La Comunidad de Regantes de Santa María Magdalena, con socios en los términos municipales de Mengíbar, Cazalilla y Jaén capital, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) la responsabilidad patrimonial mediante la que reclama una indemnización "de unos nueve millones de euros" ante su "incumplimiento" en el proyecto de consolidación y modernización de 6.000 hectáreas de regadío.
Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del colectivo, Eduardo Díaz, después de que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, afirmase la pasada semana ante una pregunta del senador socialista por Jaén Felipe López que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) no puede realizar esa intervención porque carece de "cobertura legal", algo que no comparten los afectados.
Se trata de una "estafa en toda regla" a los agricultores.
De hecho, Díaz ha recordado que, aunque la primera fase se impulsó en la anterior legislatura, al igual que la firma del protocolo de esta segunda (presupuestada en doce millones de euros), "con el Gobierno del PP también se han dado pasos para ejecutar la actuación". Como ejemplo, ha citado la aprobación de la declaración de impacto ambiental, de ahí que haya dicho no entender que "a estas alturas diga que no tiene cobertura legal".
En su opinión, se trata de una "estafa en toda regla" a los agricultores. "Lo que no puede ser es comprometer la ejecución de unas obras y luego no cumplirlo. No se puede jugar así con las ilusiones y el trabajo de la gente", ha criticado Díaz, quien ha resaltado el "grave perjuicio" causado a los regantes, que habían tramitado préstamos para sufragar el 30 por ciento de los doce millones de euros en que se presupuestó el proyecto, mientras que, "según el protocolo, el Ministerio debía aportar el 70 por ciento restante".
Por ello, han solicitado ya al propio Ministerio de Agricultura "la responsabilidad patrimonial", a su juicio, "muy clara", por la que reclaman una "indemnización de en torno a nueve millones de euros". El presidente de la comunidad ha expresado su deseo por que les "sea reconocida", aunque ha dejado claro que, de no ser así, irían a un contencioso-administrativo al que no les gustaría llegar por los mayores tiempos que suele acarrear el procedimiento judicial.
En cualquier caso, ha lamentado que el Departamento que dirige Arias Cañete "no facilite el expediente" de este proyecto, también "solicitado" como algo "básico" para articular la "defensa" de la Comunidad de Regantes de Santa María Magdalena, que aglutina a unos 1.200 agricultores.
El proyecto sobre por el que han reclamado la responsabilidad patrimonial fue incorporado en su última fase en el Plan Activa Jaén a través de un protocolo firmado en 2011 con Seiasa y ahora, según ha incidido, el Gobierno "se niega a firmar el convenio". La anterior fase contó con una inversión de 13 millones de euros cofinanciada por la Junta de Andalucía en un 80 por ciento.
