Durante seis meses al año, las estaciones de bombeo del regadío español trabajan a pleno rendimiento: elevan el agua, la distribuyen por kilómetros de red a presión, la llevan hasta cada hidrante. Durante los otros seis meses, apenas consumen electricidad. Mantenimiento, control, algún arranque puntual. Y, sin embargo, hasta ahora, pagaban todo el año por la misma potencia máxima, como si los meses de invierno fueran idénticos a los de julio.
Esa anomalía —la imposibilidad de contratar dos niveles de potencia distintos a lo largo del año— tiene también una fecha de inicio: julio de 2008, cuando la liberalización del mercado eléctrico suprimió las tarifas específicas de riego. Desde entonces, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado sin pausa un mecanismo que ajuste el coste fijo de la energía a la realidad estacional del campo. El Real Decreto 88/2026, publicado en el BOE el 12 de febrero, aporta por fin el desarrollo reglamentario que lo hace operativo.
Fenacore ha reclamando sin pausa un mecanismo que ajuste el coste fijo de la energía a la realidad estacional del campo
«La aprobación de esta medida supone un ahorro fundamental para las comunidades, que va a jugar un papel protagonista en el impulso de la modernización de nuestros regadíos», ha valorado Fenacore en un comunicado. Su presidente, Juan Valero de Palma, lo había anticipado en términos más directos durante el verano de 2024, cuando el esquema temporal de doble potencia volvía a estar en riesgo de extinción: «Ampliar la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año sería un balón de oxígeno, además de un claro incentivo a aprovechar los fondos europeos para avanzar en el proceso de modernización».
El ahorro estimado por Fenacore supera el 20% de la factura energética y puede alcanzar los 40.000 euros anuales para una comunidad de tamaño medio. Son estimaciones del propio sector, no cifras verificadas externamente. Pero quien conozca la estructura de costes del bombeo agrícola sabe que no son descabelladas.
Conviene precisar que el RD 88/2026 no es una norma diseñada específicamente para el regadío. Es el primer reglamento general de suministro, comercialización y agregación eléctrica que aprueba España en décadas, y transpone la Directiva UE 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad. Su artículo 38 habilita la modificación temporal de potencia para cualquier consumidor con demanda estacional: hoteles, comercios con picos navideños, empresas turísticas. Pero es el regadío —con más de 700.000 regantes, más de tres millones de hectáreas y una dependencia eléctrica que puede llegar al 70% del coste total del agua en algunos sistemas de bombeo— el sector que más tiene que ganar.
Qué es la doble potencia y por qué importa al regadío
La potencia eléctrica contratada determina la capacidad máxima de suministro de una instalación y, con ella, el término de potencia de la factura: un cargo fijo que se paga independientemente del consumo real, los doce meses del año. Para usos con demanda estable, ese modelo es razonable. Para el regadío, es estructuralmente injusto.
La doble potencia permite contratar un nivel alto de potencia durante la campaña de riego y uno bajo fuera de ella
Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), lo explicó con precisión en iAgua hace años: la solución pasa por una «tarifa de temporada flexible de duración anual pero que permita tener dos periodos de potencia contratada, uno de consumo intensivo en temporada de riego y otro de consumo de mantenimiento o residual en temporadas de no riego». El mismo Parias cuantificaba el problema: desde 2008, los costes fijos regulados del término de potencia habían crecido más de un 1.000% para el regadío. Un incremento muy superior al de cualquier otro tipo de consumidor. En los sistemas de bombeo más intensivos, ese término de potencia llegaba a representar entre el 40% y el 70% del coste total del agua, convirtiendo la tarifa eléctrica en la principal amenaza para la viabilidad de muchas explotaciones.
La doble potencia resuelve exactamente ese desajuste: permite contratar un nivel alto de potencia durante la campaña de riego y uno bajo fuera de ella. Si una comunidad reduce su potencia contratada a, por ejemplo, un 15-20% de la máxima durante los meses de inactividad, el término de potencia de esos periodos —que puede representar entre el 40% y el 60% de la factura total según el sistema— se ajusta proporcionalmente. De ahí el 20% de ahorro global estimado por Fenacore: el cálculo es plausible, aunque dependerá de la estructura tarifaria que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la duración real de cada campaña por zona.
El ahorro estimado por Fenacore supera el 20% de la factura energética y puede alcanzar los 40.000 euros anuales para una comunidad de tamaño medio
18 años de reivindicación: de 2008 al RD 88/2026
La historia de la doble potencia para el regadío es, en esencia, una historia de victorias legislativas que no llegaron a materializarse. Cuatro veces en casi dos décadas el sector vio reconocida su reivindicación en algún texto normativo. Cuatro veces la medida quedó sin efecto práctico, ya fuera por falta de desarrollo reglamentario, por una redacción deficiente o por la simple expiración de un plazo.
Todo comienza en 2008, cuando la liberalización suprime las tarifas específicas de riego y dispara la factura de unas comunidades que precisamente entonces empezaban a modernizarse masivamente: la sustitución de acequias a cielo abierto por redes de presión ahorraba agua, pero multiplicaba la dependencia eléctrica. En 2018, la Ley de la Sequía incorporó una disposición sobre contratos de temporada con doble potencia. No se desarrolló reglamentariamente. En 2021, una enmienda aprobada en los Presupuestos Generales del Estado volvió a reconocer la medida. Tampoco se ejecutó.
El punto de inflexión llegó en octubre de 2022 con el Real Decreto-Ley 18/2022. Por primera vez, una norma habilitaba explícitamente que empresas y autónomos —entre ellos, los regantes— cambiaran su potencia contratada más de una vez al año, con la pérdida de recaudación derivada de la medida compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Era, sin embargo, una medida temporal: expiraba a los seis meses. Fenacore celebró el avance, pero alertó de inmediato de la urgencia de comenzar los trámites antes de que arrancara la temporada de riego. Andrés del Campo, presidente de la federación en aquel momento, ponía el foco en lo que estaba en juego: la factura eléctrica del regadío se había «disparado más de un 600%», advirtió, con el riesgo real de cortes de suministro en plena campaña.
Lo que siguió fueron tres años de prórrogas semestrales. Cada seis meses, el Gobierno renovaba el esquema. Cada seis meses, los gestores de las comunidades de regantes se enfrentaban a la misma incertidumbre: ¿podremos volver a bajar la potencia en otoño? ¿Habrá que planificar la campaña siguiente sin saber si la medida seguirá en vigor? Para Valero de Palma, que asumió la presidencia de Fenacore en junio de 2023, esa provisionalidad era insostenible: el sector necesitaba un instrumento permanente para poder planificar inversiones a largo plazo.
El 31 de diciembre de 2025 expiró la última prórroga. Durante semanas, las comunidades de regantes quedaron sin cobertura normativa. La Ley 1/2025, de 1 de abril de 2025, de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, había incorporado ya —como disposición final tercera y sin fecha de vencimiento— la posibilidad de doble tarifa para regantes. Pero requería, una vez más, desarrollo reglamentario. Ese desarrollo llegó el 10 de febrero de 2026 con el Consejo de Ministros y, dos días después, con la publicación del RD 88/2026 en el BOE.
Feragua, desde su rol territorial en Andalucía, fue quizás la voz más explícita sobre el patrón repetido. Cuando el Gobierno anunció en noviembre de 2024, en la Mesa Nacional del Regadío, que los regantes tendrían doble potencia en 2025, la federación andaluza valoró positivamente la noticia, pero añadió: «Tal ha sido una reivindicación histórica del regadío y esperamos que efectivamente se haga realidad. Muchas veces se ha anunciado, sin embargo, y pocas se ha cumplido».
El impacto económico: las cifras y sus matices
Para una comunidad de regantes de tamaño medio, Fenacore estima un ahorro de hasta 40.000 euros anuales, lo que representa más del 20% de su coste energético total. El fundamento del cálculo es sólido: el término de potencia puede suponer entre el 40% y el 60% de la factura en sistemas de bombeo intensivo, según los datos históricos de Feragua, de modo que reducirlo durante los meses de inactividad tiene un impacto directo y predecible en la cuenta de resultados. El beneficio será mayor para comunidades con campañas concentradas y sistemas de presión elevados, y menor para las que riegan casi todo el año —cítricos, cultivos subtropicales—.
Hay, sin embargo, un matiz normativo que condiciona cuándo se materializará ese ahorro. El artículo 38 del RD 88/2026 establece que las modificaciones temporales de potencia «surtirán efectos a partir del momento en que la CNMC fije los incrementos correspondientes a los términos de potencia que resulten de aplicación y nunca antes de 6 meses desde la entrada en vigor» del real decreto. Con entrada en vigor el 12 de febrero de 2026, la medida no será operativa, en el mejor escenario posible, antes de agosto de 2026. La CNMC tiene un calendario propio, y su resolución determinará el momento exacto en que las comunidades puedan empezar a gestionar sus contratos con la nueva flexibilidad.
Una palanca para la modernización del regadío
El coste energético no ha sido solo un problema de rentabilidad: ha actuado como freno estructural a la modernización. La paradoja del regadío español es bien conocida. La sustitución de sistemas de riego por gravedad —acequias a cielo abierto, sin bombeo— por redes a presión con goteo o aspersión reduce el consumo de agua en más de un 20% pero incrementa el consumo de energía un 650%, según el IDAE. Los regantes se endeudaron para modernizarse y, al hacerlo, aumentaron su exposición a una tarifa que escalaría sin control durante los años siguientes.
El coste energético no ha sido solo un problema de rentabilidad: ha actuado como freno estructural a la modernización
El resultado es una industria que ha alcanzado cotas de eficiencia hídrica sin parangón —el 58% del regadío opera ya por goteo, el 23% por aspersión (incluida la automotriz) y solo el 19% por gravedad— pero que afronta una presión de costes incompatible con nuevas inversiones. «Los regadíos estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero pedimos de alguna manera que se mire también la sostenibilidad económica y social del regadío en España», sintetizó Valero de Palma en el Nuevo Regadío Forum 2024. Una sostenibilidad económica que pasa, necesariamente, por poder ajustar los costes fijos energéticos a la realidad estacional de cada zona regable.
En ese contexto, la doble potencia permanente es un componente clave de la ecuación de rentabilidad que hace viable seguir invirtiendo en digitalización y tecnología. El sector tiene por delante un horizonte de inversiones muy ambicioso: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financia a través de SEIASA 1.333 millones de euros en obras de modernización en ejecución en todo el país. Y el PERTE de digitalización del regadío convocado por el MITECO —200 millones de euros— está en su tramo final, con una fecha límite del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fijada por Bruselas en el 31 de agosto de 2026 sin posibilidad de prórroga, lo que ya llevó a Fenacore a solicitar formalmente en julio de 2025 la ampliación de los plazos de justificación ante la Comisión Europea.
Para que toda esa inversión tecnológica genere el rendimiento esperado, los regantes necesitan que los costes operativos —el agua y la energía— sean predecibles y ajustables. La doble potencia permanente aporta precisamente eso: un instrumento de planificación, no solo de ahorro inmediato.
Más allá del regadío: un nuevo marco para todos los consumidores estacionales
Como se ha apuntado, el RD 88/2026 moderniza todo el sistema de suministro y comercialización eléctrica, no solo el del regadío. Aparte del artículo 38 sobre modificaciones temporales de potencia, la norma regula por primera vez la figura del agregador independiente, amplía el catálogo de derechos de los consumidores, prohíbe las llamadas comerciales no solicitadas y establece un sistema centralizado de información de puntos de suministro gestionado por las distribuidoras. Es, en palabras de los analistas jurídicos del sector energético, «un salto cualitativo en protección al consumidor» que moderniza una regulación fragmentada entre el RD 1955/2000 y varias normas complementarias anteriores a la digitalización masiva del sistema eléctrico.
La doble potencia permanente es un componente clave de la ecuación de rentabilidad que hace viable seguir invirtiendo en digitalización y tecnología
La flexibilidad de potencia que introduce el artículo 38 beneficiará también a hoteles de temporada, comercios con picos estacionales —campaña navideña incluida— y cualquier empresa cuya demanda eléctrica varíe significativamente a lo largo del año. Pero el peso específico del regadío en el conjunto del sistema —3,7 millones de hectáreas, en torno al 23% de la tierra cultivada según el ESYRCE 2025 del MAPA—, y la magnitud de las potencias contratadas en las grandes comunidades, hacen que sea precisamente el sector agrícola quien mayor impacto económico puede obtener de esta reforma.
La medida existe, está en el BOE y tiene vocación de permanencia. Eso, después de 18 años, es mucho. Pero el trabajo que queda por hacer no es menor. La CNMC debe fijar los nuevos términos de potencia antes de que el derecho reconocido en el artículo 38 sea operativo. Las comercializadoras deberán adaptar sus sistemas para gestionar modificaciones temporales que hasta ahora no contemplaban. Y las propias comunidades de regantes deberán revisar sus contratos y calibrar qué reducción de potencia es óptima en su zona, su sistema y su campaña.
La historia de la doble potencia ha tenido cuatro falsos finales. El quinto acaba de comenzar. Con la diferencia de que esta vez hay un reglamento general en el BOE que no vence en seis meses.
