Las CCAA muestran en QWS su preocupación por el impacto de la inflación en el coste del agua

Durante los cinco días de su duración, las principales Administraciones Públicas y entidades de referencia en el tratamiento del agua, ofrecerán una amplia perspectiva del presente y el futuro sobre la calidad y tratamiento del agua en España.

En este sentido, altos representantes de Comunidades Autónomas han hecho esta mañana un exhaustivo repaso de la situación del tratamiento del agua en España, en una sesión en la que también se han dado a conocer los proyectos, planes y estrategias que se están desplegando para abordar objetivos como el cumplimiento de una normativa ambiental cada vez más exigente, la transición energética o el camino hacia la economía circular.

Vanesa Mateo Pérez, directora general del Agua del Gobierno del Principado de Asturias, ha comenzado su intervención presentando el Plan Director de Abastecimiento, que busca dar una solución a todas las superficies, no solo en la zona central, para que cada uno de los concejos tengan garantizado un recurso en cantidad y calidad. «Uno de los elementos principales por los que apostamos es intentar optimizar los costes de explotación», ha dicho. Para ello, cuentan con tres líneas estratégicas a implementar en todas las plantas, que son: regeneración de efluentes, el tratamiento avanzado de fangos y la instalación fotovoltaica. En este sentido, Vanesa Mateo ha compartido el incremento de los costes de explotación debido a la incorporación de nuevos sistemas de depuración y al incremento de los costes operativos (electricidad, tratamiento de lodos, personal, etc.). No obstante, el presupuesto para ello se ha ido incrementando a la par con los años, de manera que, para 2023, cuentan con 62 millones de euros. Asimismo, ha señalado que toda su estrategia va de la mano con la digitalización con el fin de tener «un mayor conocimiento» a través de sensores virtuales y drones.

También ha participado, Pedro Simón, director técnico de ESAMUR, que ha comenzado presentando la situación general de la Región de Murcia: «Necesitamos adaptar nuestras instalaciones a la nueva normativa europea de reutilización y la revisión de la Directiva 271, mucha más estricta que lo que tenemos actualmente». Además, Pedro Simón ha señalado los retos técnicos y problemas que preocupan a la sociedad, que son: reducir los costes energéticos, los compuestos de preocupación emergente y la resistencia a antibióticos. En este sentido, los aspectos que afectan a la depuración y necesitan actuaciones son, a su juicio, los vertidos industriales, el control de infiltraciones al alcantarillado y la gestión de aguas pluviales.

A continuación, ha intervenido Enrique Moreno, jefe de servicio del Área de Aguas del Gobierno de Canarias, que ha hablado de los retos del abastecimiento en las islas: «Estamos en una situación actual del abastecimiento compleja», ha señalado en referencia a la escasez de precipitaciones, la subida de los precios de la energía, las emergencias hídricas en La Gomera, El Hierro y Fuerteventura y, especialmente, la situación del volcán de la Palma. En lo referente a la calidad de los servicios de saneamiento y depuración, ha comentado que, si bien aún quedan por superar algunos incumplimientos, no es lo que más les preocupa: «En los últimos años se ha hecho una gran labor en materia de saneamiento y depuración, aunque queda salvar algunos incumplimientos que, si bien antes eran generalizados, ahora son puntuales y en vías de solución».

El foco se centra así en el abastecimiento, proveniente del agua desalada, que se enfrenta ahora a los efectos de la crisis energética: «La parte de energía sobre el coste total de producción del agua desalada ha subido del 70% al 80%. El coste de producción de agua desalada se ha duplicado». Este contexto, las amenazas del incremento del precio del agua desalada afectan a la protección de los recursos naturales, la agricultura, el abastecimiento y el turismo. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias se esfuerza en mejorar la eficiencia energética a través de una serie de herramientas que se centran en el desarrollo de la economía circular del agua, la apuesta por las energías renovables y la gestión de la demanda, donde la planificación es fundamental. «Es una tormenta perfecta debido al incremento de los precios, pero yo me pregunto si no estamos ante un cambio de paradigma. Vamos a tener que adaptarnos y trabajar muy en serio por lograr la eficiencia», ha dicho.

Por su parte, María Dolores Fornals, directora del Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón, ha comenzado haciendo un breve repaso de la situación de los recursos hídricos en la región. «Nuestro objetivo es lograr una gestión sostenible en los pequeños núcleos desde el punto de vista medioambiental y económico». En este sentido, Aragón cuenta con el 90% de cobertura en materia de saneamiento y depuración, que cubre la mayor parte de las grandes aglomeraciones, a excepción del pirineo, cuyo plan se encuentra al 85% de ejecución con 93 actuaciones en distintas fases de ejecución. «Con ellas, todas las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes en Aragón tendrán depuradora». De esta forma, María Dolores Fornals ha señalado que quedarían pendientes siete pequeñas actuaciones. No obstante, si bien desde el Instituto Aragonés del Agua no gestionan el abastecimiento directamente, ya que es de competencia municipal, tienen un papel de fomento de asistencia: «Para nosotros es fundamental la sostenibilidad, con los costes y con la exigencia normativa, que cada vez es mayor», ha concluido.

Finalmente, Juan Ángel Conca Pardo, gerente de la EPSAR, ha cerrado esta sesión dedicada a analizar el estado actual del abastecimiento y saneamiento del agua en España. En este sentido, Valencia se plantea 2022-2023 como un periodo enfocado a la inversión en obras, que se centre en la digitalización, al cumplimiento de la legislación, particularmente el nuevo reglamento europeo de reutilización. «Todo continúa, pero salta por los aires frente a la situación sobrevenida extraordinaria de alza de los costes principalmente energéticos», ha señalado. En este sentido, han explotado las distintas vías de tratar esta problemática, decidiéndose por un mecanismo propio de la Comunidad Autónoma, como es la revisión de oficio a través de la del conseller y consuntivo previa solicitud a las empresas explotadoras de presentar los sobrecostes.