El servicio del Ciclo Integral del Agua (CIA) que incluye la captación, el tratamiento, la distribución, el saneamiento y la depuración, es uno de los servicios más controvertidos y , aunque parezca mentira, uno de los más desconocidos.
Muchos ciudadanos creen que el servicio del CIA solo se incluye el suministro de agua potable (captación, tratamiento y distribución) sin saber que, en numerosos municipios, la factura ni siquiera cubren los costes de dicho servicio e ignorando que, además, se presta el servicio de saneamiento y depuración.
La transparencia en la gestión del servicio no ha sido la tónica dominante durante mucho tiempo
También es cierto que la transparencia en la gestión del servicio no ha sido la tónica dominante durante mucho tiempo debido a que el usuario tenía muchas razones para indagar sobre un servicio que no afectaba directamente a su bolsillo.
Solo cuando los servicios de CIA han ido incrementando sus tarifas para adecuar el precio del servicio a los costes del mismo, se ha empezado a suscitar cierto recelo en el usuario sobre la forma de gestión del servicio y el destino de los recursos económicos obtenidos, demostrando una clarividencia sobre la importancia de estos últimos en cuanto a volumen generado y el uso al que se destina.
No se puede olvidar la historia y conviene recordar ciertos antecedentes para abordar el tema con perspectiva:
1) Al principio el servicio de abastecimiento de agua, basado en una captación y una desinfección, incurría en unos costes bajos que eran asumidos por el municipio.
2) Con el deterioro de la calidad de las aguas fue necesario incorporar tratamientos complementarios para garantizar la calidad del servicio y los costes se incrementaron.
3) Algunos municipios empezaron a implementar unas tarifas para cubrir los costes de operación (aunque no los de mantenimiento)
4) La legislación fue incrementando las exigencias en cuanto a calidad y controles y los costes siguieron incrementándose.
5) Posteriormente se incorporaron los servicios de saneamiento. Nuevamente, algunos municipios incorporaron los costes de operación a las tarifas.
6) Por último, y fruto de la presión antropológica sobre el medioambiente, fue necesario realizar la depuración de las aguas residuales.
A estas alturas los servicios eran, económicamente, insostenibles a corto plazo, y la solución era obvia: implementar unas tarifas que cubrieran los costes del servicio. Los costes reales del servicio suponían incrementar las tarifas vigentes por encima del 100 % con el inconveniente, para los responsables políticos, del riesgo de ver su imagen dañada.
Ante esta situación solo caben tres caminos:
1) Asumir las tarifas y explicársela a los ciudadanos
2) Mantener la actual situación con subidas simbólicas del IPC y que sean los próximos gobernantes los que asuman ese riesgo.
3) Privatizar el servicio y que la empresa privada cargue con el papel de especulador.
El ciudadano lo que desea es transparencia y que los precios del servicio sean adecuados a la calidad del mismo
La primera de ellas ha dado lugar, en general, a empresas públicas muy bien gestionados y que dan un servicio del CIA de muy alta calidad.
La segunda ha dado lugar a servicios cada vez más deficientes que acaban, más tarde o más temprano, en la privatización del servicio.
La tercera vía ha sido la más conflictiva fruto de la mala gestión del proceso llevada a cabo por todos los actores destacando el afán de algunos municipios, y de algunas empresas, por imponer un canon de cesión del servicio cuyo destino ni se justifica ni se fiscaliza posteriormente.
Si a todo ello sumamos la tentación (para las empresas públicas y los políticos) de utilizar los recursos económicos obtenidos por el servicio del CIA para otros servicios o productos que nada tienen que ver con el agua, se comprende que el usuario y ciudadano sospeche de la gestión que se hace de los servicios del CIA con tarifas actualizadas.
El ciudadano lo que desea es transparencia y que los precios del servicio sean adecuados a la calidad del mismo, preguntándose de forma continua si es mejor la gestión pública o la privada.
