Durante la pandemia de la COVID-19, la gestión del agua ocupó titulares por su papel clave en el análisis de las aguas residuales como herramienta epidemiológica. También lo hizo durante la sequía en Catalunya, cuando el abastecimiento pasó a ser una preocupación cotidiana, o tras la DANA de València, donde garantizar el suministro y la depuración fue esencial para la recuperación social y económica. En esos momentos críticos, el ciclo integral del agua dejó de ser invisible y se convirtió, aunque fuera por un tiempo, en protagonista del debate público.
Pero el foco dura poco. Superada la urgencia, el sector vuelve a su estado natural: el silencio. La gestión del agua sigue siendo imprescindible, pero vuelve a desarrollarse de forma callada, sin titulares ni reconocimiento. Somos un sector que no avanza paso a paso, sino a saltos. Solo cuando hay una crisis o un estímulo externo potente, como el PERTE de digitalización del ciclo del agua, se producen avances generales en tecnología, infraestructuras o financiación. Entre tanto, el sistema aguanta, estira y sobrevive, incluso cuando las exigencias aumentan sin descanso.
Mientras el día a día permanece oculto, la legislación sí que avanza a pasos agigantados. La nueva Directiva Europea, junto con los diferentes Reales Decretos, dibujan un escenario normativo mucho más exigente. En los últimos cinco años hemos cuantificado 45 cambios legislativos de gran calado para el ciclo integral, que van desde el tratamiento de las aguas residuales (TARU), a la calidad del agua de consumo (RD 3/2023), la reutilización (RD 1085/2024), los planes hidrológicos (RD 35/2023), los planes de riesgo ante inundaciones (RD 26/2023) o el dominio público hidráulico (RD 665/2023).
Es necesario mantener una agenda activa de visibilidad pública y presión colectiva para impulsar un marco de financiación estable y suficiente
Esos y muchos más. Ahora bien, las nuevas normas fijan obligaciones necesarias y ambiciosas, pero no desarrollan bien quién ni cómo va a pagarlas. La norma traslada la presión a operadores y administraciones locales, mientras que la posibilidad de incluir a sectores productivos se barrunta como de difícil aplicación.
Por ello, la financiación sigue siendo la gran asignatura pendiente. El principio de recuperación de costes se aplica de manera irregular, el canon de saneamiento solo existe en parte del territorio y la financiación del abastecimiento depende de decisiones municipales muy desiguales. En la práctica, el modelo se apoya más en equilibrios políticos locales que en una visión estratégica del servicio. La gestión del abastecimiento se negocia campanario a campanario.
Ante este escenario, el sector no puede limitarse a gestionar bien y esperar reconocimiento. Es necesario mantener una agenda activa de visibilidad pública y presión colectiva, apoyándose en organizaciones como DAQUAS, para impulsar un marco de financiación estable y suficiente. Un modelo que reconozca el papel de los municipios y garantice recursos finalistas, como ya ocurre en algunas legislaciones autonómicas.
A este debate se suma un factor decisivo: la digitalización. El despliegue de herramientas digitales en el ciclo integral del agua está generando datos de enorme valor. Datos para anticipar sequías, diseñar políticas climáticas y también políticas más justas y eficientes en materia social, de vivienda y atención ciudadana. La economía del dato abre una oportunidad que el sector no puede desaprovechar: no solo gestionamos agua, ahora también información valiosísima.
Porque la gestión del agua es esencial, el verdadero reto es volver a ser percibidos como tal. Por utilidad pública, pero también por innovación, conocimiento y futuro. Para lograrlo, el sector deberá ser atractivo para el talento joven, avanzar con decisión en su feminización y reivindicar, sin complejos, que sin agua bien financiada no hay salud, ni sostenibilidad, ni progreso.