El reciente impulso para eliminar las sustancias químicas PFAS del agua potable tendrá un alto coste para los sistemas de agua de EE. UU. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) estableció en abril el primer estándar nacional de agua potable legalmente exigible, como parte del Plan Estratégico para los PFAS de la Agencia.
La norma de la EPA otorga a los sistemas de agua tres años para llevar a cabo el seguimiento de la calidad, y dos años más a partir de esta fecha para cumplir con los niveles máximos de contaminantes (MCL) para los PFAS regulados, es decir, para implementar sistemas de tratamiento si se detectan los contaminantes.
En cuanto a los fondos disponibles para la implantación de esta norma, la EPA señala $9.000 millones (€8.300 millones) de la Ley Bipartidista de Infraestructura específicamente para las comunidades afectadas por PFAS y otros contaminantes emergentes. Eso incluye $4.000 millones (€3.700 millones) del fondo de financiación de sistemas de agua potable para estados (DWSRF) y $5.000 millones (4.600 M€) a través del programa de subvenciones para contaminantes emergentes en comunidades pequeñas o desfavorecidas de la EPA. Además, los estados y las comunidades pueden aprovechar casi $12.000 millones (11.000 M€) adicionales en el DWSRF dedicados a hacer que el agua potable sea más segura, y miles de millones más que el gobierno federal proporciona anualmente para financiar préstamos del DWSRF. Finalmente, otra opción para financiar la eliminación de PFAS es el programa de la Ley de Financiamiento e Innovación de Infraestructura del Agua (WIFIA), un programa de préstamos federales que proporciona financiación a bajo coste a las comunidades para proyectos de infraestructura del agua. La financiación para la descontaminación también puede provenir de los litigios contra los fabricantes de PFAS; sin embargo, los expertos advierten que los acuerdos no son una fuente de financiación fiable.
La AWWA estimó que los costes a nivel nacional de instalar tratamientos para eliminar PFOA y PFOS a los nuevos niveles requeridos serían de más de 3.500 M€ anuales
Según la American Water Works Association (AWWA), se estima que 5.000 sistemas de agua tendrán que recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento o instalar y operar tratamientos avanzados para cumplir con los nuevos estándares de la EPA, y otros 2.500 sistemas de agua en estados en los que ya existe normativa para PFAS necesitarán ajustar los sistemas de tratamiento de PFAS existentes. La AWWA encargó recientemente un estudio que estimó que los costes a nivel nacional de instalar tratamientos para eliminar PFOA y PFOS a los nuevos niveles requeridos serían de más de $3.800 millones anuales (3.500 M€). Por otro lado, la estimación de la EPA es que del 6% al 10% de los sistemas de agua del país necesitarán tomar medidas para reducir la contaminación por PFAS, con un coste de $1.500 millones (1.400 M€) por año durante ochenta años.
Algunos estados ya tenían su propia normativa sobre PFAS. Según Stateline, hasta la fecha, 11 estados han establecido límites para PFAS en el agua potable, y otros tienen normas pendientes o límites que requieren avisar al público. La norma de la EPA se basa en esos esfuerzos y establece límites más estrictos que las normas de los estados. «Realmente hemos considerado a los estados como líderes en el establecimiento de estándares y en la investigación fundamental», dijo Zach Schafer, director de políticas y proyectos especiales de la Oficina de Agua de la EPA.
Algunos proveedores de agua y reguladores estatales, incluso aquellos con normas existentes sobre PFAS, argumentan que los umbrales y plazos estrictos del gobierno federal serán un reto para muchos operadores. A pesar de que la administración Biden ha dedicado miles de millones en fondos para la descontaminación del agua, los expertos creen que los costes superarán con creces los fondos disponibles.
El coste surge de la implementación de tecnologías de tratamiento como la ósmosis inversa o los filtros de carbono activado granular. Estas soluciones pueden ser costosas, especialmente para los sistemas de agua más pequeños que sirven a un número menor de usuarios. La carga financiera podría trasladarse a los consumidores a través de facturas de agua más altas. De hecho, algunos operadores están comenzando a advertir a sus usuarios sobre aumentos de tarifas para implementar la tecnología para eliminar PFAS, informa The Hill. «Muchos sistemas se enfrentarán a la necesidad de aumentar las tarifas», dijo Chris Moody, de la AWWA.
Además de los costes iniciales de instalación de sistemas de tratamiento, los operadores también incurrirán en gastos de operación y mantenimiento, entre ellos el reemplazo de filtros y su eliminación, que es menos probable que sean cubiertos por subvenciones y préstamos federales. El almacenamiento a largo plazo de los productos de desecho tras la filtración es otro problema, ya que también representa un riesgo de contaminación por PFAS.
A medida que los operadores de agua afrontan los obstáculos financieros y logísticos de la implementación de los estándares de PFAS, hay un llamamiento a enfoques más holísticos, que incluyan evitar las fuentes de contaminación, y regulaciones industriales más estrictas para productos que contienen PFAS.
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