Chile fue uno de los primeros países del mundo en adoptar el Principio de Dublín que establece que el agua tiene un valor económico en todos sus usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. El Código de Aguas de Chile de 1981 trata el agua como un bien económico basado en los siguientes principios:
(i) en agua no es un factor de producción sólo para la agricultura, sino también para otros sectores, y debe ser transferible como cualquier otro insumo económico,
(ii) separa los derechos de propiedad del agua de la tierra, y
(iii) establece derechos de uso del agua transferibles, permitiendo arrendamientos y ventas entre usuarios.
Estudios concluyen del Cógido de Aguas concluyen que los mercados de derechos de aprovechamiento de agua han permitido una redistribución del agua en condiciones de escasez
Estudios del desempeño del Código de Aguas de 1981 concluyen que los mercados de derechos de aprovechamiento de agua (DAA) han permitido una redistribución del agua en condiciones de escasez, la expansión de las áreas urbanas y han abierto la posibilidad de satisfacer las demandas de importantes actividades sociales y económicas. A su vez, las transferencias de los DAA han jugado un papel clave en la mitigación de los impactos negativos de las sequías, y han promovido la inversión privada para aumentar la eficiencia en la utilización de recursos. En comparación con la situación en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las políticas chilenas de agua son extraordinariamente propicias para incentivar el uso eficiente de los recursos hídricos.
Sin embargo, la intensificación de la demanda junto con la creciente escasez de agua ha acentuado el reconocimiento de que los recursos hídricos deben ser mejor gestionados de una manera integral. La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un desafío que no ha resuelto la política de aguas de Chile. Además, la Política del Recurso Hídrico de Chile de 1999, establece como uno de sus objetivos la implementación de la gestión integrada del agua. Más específicamente, se establece como uno de sus objetivos la necesidad de recurrir a una gestión integrada del agua que internalice las múltiples decisiones de los usuarios de agua, teniendo en cuenta factores externos a corto y largo plazo relacionados con los marcos tradicionales de manejo del agua.
Este reto ha sido reconocido y se han realizado propuestas para abordarlo. Por ejemplo, los esfuerzos iniciales de propuestas de reforma política en 1992 incluyeron propuestas para crear organizaciones de cuencas (OC). Sin embargo, esta propuesta encontró oposición significativa dado que estas organizaciones estaban mal definidas en esta propuesta. La propuesta de 1992 fue finalmente retirada y una nueva propuesta fue finalmente aprobada por el Congreso en 2005. Esta reforma establece en el art. 263 del Código de Aguas que las Juntas de Vigilancia (JdV) estarán formadas por quienes aprovechen aguas superficiales y subterráneas de una misma cuenca u hoya hidrográfica. Es decir, a las JdV le corresponde la facultad de gestionar integralmente las aguas de las fuentes naturales superficiales y subterráneas bajo su jurisdicción, cumpliendo una importante función pública.
La intensificación de la demanda junto con la creciente escasez de agua ha acentuado el reconocimiento de que los recursos hídricos deben ser mejor gestionados de una manera integral
Sin embargo, es importante señalar que muchas de las JdV no cuentan con las capacidades y competencias necesarias para lograr una gestión integrada y eficiente del recurso hídrico. Según la Dirección General de Aguas, un gran porcentaje de estas organizaciones no han actualizado sus capacidades para afrontar nuevos retos. A su vez, las JdV no han sido eficaces en resolver los conflictos que han surgido entre sus miembros. Por lo tanto, el principal desafío para lograr una GIRH es fortalecer y empoderar a las actuales JdV para avanzar decididamente en una gestión integrada de las aguas en Chile. Además, se debe fomentar la constitución de JdV en aquellas cuencas en que aún no se han constituido.
Por lo anterior, preocupa la visión expresada por algunos participantes durante el “Water Week Latinoamérica” que señalan que Chile es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una decisión sobre la gestión del agua por cuenca ya que no ha implementado OC. Cabe preguntarse la racionalidad de crear una nueva organización cuando aún no se ha logrado implementar adecuadamente todas las organizaciones de usuarios que estableció el Código de Aguas de 1981. Además, la experiencia de varios países que han creado estas OC indica que estas organizaciones no han logrado el objetivo y no han operado adecuadamente.
Varios estudios detectaron problemas de falta de autonomía de la OC y falta de reconocimiento del rol de los grupos de interés, lo que limitaba sus oportunidades de ser escuchados y participar en la toma de decisiones. La falta de autonomía también fue evidente en la gestión financiera, ya que, en la mayoría de los casos, la OC aún no estaba en una posición para recibir fondos generados que afectaban no sólo la viabilidad de la organización, sino también la capacidad para utilizar los instrumentos económicos como una herramienta de gestión de los recursos hídricos. La capacidad para fijar cargos para varios servicios de agua fue centralizada, ausente, o no resultó en ingresos para la OC. Esto afecta a los elementos clave de los principios de la GIRH, incluyendo la capacidad de utilizar herramientas financieras para tratar cuestiones de equidad.
Chile es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una decisión sobre la gestión del agua por cuenca ya que no ha implementado los organismos de cuenca
Por otro lado, es importante señalar que la reforma del 2005 del Código de Aguas de 1981 es insuficiente para lograr una GIRH en las cuencas de Chile que tienen ríos o acuíferos seccionados, tales como el Río Maipo, el Río Aconcagua y el Acuífero de Copiapó. El Código de Aguas de 1981 considera las secciones de los ríos y de los acuíferos como fuentes independientes de agua, por lo que cada sección cuenta con una JdV o Comunidad de Aguas Subterráneas, dependiendo si se trata de una fuente de agua superficial o subterránea, respectivamente, que gestiona los recursos hídricos sin tener en cuenta los efectos aguas abajo o impactos sobre otros usuarios de agua subterránea. Una forma de superar esta limitante para la GIRH en Chile es implementar una organización de usuarios de aguas que integre a las JdV de las diferentes secciones del río y de los sectores hidrogeológicos del acuífero. Es interesante notar que la recientemente formada Comunidad de Aguas del Sistema Paloma, es una organización que integra las JdV de la Cuenca del Río Limarí que permitirá una gestión de las aguas en forma integral.
