lo que parece.
