Análogamente a cómo el apagón del 28 de abril de 2025 nos hizo comprender que el sistema eléctrico no era tan robusto como suponíamos, la DANA del 29 de octubre de 2024 o el riesgo de cortes de agua en Barcelona y Málaga, en el verano de 2023, nos han demostrado que en España no tenemos garantizada la seguridad hídrica.
Esta garantía es más reducida en las cuencas mediterráneas donde, a la irregularidad en las precipitaciones, se une un elevado consumo de agua para el regadío. En el caso del Segura, la planificación hidrológica reconoce un déficit de recursos que no se resuelve, ni siquiera con los trasvases desde el Tajo.
En cuanto a las inundaciones, los problemas más graves —como desgraciadamente sufrimos en Valencia— también se producen en las cuencas mediterráneas, donde el clima torrencial, las pendientes de los ríos y la ocupación de los cauces son una combinación catastrófica. Pero, incluso en el interior de España, la falta de regulación en los cauces y el inadecuado drenaje urbano hacen que lluvias, de bajo o medio periodo de retorno, den lugar a graves problemas, como sucedió, por ejemplo, en Madrid, en mayo de 2025.
Todavía nuestras ciudades vierten aguas sin un tratamiento adecuado y la agricultura y la ganadería contaminan los acuíferos. Hacemos frente a diversos procedimientos de infracción por incumplimiento de normativas comunitarias y apenas la mitad de las masas de agua alcanza el buen estado al que obliga la Directiva Marco del Agua.
No solo es necesario un mayor esfuerzo presupuestario, sino que este debe venir acompañado de profundas reformas legales e institucionales
Para paliar estos problemas habría que realizar un gran esfuerzo inversor que además debe incrementarse por factores como la degradación de las infraestructuras o la necesidad de su reforma debido a nuevas exigencias de seguridad y ambientales. Baste decir que tres cuartas partes de las grandes presas españolas tienen una antigüedad superior a los cincuenta años o que los periodos de renovación de las tuberías de abastecimiento o saneamiento en las redes urbanas se evalúan en siglos. Esta falta de seguridad hídrica se ve muy agravada por el cambio climático que no solo conlleva una menor disponibilidad media de agua, sino que aumenta la intensidad y frecuencia de inundaciones y sequías.
La planificación hidrológica ha recuperado el retraso que acumulaba y, en los últimos años, se han aprobado los planes hidrológicos y los de gestión de riesgos de inundación y especiales de sequía, con el final de 2027 como fecha horizonte. Estos planes prevén una inversión total de más de 37.000 M€, lo que supondría una inversión anual de unos 6.200 M€. Recientemente, SEOPAN y TYPSA, en el informe ‘Estrategia e inversiones para la eficiencia y la resiliencia hídrica en España’ (noviembre de 2025), han actualizado estas necesidades y calculan que serían necesarios unos 10.400 M€ anuales. Teniendo en cuenta el peso de España en el PIB europeo (cerca de un 9%) y su complejidad climática, las anteriores son cifras coherentes con lo que evalúa la ‘Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica’ de la Comisión Europea (junio de 2025) que estima para el conjunto de la Unión una inversión necesaria anual de 78.000 M€.
A pesar de estas necesidades, la falta de disponibilidad presupuestaria y de eficacia en la aprobación y en la contratación de proyectos y obras, por parte de todas las administraciones, ha dado lugar a muy bajos niveles de ejecución de las medidas previstas. De hecho, si se mantiene el actual ritmo de aplicación, de esos 37.000 M€ que los planes hidrológicos preveían invertir hasta 2027, solo se materializarán 8.000.
Ser más ambiciosos y eficaces es imprescindible. Y no solo es necesario un mayor esfuerzo presupuestario, sino que este debe venir acompañado de profundas reformas legales e institucionales que exigen un amplio consenso político. Si ese acuerdo no se alcanza, la planificación será inútil y la seguridad hídrica no podrá garantizarse. Las buenas intenciones, nunca mejor dicho, serán papel mojado.